Con el aval de dos prestigiados programas de estudios de género, y su propia indignación y sus conocimientos propios, once personas constituyeron el Grupo Alternativas para contribuir al esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y a obtener una “respuesta conjunta e integral” a estas graves violaciones a los derechos humanos. Presentaron el plan que a ese propósito han elaborado, el 29 de septiembre en la Cámara de Diputados y el seis de octubre en el Senado. En ambos órganos del Congreso existen comisiones especiales sobre el feminicidio juarense y sus integrantes ofrecieron estudiar y atender la propuesta. También ha sido presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante grupos ciudadanos, la vez más reciente el viernes pasado.
“Si la legalidad del país está en crisis —diagnóstica el grupo Alternativas—, en Ciudad Juárez es innegable el colapso del Estado de Derecho: más de once años de asesinatos de mujeres allá son intolerables, así como la presencia del crimen organizado que genera una impunidad que favorece otras formas de violencia”.
Si bien el Grupo reconoce “que hay cierto avance en la institucionalización de responsabilidades para esclarecer el feminicidio”, le parece que la reacción gubernamental ha sido “tardía e insuficiente”, ya que tales “asesinatos no son delitos del fuero común, ni una mera agudización de la violencia intrafamiliar (sino) graves violaciones a los derechos humanos”.
El propósito de Alternativas consiste en “esclarecer los asesinatos, hacer justicia a las víctimas, reparar imparcialmente el daño a sus familiares y sacar a la luz la verdad, a la que toda sociedad democrática y en particular los y las ciudadanas de Ciudad Juárez tienen derecho”. Sin cuestionar la actuación de la Comisionada federal para prevenir y erradicar la violencia en aquella ciudad, Guadalupe Morfín y de la Fiscal Especial de la PGR María Urbina —que recibieron ya el plan, también enviado al nuevo gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas—, Alternativas considera que han quedado “fuera de la acción gubernamental la atención puntual y profesional a las víctimas del delito, la búsqueda de mujeres reportadas como ausentes o extraviadas (a las que no denominan desaparecidas, pues no necesariamente sufrieron desaparición forzosa), la protección de testigos, la reparación del daño moral y material, sin perspectiva asistencial como son las dádivas que han recibido los familiares y por supuesto la sistematización de todos y cada uno de los crímenes...”.
Sabedor de que su plan supone reformas legales de fondo (razón por la cual los primeros destinatarios de su propuesta fueron las comisiones legislativas) el grupo Alternativas tiene por “indispensable que se proceda a la fusión de atribuciones, que en la actualidad están autorizadas y desarticuladas en la figura de una comisionada y de una fiscal especial, lo que impide la resolución de la problemática”.
En consecuencia propone que se cree “una estructura con autonomía técnica y operativa, con dependencia jerárquica exclusiva y directa de la Procuraduría General de la República... que coordine las actividades de investigación ministerial, atención a las víctimas y búsqueda de mujeres reportadas como ausentes”. La fiscalía general que al efecto resulte, debería atraer el ciento por ciento de los expedientes” por tratarse de “un caso paradigmático” y para “realizar una investigación integral y articulada cronológicamente a efecto de establecer los vínculos criminales, la prelación de conductas delincuenciales y la relación entre todos y cada uno de los homicidios”.
En esta acción deberían incluirse los crímenes derivados de violencia intrafamiliar, pues “no han sido investigados debidamente, en forma pronta y expedita, por lo que hay una violación grave y sistemática a los derechos humanos”, lo que justifica el que también sean atraídos al ámbito de la justicia federal.
Se requiere también, según el plan alternativo, hacer públicos “el número de averiguaciones previas existentes, el nombre de la víctima y el estado que guarda la averiguación, como parte de la tansparencia y la rendición de cuentas, sin violentar la secrecía que deba guardarse en las investigaciones”. Y, en fin, se requiere que “el personal que se asigne a las investigaciones, independientemente de su perfil profesional, sea sensibilizado y entrenado para atender a víctimas del delito sin prejuicios y con perspectiva de género”.
Amén de considerar necesaria una reforma integral al sistema procesal federal, y a las leyes penales en Chihuahua, Alternativas considera jurídicamente viable su propuesta, ya que la atracción hacia la PGR se ha practicado cuando el delito afecta a varias entidades; es de impacto social, perturba la paz social o significa un riesgo para la seguridad nacional, o la salud pública y si es cometido por delincuencia organizada o existe concurso de delitos.
Integran el grupo Alternativas las directoras de los programas interdisciplinario de estudios de la mujer de El Colegio de México, Adriana Ortiz-Ortega y universitario de estudios de género de la UNAM, Marisa Belausteigoitia; así como la senadora Leticia Burgos, Elizabeth Carrizales, la diputada Marcela Lagarde, Lucía Melgar, Alicia Elena Pérez Duarte, María del Carmen Reynoso, Isabel Vericat, Barbara Illán y Sergio González Rodríguez. A sus conciencias ofenden el crimen y su impunidad y por eso proponen Alternativas.
