A ver si el diligente procurador de justicia del Estado de México Alfonso Navarrete Prida no ha encontrado a esta hora, entre las pertenencias de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el lunes, una carta en que se pide que no se culpe a nadie de su muerte. Ya encontró una en que el occiso “siente” que es “necesario explicar” su “situación personal”. Nada supo el público de esa misiva en las 48 horas inmediatamente posteriores al hallazgo del cadáver. Y ahora no sólo cuenta con el documento, difundido ampliamente no obstante formar parte de una averiguación ministerial, sino también con la interpretación del procurador. Según Navarrete, la carta confirma que Salinas fue víctima de extorsión, no obstante que no haya una sola línea en su manuscrito que permita llegar a tal conclusión.
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari agradeció en el velatorio, la noche del crimen, la “conducción responsable” de la indagación a cargo de Navarrete Prida, que desde el primer momento rechazó que se trate de un homicidio político. Junto a la desgracia de perder a su hermano, el ex presidente contó con la fortuna de que el cadáver fuera trasladado al territorio de un procurador amable y cercano. Navarrete empezó su carrera política durante el Gobierno de Salinas. Fue asesor de Mario Ruiz Massieu (que después lo infamaría en su libro Entrega inmediata), cuando éste trabajaba en Los Pinos, al comienzo de aquel sexenio. Y luego fue secretario de Jorge Carpizo, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en la Procuraduría General de la República.
La responsable conducción de las averiguaciones incluyó la autorización para cremar el cadáver, no obstante que la norma la prohíbe en el caso de muerte violenta. También incluye el empeño del procurador en desvincular el asesinato (o suicidio, según llegó a conjeturar el primer día) del procedimiento penal francés, como parte del cual la Interpol había emitido a fines de noviembre una solicitud de localización.
Es imposible considerar que nada tiene que ver el destino mortal de Enrique Salinas con su eventual llamado ante la justicia francesa. El mismo día en que fue asesinado, dondequiera que se le privara de la vida, en París el ministerio público requirió el comienzo de un juicio por lavado de dinero contra el ahora occiso, su ex esposa Leonor Lagarde y su hermano mayor Raúl. En enero de 1996 la oficina de lucha contra aquel delito, en el ministerio francés de finanzas, presentó la denuncia correspondiente y tras una paciente indagación ahora se ha solicitado que empiece el proceso.
En ese lapso, Enrique y su esposa se divorciaron. En el convenio respectivo él se obligó a entregar a ella dos millones de dólares tan pronto el Gobierno suizo descongelara la cuenta de una ficción jurídica manejada por Enrique, Tigra Corp, una empresa off shore con domicilio en Panamá. Ésa y tres cuentas más, así como diez de Raúl su hermano, fueron congeladas por el Gobierno suizo. En las suyas el hoy occiso tenía cerca de ocho millones de dólares. Desde algunas de esas cuentas de uno y otro hermanos la justicia suiza detectó transferencias por casi cincuenta millones de dólares (una partida de 27 y otra de 21 millones) a otras cuentas suyas, el típico recorrido para ocultar el origen de dinero de procedencia inexplicable.
Los gobiernos de Suiza y de Francia averiguaron si tal origen era desvío de dinero público o el narcotráfico. Pidieron al de México hacer lo mismo, pero la Procuraduría General de la República se limitó a la primera posibilidad, sin buen resultado. La acción se dirigió sólo contra Raúl, a quien en agosto de 2002 se acusó de peculado, por haber recibido 207 millones de pesos de la Presidencia de la República. Podríamos pensar que la PGR formuló tal acusación sólo para que sus colegas, los órganos acusadores de Francia y Suiza no pensaran mal. En octubre pasado, Raúl Salinas obtuvo un amparo basado en la peculiar naturaleza de la partida secreta, una abominable figura del autoritarismo priista, que comenzó su exoneración por ese delito. No obstante que el ministerio público federal pudo, por efecto de esa sentencia, reformular la acusación, se abstuvo de hacerlo y el juicio quedó anulado.
La interpretación judicial explica que no habiendo en la partida secreta destino para los fondos que la integran, no ha lugar a la acusación de peculado, que consiste en desviar recursos públicos de un fin a otro. De ese modo, así sea a posteriori, se consagró el abuso patrimonial en que sin violar la Ley incurrieron los presidentes priistas hasta Zedillo, cuando esa forma de despotismo quedó abolida.
En sus seis años de presidente, Salinas de Gortari recibió poco más de dos mil seiscientos millones de pesos a través de ese mecanismo, del que no estaba obligado a rendir cuentas.
Se presume que era una suerte de caja chica para cubrir gastos emergentes, pero aunque la acusación contra Raúl no prosperó, hoy se sabe de fijo que Salinas dispuso de parte de esos recursos para entregarlos a su familia.
El juicio francés que ya no podrá dirigirse contra Enrique, será enderezado contra su ex esposa y contra Raúl. Los esfuerzos de este último por salir de la prisión, en que purga sentencia por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu (el oscuro episodio en que Manuel Muñoz Rocha fue quizá también asesinado), podrían verse frustrados cuando la autoridad francesa inicie el lunes proceso en su contra, que acaso remedie la abulia mexicana.
