El secretario de Gobernación dijo en Aguascalientes el 15 de octubre que los triunfos electorales del PAN en esa entidad el primero de agosto se debieron al propio partido, a su militancia y al Gobierno local. Obviamente sin pretenderlo dio la razón al alegato principal del candidato priista a la presidencia del municipio capitalino, Carlos Lozano, que aguarda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de esos comicios por la injerencia del gobernador Felipe González en el proceso respectivo.
La afirmación de Creel, por otra parte, serviría también de explicación al nombramiento de González como subsecretario de Gobernación. Habría sido el premio a su eficacia para organizar lo que Lozano llama una elección de Estado. Por cierto que deberá hallarse una fórmula para que González no sea, al final de este mes, simultáneamente gobernador y subsecretario. Un extraño apresuramiento por designarlo para esta última función o su deseo de entregar personalmente la estafeta, el primero de diciembre, a su correligionario y sucesor, Luis Armando Reynoso Femat, lo hizo demandar licencia en el ejercicio de la gubernatura por noventa días que concluyen el 27 de noviembre.
De modo que: o reasume durante tres días el Poder Ejecutivo local (y deja formalmente su despacho en Bucareli, mediante renuncia porque no sería suficiente un mero permiso de su superior) o lo abandona y fuerza al Congreso local a prorrogar el breve interinato de José León Rubio.
No debería reproducirse la impertinencia política cometida cuando Creel anunció su nombramiento en Bucareli, cuarenta y ocho horas antes de que la legislatura local otorgara a González la licencia correspondiente. La impugnación priista al proceso electoral se reduce a la alcaldía de la capital. No incluyó la defensa de los votos del candidato a gobernador, porque en ese caso las propias vicisitudes del proceso interno priista redujeron la presencia del tricolor entre los votantes. Luego de la inexplicada e inocua (porque no fue investigada y no produjo efectos penales estatutarios ni legales) renuncia de Óscar González, el PRI echó mano a última hora de la candidatura de Óscar López Velarde, que no pudo remontar sus desventajas y fue abatido por 191 mil votos por el PAN contra 122 mil en su favor, lo que significa una diferencia de veinte puntos porcentuales.
En cambio, en el municipio capitalino la contienda concluyó con resultados formales más apretados. Las cifras oficiales dan 112 mil votos al panista Martín Orozco Sandoval y 108 mil al candidato priista, es decir sólo unos cuatro mil votos de diferencia, menos de dos puntos. Lozano se inconformó ante las autoridades locales, que fallaron en favor del panista y enseguida acudió a la sala superior del Trife. En buena hora ese tribunal aseguró apenas el viernes pasado que estudia con tanto esmero y diligencia los asuntos que generan expectativas nacionales (Tijuana, Veracruz y Oaxaca, ejemplifico por mi parte) como los que no tienen esa condición aunque, agrego, deberían tenerla casos como el de Aguascalientes, por sus singularidades.
La más notable es que la argumentación esgrimida por Lozano es idéntica a la que los partidos contrarios al PRI desplegaban antaño. Es comprensible, por una parte, que así ocurra, porque el tricolor está en la oposición en aquella entidad. Pero asombra que se acuse a un Gobierno panista exactamente de los mismos comportamientos ejercidos por el PRI antes o donde hoy continúa gobernando. Sumariamente el candidato priista denuncia la intervención gubernamental en provecho de los aspirantes panistas, ya sea mediante declaraciones proselitistas del propio gobernador o mediante la utilización de los programas federales y estatales en apoyo a esos candidatos.
El secretario de desarrollo social, Marco Aurelio Hernández Pérez, en ese mismo contexto indujo al voto a los destinatarios de tales programas, sugiriendo que de cambiar el partido en el Gobierno serían anulados esos beneficios. Adujo también que el PAN rebasó el tope del gasto electoral y empleo el excedente en una profusa presencia televisiva, que a juicio del tricolor fue determinante de la breve diferencia de votos en la contienda capitalina. Hasta una semana antes de la elección, estimó la oficina del candidato Lozano, Acción Nacional habría aplicado casi cinco millones de pesos, cifra muy por encima del límite superior establecido en poco menos de tres millones de pesos.
Tal exceso no fue tenido en cuenta por el Instituto Estatal Electoral, señalado por su parcialidad en la demanda priista. La haya habido o no, la sospecha no surge del despecho ni de la neurosis sino de un hecho objetivo, consistente en el préstamo por un cuarto de millón de pesos para la compra de un automóvil, otorgado por el Gobierno Estatal a Enrique González Aguilar, presidente del Instituto. Si bien es verdad que el estatuto de los miembros de su consejo los convierte en funcionarios, con derecho a ese género de prestaciones, también lo es que por elegancia, por pudor, por imperativo ético los consejeros electorales deben mostrarse lo más distante posible del poder.
Otra peculiaridad en este proceso es la personalidad del candidato priista. Ingeniero industrial administrador del Tecnológico de Monterrey, fue director o secretario de desarrollo con tres gobernadores hidrocálidos (distintos y distantes entre sí) y con uno en Zacatecas, a donde se le llamó a la vista del progreso económico que su gestión produjo en su tierra.
