Resueltos con mucha anticipación a ratificar en su cargo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al doctor José Luis Soberanes, los senadores priistas que lo apoyaron canjearon esa designación por la del licenciado Sergio Valls como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los participantes en el intercambio, un verdadero do ut des, sobrepusieron intereses partidistas y personales al desarrollo de esas dos instituciones.
Para consumar su propósito de dejar a Soberanes por cinco años más al frente de la CNDH, quienes dominan la comisión senatorial respectiva confeccionaron un acuerdo y emitieron una convocatoria a modo. A través de esas disposiciones simularon ser sensibles a la insistencia de las más activas agrupaciones civiles de Derechos Humanos, de abrir el procedimiento a la sociedad. Fingieron estar en consonancia con la convicción de que era preciso dar un paso más hacia la verdadera autonomía del ombudsman, que comenzó siendo un funcionario designado por el Presidente de la República, en una oficina creada como medida cosmética ante la comunidad internacional.
Después de que se avanzó hacia su autonomía al decidirse que fuera designado por la Cámara de Senadores, requería ser legitimado por la sociedad en general y en particular por la comunidad de Derechos Humanos en México, la que mantiene vínculos con el vasto movimiento, institucional y civil, que alienta esos derechos en el mundo entero.
Con el propósito de ser reelegido, Soberanes consagró parte de los esfuerzos y el dinero que debía destinar a la promoción de la materia que le toca, a construir una base de apoyo constituida por agrupaciones de tenue o breve existencia, las más de las cuales acaso eran respetables en el ámbito de la asistencia privada pero que carecían de relieve en la esfera de los derechos humanos. Con ellas la CNDH organizó oportunos saraos como el que, durante tres días de septiembre se realizó en Playa del Carmen. En el gratísimo convivio allí efectuado, los asistentes manifestaron su apoyo a Soberanes.
Éste, por otra parte, se dio a la tarea de construirse una imagen, al modo tradicional de la propaganda política. Abundaron en los medios impresos gacetillas pagadas donde Soberanes aparecía firmando un convenio o presidiendo un acto. El énfasis publicitario se ponía en la figura del presidente de la CNDH mucho más que en los contenidos de los documentos suscritos o los acontecimientos en que participaba.
El 11 de agosto, tres meses antes de que se renovara la presidencia de la CNDH o se ratificara a su ocupante, organizaciones de Derechos Humanos trazaron el perfil del proceso y de la persona pertinentes, a efecto de asegurar un paso hacia la consolidación de un sistema nacional de protección de los Derechos Humanos. El 26 de agosto, la Red nacional de organizaciones civiles llamada Todos los derechos para todos. insistió ante el Senado en la necesidad de realizar una elección transparente, con oportunidad a muchos participantes.
El 30 de septiembre el Senado publicó el acuerdo que regiría la elección y una amañada convocatoria, que no convocaba en realidad. Si bien establecía plazos para la inscripción de candidaturas, sin decirlo expresamente sujetaba su análisis a la decisión de ratificar o no al actual ombusdman. Pronto se descubriría que se trataba sólo de simular la apertura demandada.
Fueron registradas 29 candidaturas, de las que 12 satisfacían plenamente los requisitos y las más de ellas correspondían a personas cuya trayectoria y reputación aseguraban una elección sobrada de oportunidades.
Pero los senadores ni siquiera tomaron nota de esa feliz circunstancia y en consecuencia no tomaron contacto con los candidatos. Al contrario, el 27 de octubre la Comisión de Derechos Humanos del Senado acordó la confirmación de Soberanes, a quien poco antes había llamado a formular un balance de su actuación, que no coincidió ni por asomo con los rigurosos exámenes que diversas agrupaciones y personas, con criterios sólidos, habían formulado al respecto, como base de su petición de que Soberanes saliera de la presidencia de la CNDH y a las que personal del entorno del ombudsman respondió con acidez.
Aunque sólo la senadora perredista Leticia Burgos, como lo haría al día siguiente en la reunión plenaria donde todo se consumó, expresó reparos sobre la ratificación, quedó claro que los legisladores panistas, en particular los integrantes de esa comisión y no pocos del grupo, en general, no estaban seguros de contribuir a la confirmación del ombudsman.
Entonces se planteó el canje. Los líderes de las fracciones convinieron en que, en una operación conjunta, se acordaría el apoyo necesario para Soberanes a cambio de otorgarlo en favor de Valls para el sitial de la Corte que debía cubrirse. No valieron en ningún caso razones, ni contaron los intereses institucionales, que con esas designaciones resultarían lastimados. No importó tampoco que se hiciera víctima de un trato desdeñoso y falto de respeto, en diversos grados, a los comparecientes en la Cámara de Senadores que ingenuamente creyeron que su discurso sería parte de la calificación que deberían obtener camino a la Corte y a quienes se inscribieron para participar en una terna para la CNDH que nadie imaginó siquiera.
Durante quince años Valls y durante cinco más Soberanes desempeñarán las tareas a que los condujo el canje de intereses circunstanciales, a los que no importó la larga consecuencia de sus componendas.
