Un incidente procesal, provocado tal vez deliberadamente, aplazó sin fecha la aprobación del dictamen donde se establece que el ahora secretario de Gobernación, Santiago Creel, gastó por encima del tope legal en su campaña por la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, hace cuatro años. Mas la posposición dista de significar que el riesgo de que el comité capitalino de Acción Nacional y el propio Creel sufran sanciones no se ha alejado ni menos eliminado por completo.
El 22 de abril del año pasado, el Partido Alianza Social, que dejó ya de existir, demandó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal investigar el pago a Visión Films presuntamente hecho por el Fideicomiso para el desarrollo de la democracia en México, cuyos responsables eran Lino Korrodi y Carlos Rojas Magnon, para producir propaganda en favor de Creel. Instados durante meses a que respondieran a la autoridad electoral sobre ese tema, ninguno de esos amigos de Fox dio siquiera acuse de recibo a los mensajes del IEDF mientras duró la investigación.
Sin embargo, el 28 de julio pasado, en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, Korrodi admitió el hecho. Y cómo no hacerlo, dijo, si se expidió un cheque. Con esa afirmación y otros elementos, el órgano fiscalizador cerró su indagación el 12 de agosto y se preparó para presentar el dictamen respectivo ayer, día 18. Pero en la víspera, el 17 de agosto, la Comisión recibió tres escritos, uno de Carlos Robledo Carretero, apoderado legal de Korrodi, otro de la apoderada de Visión Films, María de Lourdes Ruiz Sánchez y un tercero, de Ignacio Creel Cobián. Ayer mismo, a primera hora de la mañana, minutos antes de que se iniciara la sesión del consejo general del IEDF que conocería el dictamen, Korrodi y Rojas Magnon presentaron sendos escritos. La comisión fiscalizadora se había abstenido de valorar los tres primeros por haber concluido la investigación, pero el consejo la autorizó a hacerlo, incluyendo los más recientes.
El dictamen, que no fue rechazado y cuyo sentido difícilmente podría ser modificado por los cinco documentos conocidos a última hora, establece que el PAN había reportado un gasto de 33.8 millones de pesos. Agregados los cinco recibidos de Korrodi y no reportados, la suma ascendió a 38.8 millones, 2.1 millones más del tope establecido, que fue de 36.7 millones de pesos. Luego entonces, la Comisión propuso en el dictamen —sólo aplazado, por ahora— sancionar al PAN por tres motivos: por no reportar todos los recursos que gastó, por recibir aportaciones de una persona moral —el Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia—, lo que está prohibido y sobre todo, por rebasar el límite del gasto electoral. Cuando se valoren los documentos recién llegados, se acople a esa operación el dictamen ya elaborado y lo apruebe el consejo general (tal como suele ocurrir con los sólidos dictámenes de esa comisión fiscalizadora), se iniciará el procedimiento para fijar la sanción administrativa, que puede ir desde una simple amonestación hasta una multa que puede privar de recursos al PAN capitalino durante varios meses. A lo largo de ese procedimiento el partido podrá hacer aclaraciones y alegatos. Quedan abiertas, además, las vías hacia los tribunales, el local y el federal, si el PAN se inconformara con la sanción que se le imponga (u otros partidos la estimaran leve).
El dictamen cuya revisión se aplazó incluye la propuesta de dar vista del resultado de la indagación al ministerio público, una vez que tal dictamen haya causado estado (es decir, cuando ya no sea judicialmente impugnable). Es que en el DF el exceso de gasto en una campaña es delito. Conforme al artículo 406 del Código vigente en el momento en que se habría cometido el ilícito (356 del nuevo ordenamiento, aprobado en julio de 2002), se impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a doscientos días de multa al funcionario partidista o al candidato que “se exceda en el monto de los topes para gastos de campaña establecidos de acuerdo a los criterios legalmente autorizados previo a la elección”.
Es remota la aplicación de ese dispositivo penal, pero es jurídicamente posible, por lo que podría realizarse un cruzamiento de acusaciones: la procuraduría del DF, si para entonces Creel sigue siendo Secretario de Gobernación, pediría su desafuero para iniciar en su contra acción penal por ese ilícito, en réplica a la semejante petición, con el mismo propósito, enderezada por la PGR contra Andrés Manuel López Obrador.
Acaso con esa posibilidad en la mente, el miércoles se anunció la designación de Felipe González González, gobernador de Aguascalientes, como subsecretario de Gobierno, en reemplazo de Ramón Martín Huerta, nuevo secretario de Seguridad Pública. Aunque no es obligatorio atender el escalafón, como encargado del despacho en ausencia del secretario, el subsecretario de Gobierno estaría llamado a sucederlo si renuncia o pide licencia, con lo que tal vez lo ocurrido anteayer fue el nombramiento de un ulterior secretario de Gobernación.
Aun como subsecretario y más aún en la posición superior, asombra el nombramiento, por la inexperiencia del designado, la que se mostró aun en el modo en que se anunció su traslado a la ciudad de México. La Comisión permanente de la legislatura de Aguascalientes no recibía aún la solicitud de González para marcharse, ni él conocía bien a bien su destino inmediato, cuando en la ciudad de México Creel le daba la bienvenida a Bucareli.
