La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República está por emitir un dictamen “en el cual podrá proponer la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en caso de que proceda, o bien una terna seleccionada de entre las propuestas sometidas a su consideración”.
Por el bien de la causa materia de sus funciones, actuaría correctamente esa comisión legislativa si declara que no procede la ratificación y formula una terna para reemplazarlo. Pero, si estimara conveniente mantener en el cargo al doctor José Luis Soberanes, correspondería al pleno de esa cámara votar contra el dictamen. Conforme a un acuerdo senatorial, esa decisión plenaria deberá adoptarse a más tardar el 31 de octubre (lo que en términos prácticos quiere decir pasado mañana, 29 de este mes, última sesión antes de que los senadores crucen el puente de las fiestas de muertos). Para aprobar el dictamen se requiere el sufragio de dos terceras partes de los miembros presentes.
Abundan las razones de fondo para abogar por un relevo en la conducción de la CNDH. A ellas me referiré mañana. Pero en los días recientes, precisamente con motivo del trance electoral que vive la Comisión, se han hecho evidentes modos de proceder que de ser eficaces, es decir de ser premiados con la ratificación que de esa manera se procura, provocarían un daño profundo a la CNDH, la convertirían en botín en pos del cual no hay obstáculo ni reparo alguno.
El equipo que dirige la CNDH confundió el proceso electoral en que está incluido el doctor Soberanes con los procedimientos usuales para elegir reina de la feria, en que los votos se pagan y se exhiben. Relaciones previas con un elevado número de agrupaciones, muchas de ellas prestigiadas, pero las más lejanas al cometido de la Comisión, se han convertido en apoyos con un tufo claramente clientelar. Es comparable, por ejemplo, el padrón de las entidades que han solicitado la ratificación del presidente en funciones con la lista de los invitados a jornadas cuyo fruto se desconoce, que a gran costo se reunieron en Puerto Vallarta y Playa del Carmen con cargo al presupuesto de la CNDH.
Asimismo, es al menos poco elegante publicitar en inserciones pagadas apoyos como el firmado por el Consejo interreligioso de México, representado para el efecto por el director del Consejo Aurelio Valdespino y por el presidente de su comisión de Derechos Humanos, Enrique Movshovich, que es también el representante legal de la Comunidad Judía en el propio Consejo. No objeto ni con el pensamiento la respetabilidad de los firmantes ni del Consejo mismo. Me parece, sin embargo, que sumarse de ese modo a la campaña publicitaria por la ratificación deja a ese importante organismo en calidad de comparsa, algo que su propia naturaleza no merece.
Es peor, sin embargo, la alabanza en boca propia (que, según se sabe, se convierte en vituperio) de la propia CNDH, en un desplegado profusamente difundido como inserción pagada a partir del viernes pasado. Como hacen los candidatos y los partidos en empeños electorales, la CNDH muestra resultados de encuestas que dan cuenta del aprecio social a la Comisión. Se cita entre ellas las realizadas por el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, según las cuales “la mayor confianza de la sociedad la despiertan las iglesias, los maestros, los hospitales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFE”.
Incluir el prestigio de la institución entre los argumentos para ser ratificado es muestra, si no de desmesura sí de abuso para cosechar en provecho propio los frutos sembrados y cultivados por otros. La condición ética de los consejeros electorales que abrigaron el propósito de ser reelegidos hace precisamente un año les impidió hacer una campaña semejante, sufragada con el presupuesto de la institución que dirigían. Y por supuesto no se arrogaron el mérito de la buena fama de su instituto.
Ninguno de ellos pretendió beneficiarse del hecho de que junto a su designación en 1996 el IFE adquirió la condición de órgano constitucional autónomo. En cambio, Soberanes se ufana de ser “el primer ombudsman de la autonomía”.
Por añadidura, la búsqueda de buenas voluntades en el Senado ha conducido a prácticas propias de elecciones escolares, cuando los candidatos hacían regalos para granjearse a los electores. El senador panista Guillermo Herbert Pérez, protagonista del suceso por su doble condición de miembro del órgano que tomará las decisiones y por ser él mismo candidato a presidir la CNDH, ha deplorado las invitaciones de Soberanes a senadores a los que convida a comer. La práctica anexa de obsequiarles portafolios de cuero recuerda el sistema con que la diputada Elba Ester Gordillo ganó el año pasado la buena voluntad de sus compañeros para que la eligieran coordinadora de su bancada, sólo que en ese caso los regalos fueron computadoras portátiles que, si medimos el hecho con crudo criterio mercantil, revelan una mejor valoración de los clientes.
En una muestra de autoritarismo e intolerancia indeseable en quien tiene a su cargo la defensa de Derechos Humanos, Soberanes pretendió salir al paso de las abundantes y rotundas críticas a su gestión descalificando, por sí o a través de sus colaboradores, a quienes se expresaron contrarios a su ratificación.
Él mismo llegó a hablar de Guerra Sucia en su contra, cuando que todos quienes lo han objetado lo han hecho de frente y con sobra de argumentos. Difamar es contrario a los derechos humanos.
