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BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El Gobierno argentino sorteó ayer con éxito una protesta de piqueteros gracias a un fuerte operativo de seguridad que evitó que se repitieran los hechos de violencia que la semana pasada impidieron sesionar a la legislatura de la ciudad.
Los piqueteros, desocupados que obstruyen calles, carreteras y estaciones de tren para pedir empleos o un aumento de los subsidios estatales, marcharon al Congreso de Buenos Aires para solicitar la libertad de algunas de las 23 personas arrestadas el viernes pasado durante los incidentes.
Ese día, mientras la legislatura de Buenos Aires trataba un nuevo código de convivencia que eleva las penas para contravenciones, grupos de piqueteros, travestis, prostitutas y vendedores ambulantes derribaron las vallas de seguridad e intentaron sin éxito ingresar al edificio, aunque destrozaron sus puertas y arrojaron piedras y petardos.
La legislatura logró sesionar ayer, aunque trató otros proyectos y no el código de convivencia. Pero la posibilidad de realizar el debate fue interpretado por los legisladores como una victoria política y fue aplaudida por todos en el recinto.
Más temprano, líderes de los grupos piqueteros se reunieron con autoridades de la legislatura para presentar sus reclamos.
Pero los incidentes de la semana pasada y diferencias en torno a las medidas que debían tomarse ayer llevaron al presidente Néstor Kirchner a destituir por la mañana al jefe de la Policía Federal Eduardo Prados y dejar en manos de su segundo la realización del operativo.
“Evidentemente el jefe de la policía no estaba compartiendo nuestra lógica”, dijo a una radio el jefe de gabinete Alberto Fernández al afirmar que el ahora ex funcionario pretendía contar con uniformados armados durante el operativo.
Los manifestantes sólo pudieron permanecer a más de 100 metros de distancia de la legislatura, que el viernes pasado había sufridos destrozos cuya reparación fue valorada en unos 40,000 dólares, ya que se formó un cordón de agentes de la Policía Federal y un extenso vallado.
“Marchamos para rechazar las reformas al código contravencional y para reclamar la libertad de todos los detenidos el viernes pasado”, dijo Marcelo Ramal, dirigente del grupo piquetero Polo Obrero.
Kirchner mantiene su decisión de no reprimir para evitar incidentes mayores, y el viernes pasado la policía observó inmóvil cómo los manifestantes destrozaban las ventanas y puertas de la Legislatura.
Esa estrategia le está generando algunos dolores de cabeza a Kirchner, quien recibió numerosas críticas luego de los incidentes del viernes, dado que según algunas encuestas la mayoría de la población le exige que se ocupe de mantener el orden en las calles.
Ayer, la estrategia oficial fue exitosa.
“El límite es que no se pase al hecho de violencia”, dijo a periodistas ayer por la mañana Aníbal Ibarra, alcalde de Buenos Aires.
Pero ocurre que la decisión final de usar o no las fuerzas de seguridad para reprimir a manifestantes violentos es del gobierno nacional, que controla a la Policía Federal en la ciudad, y no del alcalde.
