El próximo domingo habrá elecciones en Chiapas y Oaxaca. En la primera entidad se renuevan los 118 ayuntamientos y la legislatura local, de 40 miembros. En la segunda hay elección de alcaldes en sólo 152 municipios regidos por un sistema electoral de urnas y partidos. En los 418 restantes prevalece el mecanismo de usos y costumbres.
Aunque sería exagerado decir que la sangre ha estado presente en los procesos electorales de ambos estados, porque la violencia cobró víctimas directamente en relación con los comicios en casos aislados, lo cierto es que en los dos estados la estructura social dominada por la extrema pobreza y la áspera relación de las fuerzas políticas propicia tensiones que pueden convertirse en cualquier momento en enfrentamientos o agresiones.
En Oaxaca el clima político permanece agitado porque apenas el primero de agosto, hace dos meses, se efectuaron elecciones de gobernador y Congreso local. Es absurdo mantener calendarios electorales con dos procesos en un mismo año, porque la secuela de uno afecta necesariamente, y no para bien, la realización del otro. Ni siquiera está concluida en última instancia la elección de Ulises Ruiz, el candidato priista que obtuvo mayoría en los votos, porque su opositor Gabino Cué ha impugnado política y jurídicamente aquella victoria, en torno de la cual apenas está por decir la última palabra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.
Las campañas que terminaron anteayer mezclan el carácter de protesta y oferta o de defensa de la victoria y augurio de la próxima. Ruiz participó en el mitin final de su partido, en la capital, acompañado de Roberto Madrazo, su amigo y principal apoyador (junto al gobernador José Murat) y su discurso fue ejemplo de esa combinación de tiempos. No quedaba claro si se promovía a sí mismo, como hizo hasta fines de julio o en el período poselectoral o si alentaba a los candidatos de su partido, ahora en trance de competir. Lo es en la capital el diputado federal Jesús Ángel Díaz Ortega, que el año pasado ganó al PAN el octavo distrito (con cabecera en esa ciudad) y por eso aparece como aspirante con posibilidades de refrendar su triunfo, ahora en el ámbito municipal. Su principal oponente es Pablo Arnaud, que ya fue alcalde y ganó ese mismo distrito en los comicios de 2000.
La ciudad de Oaxaca ha sido regida por la oposición al PRI en los años recientes. Precisamente el candidato a gobernador que se resiste a ser considerado perdedor, el ex priista Gabino Cué, es presidente municipal con licencia. El PRI se ha propuesto recuperar ese bastión, que perturba su vasto dominio sobre la entidad, donde domina la legislatura local y cuya diputación federal (de once integrantes) está compuesta entera por miembros suyos.
El 27 de julio, casi al final del proceso anterior, el profesor Serafín García fue asesinado a palos cuando, como miembro del Frente Único Huautleco se oponía (de modo intolerante, hay que decirlo) a la visita del candidato priista a gobernador. Sobra decir que fue peor la intolerancia de quienes tundieron a palos a sus antagonistas. El agresor directo fue claramente identificado porque el ataque se cometió ante las cámaras de los fotógrafos. Jacinto Pineda, el presunto homicida, huyó de Huautla pero ha vuelto y participa en el proceso que culmina pasado mañana, sin temor a ser detenido, porque la eficacia de la procuración de justicia en Oaxaca (ejemplificada en el caso del presunto atentado al gobernador Murat) no es la principal característica de ese Gobierno.
Es de temerse que de ello se valdrá el alcalde saliente de San José Estancia Grande, Cándido Palacios Loyola, para quedar sin castigo, no obstante que asesinó a su presunta sucesora a la vista de muchas personas. Guadalupe Ávila Salinas, candidata del PRD, fue ultimada a balazos por la espalda y recibió en la cabeza el tiro de gracia, mientras encabezaba una consulta médica organizada como parte de su campaña. El asesino está prófugo.
En Chiapas se derramó sangre también, el pasado miércoles. Aunque a diferencia del caso anterior, uno de los dos episodios violentos acaecidos anteayer (el asesinato de cuatro indígenas choles en el municipio de Yajalón) no está ligado directamente al proceso electoral, en San Juan Chamula sí se produjo una agresión relacionada con la contienda, pues un mitin de la Alianza por Chiapas fue atacado por priistas armados de palos y piedras, que dejó algunos heridos leves.
La Alianza por Chiapas está formada por el PAN, el PRD y el PT. Actúa en el proceso de 74 municipios, más de la mitad del total y en los 24 distritos donde se elegirán diputados.
El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, elegido en agosto de 2000 por una vasta coalición de todos los partidos, salvo el PRI, al que había pertenecido, no consiguió hacer que en los comicios siguientes, los de hace tres años, la alianza se mantuviera y cada uno de los partidos que la formaron acudió por su cuenta a las elecciones. Ello trajo como consecuencia la permanencia del PRI como mayoría en la legislatura y en muchas de las principales ciudades, aunque no en Tuxtla Gutiérrez, gobernada por Acción Nacional desde hace varios trienios.
En cambio, para esta elección y no obstante las tensiones que distancian a sus cúpulas nacionales, el PAN y el PRD convinieron en revivir la alianza, con el PT. Pretenden de ese modo evitar el reposicionamiento del tricolor, que se propone afianzarse desde ahora para recuperar la gubernatura.
