Suelen los bancos ser acreedores, y ejercen duramente sus derechos. Hasta consiguieron reformas legales que aceleren y faciliten su cobranza judicial, como parte de la seguridad jurídica que demandan para desempeñar la intermediación financiera que los define. Cuando en cambio son deudores, o enfrentan demandas que los presumen como tales, hurtan el bulto lo más posible, para no satisfacer los reclamos de su clientela. Presento en seguida tres casos de presuntos adeudos bancarios, con montos y modalidades que les confieren interés público e importancia social. Aparecen según el orden cronológico en que se iniciaron las operaciones que generaron los créditos contra los bancos. 1) El seis de marzo de 1973 se constituyó un fideicomiso para la urbanización, fraccionamiento y venta de los terrenos de Paseos de Tasqueña, propiedad de Excélsior, SCL. La institución fiduciaria fue el Banco Internacional Inmobiliario, que se obligó, además de enajenar aquellos predios, a aplicar a favor del fidecomisario, que era la propia cooperativa, “los rendimientos económicos que se generen como resultado de la diferencia entre las inversiones y gastos que se realicen, y las enajenaciones, a terceras personas, de los lotes urbanizados”.
Era un jugoso negocio para esa institución, cuyo director general, Luis García Barbachano, estaba emparentado con el presidente Echeverría. Por tal motivo las autoridades agrarias señalaron ese banco como fiduciario. De entrada el BII ganaría la mitad del uno por ciento “por la titularidad fiduciaria del predio aportado y con respecto al valor asignado a dicho predio”, que medía cerca de un millón de metros cuadrados. Y ganaría el dos por ciento de comisión sobre ventas, y el cuatro por ciento sobre el importe de la cobranza. Estuvo obligado el fiduciario a rendir cuentas trimestralmente y “a velar, en todo, por la integridad del patrimonio del fideicomiso, y acrecentar dicho patrimonio, mediante la realización de sus fines”.
Puesto que el contrato estableció que el fideicomiso no podría durar más de treinta años, concluidos en marzo del año pasado, un grupo de cooperativistas se constituyó formalmente en sociedad civil para solicitar cuentas al fiduciario. Tuvieron que proceder así porque la cooperativa Excélsior (de la que siguen siendo parte, ya que no se cumplieron nunca las formalidades para su exclusión o renuncia) padece una situación jurídica que le impide ejercer directamente los derechos que le competen como fideicomisaria. Por su parte, el Banco Internacional Inmobiliario dejó de existir y sus bienes fueron adquiridos por Banco del Atlántico, transformado después en Bital, comprado a su vez por HSBC. Todavía existe jurídicamente, sin embargo, el Banco del Atlántico, que produjo una airada contestación a la demanda de información de los interesados, que no tienen más pretensión que conocer el estado de su patrimonio y que se les liquide en la proporción a que tienen derecho. Tildó de temeraria a la demanda que por la vía civil iniciaron los cooperativistas integrados en asociación civil y pide ser absuelto de la obligación de informar. No debería serlo, y menos aun de poner a disposición de los interesados el dinero que la fiduciaria manejó durante treinta años.
2) En 1983 el señor Federico Acosta Sierra adquirió un bono del Gobierno japonés y lo depositó en Multibanco Mercantil Probursa. Lo reclamó tiempo después y ante la negativa del banco, en 1997 inició una demanda penal para que se obligara a la institución a restituirle cien mil millones de yenes, que en la actualidad equivaldrían a 900 millones de dólares. Probursa contraatacó aduciendo que el bono era falso. En septiembre de 2001 un tribunal federal absolvió de los cargos penales a Acosta Sierra, que reinició su empeño por cobrar el bono multimillonario. Para ese efecto, en septiembre pasado solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por sus dotes conocida como Conbava. De tres expedientes solicitados, le fue entregado sólo uno. En uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Acosta Sierra acudió al IFAI, que en febrero pasado ordenó a la Conbava entregar la información negada.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que adquirió a Probursa y es por lo tanto causahabiente de los litigios de esta institución, solicitó amparo contra la decisión del IFAI. Alega que la Ley respectiva es inconstitucional. Una jueza federal, Adriana Escorza Carranza, admitió la demanda y el 12 de abril pasado concedió la suspensión definitiva, para que el presunto acreedor del banco no reciba de la Comisión los expedientes solicitados. La juzgadora señaló al banco una fianza de sólo cien mil pesos.
3) Otro banco español, Santander Serfín, es el protagonista del tercer caso que ahora presentamos. En 1988, en Jalapa, los señores Mario, José y Marisa Amezcua Rebolledo realizaron en Banca Serfín, entonces nacionalizada, un depósito por 25 millones de pesos, con vencimiento mensual, renovable automáticamente. Se pactó un interés de 139.39 por ciento, capitalizable. Y cuando, tiempo más tarde, los titulares del depósito quisieron retirarlo, al valor actual, el banco rehusó pagarlo. Supongo que tras varios requerimientos, los hermanos Amezcua Rebolledo iniciaron un juicio que el banco desdeñó y concluyó en rebeldía, con el embargo de la sucursal jalapeña, impedido por una suspensión dictada por un juez federal. El abogado de los afectados cifra su reclamo en ¡36 billones de pesos!.
