A ese panal de rica miel que es el Gobierno municipal de Benito Juárez, donde se asienta Cancún, acuden moscas de todos los colores. Hoy ese municipio se ha quedado sin ayuntamiento, al cabo y en el comienzo (las dos cosas al mismo tiempo) de un conflicto poliédrico, que por dondequiera que se le olfatee huele, y no a rosas.
Hace dos años fue elegido presidente municipal Juan Ignacio García Zalvidea, un empresario que antes había sido diputado por el Partido Acción Nacional y se presentó a la contienda local postulado por el Partido Verde Ecologista de México. En la actual etapa del juego de partidos, los trasiegos de miembros y candidatos de una organización a otra son asunto cotidiano. Es así, por un lado, porque la frágil democracia electoral que vivimos se halla todavía lejos del asentamiento de las corrientes, propia de un sistema maduro de opciones; y en parte porque la cruda defensa de intereses y la promoción de negocios encuentra cómodo esconderse tras la mampara de los partidos, sin que haya correspondencia entre los logros verdaderos que se persiguen y el programa partidario.
El Partido Verde acogió con beneplácito a García Zalvidea porque su popularidad, manifiesta en el modo en que ganó su diputación federal en el 2000 (82 mil votos contra 50 mil del PRI) permitiría al PVEM ponerse a la cabeza de un gobierno municipal que es fuente de suculentas transacciones, que es lo que en verdad importa a los presuntos ecologistas. Recuérdese que el 22 de febrero pasado, en la inauguración de la temporada de videoescándalos, Carmen Aristegui y Javier Solórzano presentaron al senador Jorge Emilio González Martínez en el impúdico acto de tasar en dos millones de dólares una gestión para obtener la autorización municipal para obras portuarias y urbanísticas que, entre otros efectos perniciosos, arruinarían el equilibrio ambiental, cuya preservación se supone es una de las razones de ser del partido propiedad de la familia González Martínez.
Ese partido confía tanto en los réditos financieros que pueden extraerse de ese género de corrupción, que mantenía un delegado especial en la zona, Santiago León. No un delegado político, sino para los negocios que el azar depare. Distanciados precisamente por esas eventuales ganancias, el ex diputado León (miembro alguna vez de la Asamblea Legislativa del DF) produjo y difundió el video en que fue exhibida la desfachatez de González Martínez, que todo lo más que hizo tras ser pillado con las manos en la masa, fue pedir licencia para separarse de su curul senatorial, una simple formalidad pues no era asiduo asistente a las sesiones de Xicoténcatl. Por lo demás, sigue administrando la herencia paterna, y reconstruyendo la presencia de su partido en la Riviera Maya, y en Cancún en particular.
Antes, sin embargo, el fallido negocio de González Martínez causó división entre los miembros verdes del ayuntamiento. García Zalvidea tomó distancia del senador que preside aún su partido, y se colocó frente a Julio Rodríguez, el regidor que hubiera impulsado las decisiones que costarían dos millones de dólares. El alcalde anunció que se separaría del Verde, con lo que puso en riesgo al menos la posibilidad de futuras operaciones. Antes que tener que soportar a la cabeza del Gobierno municipal a un adversario que estorbe negocios, González Martínez se alió con el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks. Pronto, los intereses de ambos provocaron un artificial conflicto entre el personal del ayuntamiento y el presidente García Zalvidea, que llegó este fin de semana a un punto culminante: tras la renuncia de once miembros del cabildo, la diputación permanente, no el pleno de la legislatura, decretó que Benito Juárez había quedado sin autoridad y designó a un concejo (así, con c, pues tal es el nombre técnico de este órgano de Gobierno) municipal.
La maniobra es insultante por ser tan burdamente insolente. Los diputados golpistas pusieron a una de ellos en el concejo, nada menos que la dirigente estatal del PVEM, y bajo su conducción el concejo nombró a Julio Rodríguez oficial mayor. Sus autores han de calcular que la maniobra asegura al menos dos clases de intereses. Por un lado, los financieros que dependen de decisiones del ayuntamiento, cruciales en una comarca en pleno e incontrolado crecimiento. Y, por otra parte, los políticos, pues Hendricks busca de este modo anular las posibilidades de García Zalvidea como eventual candidato al Gobierno del estado.
Es que el conflicto en Cancún se inscribe en los preámbulos del proceso sucesorio en Quintana Roo. Hendricks es la frágil cabeza de un PRI dividido. Su propia elección como candidato hace seis años produjo escisiones en el PRI o por lo menos el enfriamiento de la hoy senadora Addy Joaquín Coldwell, a quien le fue robada la elección interna en 1998. Desesperado porque sus delfines Jorge Polanco y Héctor Esquiliano se quedaron sin posibilidad de sucederlo, y en mayor medida porque sabía próximo el destino que hoy lo mantiene preso por narcotráfico, el gobernador Mario Villanueva logró al menos obstruir el paso a una precandidata con fuerza política familiar, la entonces diputada Joaquín, y favorecer a quien se adivinaba sería un gobernador débil. Y por eso impulsó a Hendricks.
García Zalvidea podría ser candidato del PRD al Gobierno del estado. Correría acaso con mejor suerte que Gastón Alegre, el abogado y empresario que lo fue hace seis años.
Y por eso Hendricks buscó sofocar temprano esa posibilidad.
