Cuando en enero de 2000 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desaprobó la inclusión de la imagen de Vicente Fox en las boletas electorales, el entonces candidato presidencial calificó de marranada esa decisión.
Converso a las buenas maneras (o por lo menos anuente a que las practique su secretario particular Alfonso Durazo), frente a una nueva y grave sentencia de ese órgano de justicia, ya no descalificó a sus autores con el lenguaje que tanto se le festejaba entonces, sino que se ha limitado a decir que “no comparte los criterios de los magistrados”.
Malamente podría compartirlos, porque los integrantes de la sala superior de aquel tribunal le atribuyeron conocimiento y beneficio personal del sistema de financiamiento paralelo y por lo tanto ilícito, puesto en práctica en los años previos a su elección como Presidente de la República. Si bien es cierto que sólo los partidos son sujetos de la justicia electoral, los miembros de su órgano superior tuvieron claro que las conductas que infringen la norma son realizadas por personas.
Así, reza la sentencia acordada por unanimidad de los siete magistrados del Tribunal el jueves pasado, el PAN “tuvo conocimiento y se encontró vinculado con la creación del financiamiento ilícito, ya que de las constancias que obran en autos, de los hechos no objetados y reconocidos y de los notorios, valorados conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se advierte la participación de militantes, simpatizantes y del propio candidato a la Presidencia de la República, así como de personas que participaron en la campaña, todo lo cual vincula al instituto político” mencionado.
“También quedó evidenciado que dicho partido utilizó el financiamiento ilícito y se benefició con éste, a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y del propio candidato a la Presidencia de la República, quienes se avocaron a recaudar recursos, o bien los aportaron para apoyar la campaña de dicho candidato, con el propósito de que esos movimientos no se reflejaran en la contabilidad de tal partido político, del cual además también se demostró su participación activa en el funcionamiento y aprovechamiento del financiamiento paralelo, al asumir como propias diversas asesorías prestadas por terceros, que originalmente habían sido cubiertas con recursos procedentes del financiamiento ilícito”.
El Tribunal confirmó en lo sustancial el acuerdo del diez de octubre pasado del Consejo General del IFE, pero lo superó. Criticó el procedimiento de la autoridad administrativa al individualizar la sanción —lo llamó “deficiente— pues “no consideró que los diversos hechos constituían un solo ilícito complejo, conculcatorio del sistema de financiamiento de los partidos”.
En cambio, actuando en “plenitud de jurisdicción” —es decir, sin necesidad de devolver el expediente al IFE sino asumiendo directamente la facultad de sancionar—, el Tribunal acumuló razonamientos sobre la gravedad de la falta. Estableció que “la sola existencia de un sistema de financiamiento paralelo constituye una conducta grave y que ésta se incrementa en la medida en que converjan más hechos ilícitos, se afecten otros bienes jurídicos o se incrementen los montos implicados”.
En este caso así fue: “se da esa concurrencia de hechos porque quedó demostrado que hubo diversas violaciones”. Por lo demás, “las circunstancias en que se ejecutaron y las consecuencias materiales que produjeron, llevan a determinar que la infracción administrativa cometida por los partidos fue de considerable gravedad”. Y no sólo: “El financiamiento paralelo se utilizó en la elección del titular del Poder Ejecutivo federal, lo cual debe tenerse en cuenta como agravante de la conducta ilícita”.
Otros hechos, que no formaron parte de la litis pero sí del fenómeno político del funcionamiento de ese sistema paralelo, refuerzan la obvia conducción del sistema paralelo por el candidato. Ya presidente, atrajo a su Gobierno a protagonistas de ese mecanismo: Carlos Rojas Magnon, responsable del Fideicomiso para el desarrollo y la democracia en México fue, aunque de modo efímero, coordinador de administración de la Presidencia de la República. Y los responsables de las oficinas en León y Puebla del Instituto Internacional de Finanzas, piezas del sistema paralelo, son ahora el secretario y el subsecretario de Relaciones Exteriores: Luis Ernesto Derbez y Miguel Hakim.
La sentencia del Tribunal es definitiva e inatacable. Por eso es risible hacer virtud de su acatamiento. Los partidos sancionados no podrían evitar el castigo, ya que las multas (fijadas y aplicables con rigor congruente con la gravedad de las faltas) se pagan automáticamente mediante la retención de las ministraciones mensuales que entrega el IFE.
Al resto de los involucrados no se les castiga jurídicamente, pero se les abre un crédito ético que deben saldar. La legalidad de la investidura presidencial y aun su legitimidad, no pueden ser formalmente cuestionadas, pero se hubieran fortalecido si Fox no resuelve pasar como sobre ascuas en este asunto.
El Tribunal sancionó infracciones administrativas no delitos, que no son de su competencia. Pero de su análisis podrían desprenderse implicaciones penales. Prematuramente, la Fiscalía de Asuntos Electorales de la PGR resolvió no iniciar acción penal en este caso. Quizá ahora pudieran ya no digamos prosperar sino ser atendidas las demandas presentadas por Pablo Gómez y Jaime Cárdenas.
