El viernes pasado rindieron protesta los cincuenta nuevos diputados locales en Veracruz, miembros de una legislatura en que Acción Nacional tendrá una leve mayoría o al menos el grupo con más integrantes, de suerte que si en estos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el triunfo de Fidel Herrera Beltrán como gobernador (resuelto en tal sentido por las instancias locales) habrá en esa entidad un Gobierno dividido.
El propio Tribunal federal modificó la asignación de diputados de representación proporcional hecha por el Instituto Electoral de Veracruz. Éste había atribuido cinco diputados de ese origen al PAN, nueve a la coalición Fidelidad por Veracruz, encabezada por el PRI, aliado con el Verde y un partido local y seis a la otra coalición participante, llamada Unidos por Veracruz, integrada por Convergencia, PRD y PT. Tanto Acción Nacional como la alianza surgida en torno del ex gobernador Dante Delgado se inconformaron con esa distribución ante la justicia federal. El dantismo, por resumir la denominación de Unidos por Veracruz, fue por lana y salió trasquilado, pues a la postre la asignación federal le restó un diputado por lo que su cuota quedó en cinco. El PAN, en cambio, recibió dos curules más, para llegar a siete.
Acción Nacional había ganado el mayor número de distritos, 14, por lo que su total es de veintiuno, el mismo exactamente que el de la coalición creada en torno de Herrera, que vio disminuir a ocho sus diputados de representación proporcional, a los que sumó los 13 de mayoría obtenidos en la elección del cinco de septiembre. El dantismo, que obtuvo tres victorias distritales, llegó apenas a ocho bancas. El empate entre el PAN y el fidelismo se resuelve si se cuentan las curules por partido, pues el PRI no dispone de las 21 de su coalición, sino sólo de 18. Dos corresponden al partido Verde y la restante al Partido Revolucionario Veracruzano, peculiar escisión del PRI que se alía con el partido del que surgió, se supone que por diferencias.
La asignación de las diputaciones de representación proporcional realizada por el Tribunal federal (acordada por unanimidad, a partir del proyecto presentado por su nuevo presidente, Eloy Fuentes Cerda) tuvo el propósito de evitar la subrepresentación del partido mayoritario y consecuentemente la sobrerrepresentación del minoritario. La cuestión estriba en determinar cómo se definen las condiciones de partido (o coalición) mayoritario y minoritario. La autoridad local consideró que la primera calificación corresponde al que ganó mayor número de curules, en este caso al PAN. Éste, en cambio, lo mismo que Unidos por Veracruz, estimó que la mayoría se mide por el número de votos, no el de bancas en la legislatura.
El Tribunal federal adoptó un tercer criterio. Puesto que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de curules ese órgano de la justicia electoral atribuyó los escaños de manera proporcional al número de votos emitidos. El Congreso local, el que va de salida, había aventurado una interpretación auténtica, que no fue tenida en cuenta porque cuando se realizó en el órgano local la asignación de bancas, el 26 de octubre, no estaba vigente el decreto legislativo correspondiente, ya que se publicó ese mismo día y sólo entró en vigor poco después.
La modificación practicada por el Trife tuvo un efecto político inmediato, ya que al perder el PRI (con sus aliados) su condición preeminente, la perdió también José Alejandro Montano Guzmán, el singular debutante en la política electoral que iba a ser la figura principal de la flamante legislatura. Se trata de un ex militar (se retiro con el grado de capitán segundo) que actuó durante largo tiempo como parte de la escolta personal del gobernador Miguel Alemán, aun antes de que asumiera ese cargo y antes siquiera de que ingresara a la política, lo que hizo ya en edad avanzada. Una vez instalados ambos en Jalapa, Montano fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública y luego ascendió al rango siguiente. La confianza que en él depositó el Gobernador le hizo aplicarse a tareas no vinculadas con el ámbito de su competencia. O quizá si. Por lo menos una vez actuó como comisario político, presente en la Cámara de Diputados para atestiguar que los diputados de esa entidad votaran en el sentido que interesaba al Gobernador. Quien sabe qué controles tenía o tiene aún el Gobernador sobre sus legisladores federales que el modo de ejercerlos recae en el jefe de la policía, que en último término eso era Montano.
Quizá como un argumento generado sólo para descalificarlo, en la víspera de que el Tribunal federal resolviera la asignación de las curules se trajo a la atención pública un expediente judicial relativo a Albino Quintero, un jefe del narcotráfico en Veracruz, delegado en esa entidad del Cártel de Juárez. En las averiguaciones del caso, cuando Quintero fue detenido, surgió una situación por desgracia no extraña en México: la vinculacion de delincuentes con autoridades, entre las cuales se mencionó a delegados de la secretaría de Seguridad Pública entonces a cargo de Montano.
Ante la posibilidad de que su nombre apareciera indebidamente involucrado en este caso, Montano hizo saber que dirigió al Procurador General de la República un escrito en que se pone a su disposición para cualquier diligencia de carácter judicial (ministerial habrá querido decir) que se requiera. Es útil su aclaración. Ya bastante tiene con el achicamiento de su nueva función.
