El presidente del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE dijo que el secreto bancario impide agilizar las investigaciones en materia de cohecho transaccional.
01 de octubre 2004.
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) recomendó al Gobierno Federal reformas al marco jurídico mexicano y una revisión del secreto bancario, tal y como se aplica en el país, para agilizar las investigaciones en materia de cohecho transnacional.
Marc Pieth, presidente del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, criticó la aplicación del secreto bancario como una medida que impide a las naciones agilizar los casos de corrupción en materia de cohecho transnacional.
En conferencia de prensa dijo que, pese a ser de nacionalidad suiza y entender estas medidas de protección, existen casos en los que el secreto bancario ha sido un impedimento para eficientar el aspecto legal en el combate a delitos y los
convierte en procesos lentos.
En el marco de una evaluación efectuada a México sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, Pieth dijo que "el sistema bancario en México impide seguir los casos", y explicó que esta situación podría generar impunidad, por lo que una de las recomendaciones de la Convención es "revisar el sistema actual de acceso a información bancaria, con miras a asegurar un acceso rápido y eficaz".
En el análisis de la OCDE se revela que el país ha tenido avances importantes para garantizar condiciones de competencia para las empresas a través de políticas anticorrupción, tanto en el sector público como privado.
Sin embargo, se advierte la necesidad de reformas legales para sancionar a personas morales y agilizar los mecanismos de detección de casos de cohecho en los que intervengan servidores públicos extranjeros.
La convención establece mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar a los servidores públicos, a las empresas y a terceras personas que en transacciones comerciales internacionales den o prometan gratificaciones a un servidor público extranjero, como una estrategia global contra la corrupción.
Aliza Chelminsky, titular de la Unidad para la Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalló que la trascendencia de esta convención es que obliga a que las empresas mexicanas que vayan a competir al exterior o
intervengan en licitaciones con el gobierno mexicano, deben seguir los lineamientos internacionales anticorrupción.
La funcionaria de la SFP indicó que otra de las recomendaciones es la reforma jurídica, en este caso, el poder fincar el delito a las personas morales cuando intervienen en este tipo de actos de corrupción, pues ya ha habido cambios legislativos para tipificar el delito de cohecho y sancionar con más gravedad esta
conducta.
