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Pierde inmunidad Augusto Pinochet

EFE

SANTIAGO DE CHILE.- Inesperadamente, la justicia chilena acogió ayer una petición de desafuero contra Augusto Pinochet en el proceso por la “Operación Cóndor”, resolución apelable que lleva nuevamente al ex dictador de 88 años a los tribunales.

Con el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ex dictador queda nuevamente a las puertas de ser procesado y de caer en las manos del juez Juan Guzmán, que lo enjuició el 29 de enero de 2001 por 75 crímenes de la “Caravana de la Muerte”, proceso en el que finalmente fue exonerado “por demencia”.

Esta vez, Guzmán tramitó el desafuero de Pinochet como parte de la investigación que lleva desde 1998 por la desaparición de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos, víctimas de la coordinación de los servicios de información de las dictaduras de Sudamérica en los años 70.

Aunque renunció a su cargo como senador vitalicio, Pinochet está protegido por un fuero especial que le otorgó el Parlamento después de reconocer su calidad de ex gobernante (1973-1990).

El primero de julio de 2002 la Corte Suprema había exonerado definitivamente al ex general por “demencia progresiva e incurable” en el caso “Caravana de la Muerte”, fallo que le había protegido en dos procesos de desafuero.

En este contexto, el dictamen del tribunal de alzada, el primero en contra de Pinochet tras ser declarado incapacitado por razones de salud, sorprendió a todos los sectores, especialmente al mundo de los derechos humanos pero también a su defensa.

El dictamen fue recibido con júbilo y aplausos por los más de 60 familiares de detenidos desaparecidos que acudieron a los tribunales y decenas de estudiantes de Derecho que instalaron lienzos para expresar su apoyo al desafuero del ex dictador.

“Realmente es una gran noticia que le va a hacer bien a nuestro país porque eso indica que Pinochet no está impedido de enfrentar un debido proceso”, dijo la secretaria de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, quien admitió que no esperaba este resultado.

“Fue un milagro”, señaló el abogado querellante Juan Subercaseaux, al admitir que existían pocas esperanzas de que el tribunal acogiera esta nueva petición de desafuero.

Destacó que los jueces no tomaron en cuenta esta vez la salud de Pinochet como “cosa previa”, lo que atribuyó a sus ultimas apariciones públicas y a una entrevista que concedió el año pasado a un canal de televisión de Miami (Estados Unidos) en la que mostró una “notable lucidez”.

La presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, aquejada de un cáncer al cerebro, se mostró feliz por el dictamen.

“Me parece una noticia magnífica, extraordinaria, que nos llena de una profunda alegría porque demuestra que si no nos cansamos la justicia se va a imponer en nuestro país”, afirmó.

La defensa de Pinochet cuestionó la resolución, aseguró que ya cuenta con el documento para apelar y argumentó que el dictamen contradice la doctrina del tribunal de alzada.

“Este fallo rompe con la doctrina del propio Pleno de la Corte de Apelaciones y pasa por encima de una sentencia de la Corte Suprema”, dijo el abogado Ambrosio Rodríguez.

El presidente de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Jovino Novoa, consideró que en este caso específico la Corte Suprema deber reiterar “el criterio expresado antaño y no dar curso a este desafuero”.

Por su parte, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, expresó que “inevitablemente” será el máximo tribunal la instancia que de ahora en adelante zanjará los casos de derechos humanos.

El comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, dijo estar sorprendido por la medida judicial sobre el desafuero de Pinochet.

“No podamos salir de esto. Vamos para atrás y para adelante, en unos y en otros, no solamente en el caso del general Pinochet”, precisó.

La Corte Suprema resolverá definitivamente la contienda sobre la inmunidad de Pinochet.

Según el procedimiento, si el máximo tribunal ratifica el desafuero, el caso pasa a manos del juez Juan Guzmán, el mismo que en 2001 puso bajo arresto domiciliario al nonagenario militar, durante seis semanas.

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