Saltillo, Coah.- Un grupo de transportistas inconformes de Francisco I. Madero, Coahuila, se presentó en el Congreso el primer día del Periodo Ordinario de Sesiones de la LVI Legislatura y pidió que se de entrada a la demanda de juicio político en contra de las autoridades municipales de Francisco I. Madero, por algunas irregularidades.
Manifestaron los quejosos que el ayuntamiento de Madero emitió en marzo del año 2003, una convocatoria para licitar públicamente concesiones del servicio publico municipal de taxis, dijeron que ellos estaban trabajando sin tener concesión de taxis, pero con un permiso provisional y esperaban la licitación.
Sin embargo, la autoridad decidió otorgar las concesiones de acuerdo a intereses políticos y personales, pero que no hubo licitación bajo las reglas establecidas en las leyes de la materia.
El once de septiembre los ciudadanos afectados promovieron un Recurso de Inconformidad ante el ayuntamiento, pero la autoridad no le dio trámite, por lo que recurrieron al juicio de amparo ante una instancia federal, quien consideró que la autoridad municipal había violado sus garantías individuales y ordeno que en un plazo de 24 horas se diera cumplimiento a la sentencia ejecutoriada.
Los inconformes informaron que el pasado 29 de marzo, después de más de seis meses, lograron que la autoridad municipal iniciara el trámite de Inconformidad, porque así se lo ordenó el mandato judicial y el cabildo se comprometió a resolver a mas tardar el día de hoy (ayer) jueves primero de abril, incluyendo la suspensión provisional de los actos que de ellas se reclaman.
El día 13 de enero de este año, presentaron denuncia de juicio político en contra de las autoridades de Francisco I. Madero, a la que se anexaron múltiples pruebas, pero la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a inicios del mes de marzo, declaró improcedente la denuncia, porque no se especificaban los actos u omisiones en que habían incurrido, por lo que en esta ocasión lo exponen para que se tome la decisión de promover el juicio político en contra del cabildo de Francisco I. Madero.
El Congreso nombró una comisión, integrada por los diputados Tereso medina Ramírez, Beatriz Granillo Vázquez, Jesús Mario Flores Garza y Gabriel Calvillo Ceniceros, quienes se reunieron con los quejosos y acordaron que el conflicto se resuelva de acuerdo a las normas jurídicas y que se revise el proceso de licitación, para ver si cumplió con los requisitos que marca la ley.
“HUBO VIOLACIONES AL MARCO JURÍDICO” GRANILLO VÁZQUEZ
La diputada Beatriz Granillo Vázquez, declaro a El SIGLO, que hubo violaciones al marco jurídico del estado, por parte del ayuntamiento que dirige José Luis Marrufo Álvarez ya que la ley de responsabilidades impide que familiares directos de funcionarios públicos puedan beneficiarse.
“Existe un hermano de la síndica Lazara Hernández Rivas, están su hermano y su esposo, está el hermano de otro regidor, el cuñado del secretario del ayuntamiento, a esto le agregamos que no hubo revisión mecánica de los vehículos, y tampoco estudio socio económico de las familias que iban a ser beneficiadas con las concesiones” Finalizó
