Días antes de que se consignara a la justicia la acusación por genocidio, concretado en la matanza del diez de junio de 1971, la oficina de la Fiscalía especial contra delitos cometidos por funcionarios en la Guerra Sucia fue vulnerada. No fue un asalto común y corriente, de esos que incluyen computadoras en el botín.
Un conocedor realizó la operación, que consistió en llegar hasta ese singularísimo expediente, a punto de ser cerrada su fase ministerial y arrancar unas fojas, de suerte que no fuera posible dar continuidad a la lectura. En un episodio distinto, de la Procuraduría General de la República se extravió el original de un documento especialmente importante para probar, según la tesis del doctor Ignacio Carrillo Prieto, que ese delito no ha prescrito. Se trata de un oficio firmado en noviembre de 1982, poco antes de concluir su gestión, por el procurador Óscar Flores Sánchez, en el que declara prescrito ese ilícito. Copia del documento ha sido difundida por la defensa del ex presidente Luis Echeverría, como constancia inequívoca de que por el simple transcurso del tiempo hace ya 22 años no eran perseguibles esos delitos, por lo que menos lo son ahora.
En cambio, el fiscal otorga especial importancia al documento porque a su juicio los términos de la prescripción se interrumpen cuando se actúa en el expediente de cualquier modo, aun como el que consta en el oficio del ex gobernador de Chihuahua.
(En nuestra opinión, además, la instrucción de Flores Sánchez de archivar aquella averiguación sería impugnable ante los tribunales, pues no toca al ministerio público determinar si el asunto prescribió o no, sino después de la averiguación previa, que en ese caso ni siquiera se inició a derechas. Aquí y allá, a lo largo del tiempo, se realizaron diligencias, pero nada que se parezca a una investigación tendiente a establecer el cuerpo del delito y a fijar responsabilidades. Por eso jamás se llamó a declarar ni siquiera a los funcionarios defenestrados en esa ocasión, como Alfonso Martínez Domínguez y Rogelio Flores Curiel, regente de la ciudad y jefe de la policía, que además de perder su puesto cayeron en desgracia.
Menos aun se buscó al ex procurador Julio Sánchez Vargas, depuesto por el presidente Echeverría para mostrar su molestia ante el retraso de la investigación, porque Sánchez Vargas continuó en el Gobierno de quien lo despidió por no hacer lo que era obvio que no se podía hacer entonces). Puesto que el avezado asaltante de la oficina del fiscal especial rompió cerraduras para tener acceso al expediente y no sólo procuró alterarlo, la propia oficina de Carrillo Prieto denunció los hechos. Pero éstos al parecer no han preocupado a nadie más que a él. No figura en los registros de las subprocuradurías competentes el inicio de averiguación previa alguna sobre el asunto. Al contrario, de esas oficinas superiores surgieron, apenas rechazada la solicitud de órdenes de aprehensión por genocidio, críticas diversas, todas cobardes porque se formularon sin dar la cara, sobre la calidad de la acusación. De su eficacia, al menos, podremos tener verificación cuando se tramite la segunda instancia.
El sumario está ya en manos del magistrado Pablo Antonio Ibarra Fernández, que resolverá la apelación en el indeseado caso de que la Suprema Corte de Justicia no se haga cargo de ella. Se ha esparcido la información de que la oficina del general Procurador general de la República estudia el expediente para asegurarse de que el tribunal mayor no rechazará su petición. Si ocurre, es una precaución extraña y excesiva, porque en el anterior episodio de esa naturaleza —la negada aprehensión de Miguel Nazar Haro— la Suprema Corte no tuvo empacho en ocuparse del caso y en manifestar su determinante criterio sobre el modo en que se computa la prescripción.
Los rumores y reticencias surgidos y practicados en la PGR sobre el funcionamiento de la Fiscalía especial y con mayor razón el ataque de que fue objeto su oficina son algunos de los obstáculos a que ha tenido que enfrentarse y que deberían ser objeto de preocupación pública.
De por sí, su tarea resultaba complicada en extremo porque realizar una averiguación más de tres décadas después de consumados los acontecimientos puede toparse con la nada, por la destrucción, deliberada o por incuria, de la documentación que pueda servir para probar conductas. Muchos de los actores de los acontecimientos han muerto y los que viven y pueden resultar implicados se hicieron víctimas de un pertinente mal de Alzheimer, maldito siempre salvo cuando se trata de utilizarlo, esté o no presente en el organismo, para olvidos selectivos de hechos del pasado.
Por añadidura, la fiscalía ha estado en la mira de una diversidad de intereses y aun de concepciones sobre su modo de ser y de actuar y aun de su estrategia jurídica.
Miembros de su consejo consultivo (creado por el mismo acuerdo presidencial que instruyó al procurador Macedo de la Concha para organizar tal fiscalía) se han retirado o han denunciado sus tareas. Parte de su personal ha sido puesta en cuestión o ha sido retirada por el propio Fiscal, porque actúan como el enemigo en casa. Es posible, lo digo por mi parte, que el robo practicado en julio, que acaso tenía como propósito frustrar la anunciada consignación, fuera cometido por personas despedidas meses atrás de la Fiscalía. Pero precisamente por eso se había hecho anuncio público de la consignación, para que nada pudiera impedirla.
