Una Ley de 1995 que entró en vigor en 1997 (y cuya reglamentación cabal está apenas, casi siete años después, en proceso de configuración) creó las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
En preparación para esa medida, en 1982 se había creado el Sistema de Ahorro para el retiro (SAR), que durante años coexistió con el establecido en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de 1943 y en la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
Al entrar en vigor el nuevo sistema de pensiones, que sustituyó el sistema de solidaridad por uno que eliminó el reparto, al ahorro para el retiro se agregó la cuota relativa a la cesantía e invalidez.
Surgió entonces un oneroso y complicado mecanismo de administración de las pensiones, que se paga con cargo al dinero de los trabajadores, con lo que mengua de modo considerable el monto de sus ahorros.
Las aportaciones se depositan en las Afores, que a su vez entregan los recursos a las Siefores (Sociedades de Inversión de los Fondos de Retiro). Las operaciones de unas y otras están sujetas a órganos de autoridad, uno especializado, la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro) y los generales de vigilancia financiera y bursátil.
La administración es cara. Una de las Afores mejor administradas informó a sus accionistas que el año pasado obtuvo ingresos netos por comisiones (el precio de inscribirse en una Afore), por 732.9 millones de pesos y ejerció gastos de operación por 357.1 millones de pesos, monto en que disminuyó el conjunto de los fondos aportados por los trabajadores.
A ello hay que sumar lo que cuesta la operación de las Siefores. Tan buen negocio es administrar esta modalidad financiera (en que, a diferencia de la tradición bancaria en vez de pagar a la clientela por el uso de su dinero se le cobra por hacerlo) que han proliferado las empresas del ramo.
El año pasado aparecieron dos más, Actinver y Azteca. Como su nombre lo indica, esta última es una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, a quien también se otorgó concesión para realizar funciones de banca y crédito, con la que redondea las operaciones de agio que realiza a través de sus empresas comerciales y las que conciernen a la remisión de dinero desde Estados Unidos. Además de las recién nacidas, está en el mercado Afores que forman parte de grupos bancarios: Banamex, Bancomer, Santander, Banorte e Inbursa. Otras están relacionadas con empresas de seguros o financieras: ING, Principal, Tepeyac, Alianza y Profuturo. Hay una de carácter singular, XXI, formada por la asociación del IMSS y la firma financiera Prudential Finantial, entidades que recibieron por los dividendos de los dos años pasados 350 millones de pesos.
Aunque no todas están activas (pues el desempleo suspende las aportaciones) hay 31 millones de cuentas individuales en el mercado, la mayor parte de las cuales se reparte entre esas 13 Afores, que compiten entre sí ofreciendo comisiones y rendimientos de distinto monto. Hay todavía cuentas sin asignar, correspondientes a aportantes indecisos, que la Consar asigna cada año, para equilibrar el mercado y (desde abril pasado) distribuye las cuentas a las tres Afores con comisiones más bajas medidas en plazo de 25 años. Además de la afiliación de nuevos aportantes, la competencia se manifiesta en ese renglón de asignaciones de la Consar y en el constante traspaso de cuentas de una Afore a otra: en 2003, la del IMSS y Prudential recibió 40 mil cuentas de otras Afores y perdió 26 mil de regreso.
Las Afores pagaron el año pasado, por retiros, poco más de dos mil millones de pesos. Pero la mayor parte de ellas se las arregla para demorar ese pago y de ese modo conseguir de mala manera una pizca más de rendimientos para sí.
Precisamente la queja de una lectora sobre esa tardanza me inclinó a esta revisión sumaria del estado actual de las Afores. Se trata de un caso que ya expuse aquí, cuando la afectada recorría la vía dolorosa del trámite ante el IMSS de su retiro por invalidez. Pese a la evidencia de los estragos causados por su mal (un cáncer de huesos y columna que invalida a quien lo padece) demoró meses en obtener la constancia correspondiente, expuesta más de una vez no sólo a la fatiga de la interminable tramitación burocrática sino a contraer nuevos males pues una de las oficinas a que tuvo que acudir recurrentemente se hallaba puerta con puerta con áreas de hospitalización por enfermedades infecciosas.
Cumplido su calvario ante el IMSS, la afectada pretendió retirar su fondo de retiro por invalidez, de su cuenta en la Afore Santander. Se trata de recuperar dinero que es suyo, a que tiene pleno derecho, que reunió a lo largo de años. Pues quizá tenga que emplear un número semejante en los trámites para la devolución de lo que le pertenece. Se erigen obstáculos que parecen deliberados, conducentes sólo a mantener en las cajas de la Siefores correspondiente un dinero que la propietaria reclama. Con el documento del IMSS que acredita su invalidez —un documento membretado, sellado, fechado, firmado, certificado— la aportante solicitó su dinero. No se lo entregaron la primera vez porque “el sistema”, el ambiente informático del banco Santander “no reconoció” el documento.
La causa consiste tal vez, explicaron en el banco, en que debe constar que se trata de una pensión al ciento por ciento. Es que precisamente por eso no es necesario expresarlo, arguye el IMSS. Y así hasta el infinito.
