El lunes cinco quedaron en libertad tres trabajadores jubilados de la compañía minera de Cananea, presos desde enero pasado por extorsión y despojo. La empresa se desistió de la acusación y contribuyó de ese modo a aligerar la tensión laboral que afecta la explotación de cobre más grande de la República. Otros trabajadores, que se exiliaron a Estados Unidos para no ser aprehendidos, podrán ahora volver a su tierra. Pero no se ha resuelto el problema de fondo que dio origen a la movilización que a su vez causó la detención de los ahora liberados.
Cuando la empresa fue privatizada, el 24 de agosto de 1990 el Gobierno vendedor comprometió al Grupo México, de la familia Larrea a adjudicar el cinco por ciento de las acciones a los trabajadores, cuyo importe se aproximaba en ese momento a los veinte millones de dólares. Las acciones no se emitieron, pues hay interpretaciones diversas sobre su naturaleza: si debían ser asignadas individualmente o si el sindicato (el nacional de trabajadores mineros y metalúrgicos) sería el titular de esa porción del capital. El comité nacional y la empresa libran al día de hoy una complicada batalla legal en diversos tribunales para dilucidar el asunto. Pero ello no ha evitado la acción directa.
En aquel momento laboraban en Cananea 2,070 trabajadores. En los siguientes ocho años fueron despedidos 600 mineros y cerraron los departamentos de construcción, mantenimiento, vías, herrería, calderería, y otros. Por esas razones (el porcentaje accionario y el ajuste de personal) los trabajadores pararon las operaciones el 18 de noviembre de 1998 y hasta febrero siguiente. Un convenio entre la empresa y la sección 65 dio fin al paro, que después se reanudaría y dejaría una estela de insatisfacción en las partes.
El 20 de noviembre del año pasado, un grupo de jubilados bloqueó la vía del ferrocarril utilizada por la empresa. Ante un notario llevado por la empresa, los manifestantes explicaron que su propósito era presionar al Grupo Minero México para hacer el pago del importe del cinco por ciento de las acciones. Los días 22 y 25 de noviembre la empresa presentó denuncia de hechos y por el delito de extorsión. El bloqueo cesó el 27 de noviembre, pero fue reanudado el ocho de diciembre. Entonces no sólo se impidió la circulación del ferrocarril sino también fueron cerrados otros accesos. La empresa amplió entonces su denuncia, incluyendo despojo y amenazas.
Antes de que actuara el ministerio público, el tres de diciembre con el auspicio del secretario de Gobierno de Sonora Bulmaro Pacheco y en sus oficinas, se reunieron el secretario general y el de trabajo de la sección 65, Guadalupe Coronado y Juan Gutiérrez; José Calderón León, en nombre de quienes realizaban el bloqueo y Francisco Manzo Díaz, quien explicó el punto de vista empresarial sobre la improcedencia legal del reclamo.
El nueve de diciembre se levantó el bloqueo, pero fue establecido de nuevo diez días más tarde. A la medianoche del 24 de diciembre, con apoyo de agentes judiciales la compañía minera logró la salida de cinco tractocamiones, tres con carga de cobre catódico y dos de concentrado. Las dos personas que hacían guardia fueron reducidas y retenidas durante horas en una caseta para dar paso a los vehículos.
El 13 de enero de este año fue dictada orden de aprehensión por extorsión y despojo contra varios activistas del bloqueo y se detuvo al mencionado José Calderón León, y a Francisco López Frasquillo y Alcibiades Macario Corella. Pudieron evitar su captura Francisco Calderón León, Lauro Montoya Araiza, Sotero Alonso Martínez Soto, Carlos Castro González y Domingo Guerrero Rodríguez, que el cuatro de febrero cruzaron la línea fronteriza y seis meses después podrán retornar.
El cuatro de junio anterior, con motivo de una visita del presidente Fox a Sonora, el delegado especial del comité nacional del sindicato minero, en esa entidad, Juan José Gutiérrez Ballesteros pidió al Ejecutivo federal “su intervención directa para que Grupo México cumpla con sus trabajadores y con el sindicato nacional de mineros, ya que no es admisible, moral ni legalmente, que se ostente, desde hace diez años, como el tercer productor de cobre en el mundo, cargando una deuda de tal magnitud, Ese no es el camino correcto para lograr la competitividad ni la justicia social”.
En esa carta, el delegado Gutiérrez recuerda otro conflicto, este relativo a Mexicana de Cobre, que opera en Nacozari: “El 14 de noviembre de 1988 se constituyó un fideicomiso en Multibanco Comermex, SNC, ahora Scotia Inverlat, en el cual se aportaron el cinco por ciento de las acciones de la empresa Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. en favor de los trabajadores de la empresa; sin embargo, a la fecha se ha negado a entregar los dividendos y frutos generados de la participación accionaria, lo que en estricto derecho nos corresponde”.
Por lo que hace a Cananea, dijo el delegado a Fox, que simultáneamente con las gestiones relativas a la participación accionaria, han presentado la petición de anular la compra de la empresa minera, ya que alegan que se violaron leyes de orden público. Esa presión explica porqué Grupo México prefirió retirar sus denuncias, no obstante la gravedad del bloqueo y aliviar la tensión laboral, que podría crecer si la empresa trasladara fuera de México algunas de sus operaciones. En Sonora, el costo de la energía eléctrica, un insumo central en sus procesos de fundición los encarece tremendamente. Pero de eso hablaremos otro día.
