Tres veces el general secretario de la Defensa Nacional hizo evidente que caminaba en zona prohibida: “Resulta difícil hablar en el entorno de lo que sucede y más para un militar; se tiene que tener extremo cuidado en lo que se dice”; “sabemos lo que sucede, pero no nos corresponde a nosotros de ninguna manera, entrar a los terrenos de la política” y “podría seguir bordando sobre aspectos muy delicados, el problema es que lo diga un militar”.
No obstante el freno que su alerta interior le imponía, el general Ricardo Gerardo Clemente Vega García fue adelante y produjo el 30 de junio, en una ceremonia social, un discurso impropio del general de cuatro estrellas secretario de la Defensa Nacional. Por Ley, por costumbre, por necesidad, los militares en servicio y sobre todo los generales con mando de tropa tienen vedado participar activamente en política electoral —y en caso contrario solicitar su retiro— como también manifestarse en torno de la situación política nacional. ¿Significa tal acotamiento una limitación a sus libertades públicas, de expresión y de reunión? Sí, claramente sí; porque como lo dijo de modo redundante el general secretario “las Fuerzas Armadas tienen las armas”. Eso hace la diferencia. Una reunión armada no tiene derecho a deliberar, establece la Constitución. Lo hace porque el poder que da la posesión de instrumentos diseñados para causar daño debe ser legítimo, de plena subordinación a la Ley y a los poderes encargados de elaborarlas, hacerlas ejecutar y dirimir los conflictos surgidos de su aplicación.
La naturaleza enigmática del discurso del general Vega García, su estilo opaco y mal articulado, han suscitado diversas interpretaciones. Pero casi en todas se acepta con naturalidad el que se aleje de la Prescindencia, como se dice en Sudamérica, que debe caracterizar a las corporaciones castrenses, so riesgo de que la expresión de sus opiniones sea el antecedente de actos que rompan el orden jurídico de un país. Y no debe admitirse que en funciones el secretario de la Defensa calibre y califique lo que ocurre en la sociedad y lo que hacen las autoridades. Si, como dijo el titular de la Sedena, por su diseminación en todo el país, el Ejército sabe lo que ocurre, está en obligación de comunicarlo a su superior, al Comandante de las Fuerzas Armadas, pero no extraer de ese conocimiento opiniones para ser difundidas en público. Y menos de un modo deliberada o accidentalmente críptico, como lo hizo en la Academia Nacional, un ateneo privado que desde hace once años encabeza el ex subprocurador y ex diputado José Elías Romero Apis. (Digamos de paso que en los años finales del sexenio salinista, Romero Apis accedió a descender en la jerarquía administrativa de Subprocurador de la República a subdirector de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, acaso por la necesidad de dar rigor formal a la salida de un Presidente que poco después se vería envuelto en graves implicaciones legales a causa de la detención de su hermano como presunto responsable de asesinar a su ex cuñado).
La Academia Nacional otorgó hace dos años una condecoración al general Vega García y lo hizo ahora a una institución, el Colegio Militar, en cuyo nombre volvió a hablar en aquella tertulia el secretario de la Defensa Nacional. Los párrafos de su discurso que no son oscuros, son graves por sí mismos. Se desprende de uno de ellos que la lealtad y la obediencia a la Presidencia de la República es optativa: “Querámoslo o no” la ejercen las Fuerzas Armadas, dijo Vega García. No es así. No ha lugar a la elección. Las corporaciones militares acatan, por definición, por disciplina, a sus superiores. Si se plantea la disyuntiva, el militar debe dejar de serlo.
En sus pasajes oscuros, la intervención del general secretario generó confusiones e inquietud. Pareció afirmar que las Fuerzas Armadas no defenderían al poder político, sino a la patria, cuando lo que dijo, tal como lo demanda la naturaleza de la institución, es que el Ejército tiene las armas, ello no implica tener el poder político, es decir no pretende ejercerlo directamente. Ha sido interpretado muy diversamente, a su vez, su pedido de conciliación y perdón. ¿Qué quiso decir con ello? No es seguro que aludiera a la situación actual en el país porque a la conciliación se refirió en el único párrafo leído y no improvisado de su discurso, una cita de sí mismo, dicha originalmente el Día del Ejército, el 19 de febrero, cuando las condiciones de la vida política eran muy otras.
Dichas las palabras del general secretario al día siguiente de una importante decisión de la Suprema Corte de Justicia que por implicación se refiere a militares en riesgo de ser consignados y eventualmente a un ex comandante supremo de las Fuerzas Armadas en tal situación, quizá se refirió a esa circunstancia. Al sobreseer una controversia constitucional iniciada por el Gobierno de la ciudad de México contra el Ejecutivo y el Senado acerca de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el mayor tribunal confirmó su tesis sobre la prescripción en el delito de privación ilegal de la libertad: sólo comienza a correr cuando aparece la persona privada de la libertad.
Esa interpretación dio lugar de inmediato a apresuradas aprobaciones a la idea de perdonar a los servidores públicos que cometieron crímenes en la Guerra Sucia. Ni siquiera se les ha identificado y ya se solicita para ellos la nobleza de la República.
