EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Además de padecer día con día su situación de desempleado, José Enrique Espinoza Pérez se tiene que enfrentar a las trabas burocráticas que hicieron que su expediente por despido injustificado prácticamente desapareciera.
A sus 51 años de edad, le ha resultado imposible conseguir otra fuente de trabajo desde el pasado mes de abril, en el que por situaciones que desconoce fue despedido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas.)
José Enrique había acumulado una antigüedad de 16 años como empleado municipal en el organismo operador, desempeñando diversas actividades, intendente la última de ellas, pero considera que su indefensión radica en el hecho de no haber sido nunca sindicalizado ni tomado en cuenta como trabajador de confianza.
Meses antes de su despido, José Enrique recibió la propuesta del encargado de Recursos Humanos del Simas para reubicarlo como auxiliar de almacén, aunque esto implicaba para él olvidarse de su antigüedad puesto que asumiría condiciones de trabajador eventual.
A partir de su rechazo a esta propuesta, comenzó a ser hostigado por los encargados de Personal del organismo, de tal forma que el 15 de abril, mientras realizaba labores de suplente de una secretaria en el cárcamo California, ubicado en la colonia del mismo nombre, recibió la visita de unos supervisores, quienes después de hacerle varias preguntas relacionadas con su trabajo lo hicieron firmar un documento, para después percatarse de que se trataba de su despido.
José Enrique detalla que ese día, mientras él se encontraba tomando sus alimentos, descolgó el teléfono de las oficinas de ese cárcamo, situación que molestó a uno de los encargados del área de Personal y en lo cual se basó para argumentar la rescisión de labores.
En ese mismo momento, el intendente fue trasladado por los supervisores a las oficinas centrales del Simas, donde le dijeron que había sido despedido y que le ofrecían 28 mil pesos como liquidación, cantidad que según refiere, no corresponde con la antigüedad acumulada.
Recuerda que un licenciado de apellido Villarreal, de esa misma área, le ofreció ?conseguirle? un máximo de 50 mil pesos, a pesar de que de acuerdo con los años que había laborado le corresponden alrededor de 100 mil pesos, mientras que ni el jefe del área, Javier Sifuentes Barba ni el propio gerente del Simas, Fernando Alatorre, le han dado una solución que esté de acuerdo con lo que marca la Ley para estos casos.
Para colmo, el expediente N307/2004 del 30 de junio de 2004, correspondiente a la demanda que promovió en un tribunal laboral de Saltillo por despido injustificado, se perdió después que fue enviado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, donde inicialmente le dijeron que el caso correspondía denunciarlo en la capital del Estado pero la instancia de aquella localidad lo devolvió por declararse incompetente.
El problema fue cuando el mismo ex titular de la JLCA, Raúl Mario Mijares, le indicó que a dicha instancia no le correspondía atender el caso, a pesar de que se trata de un organismo que sólo opera en este municipio.
Al solicitar asesoría legal, los abogados le han manifestado que sin esa papelería no pueden dar continuidad al procedimiento, por lo que prácticamente su caso está entrampado y sin una solución, después que extrañamente el documento se perdió en la Junta de Conciliación.
