En vísperas de que la Cámara se erija en gran jurado para desaforar al diputado local con licencia René Bejarano, recordemos tres casos célebres relacionados con la inmunidad que protege a los miembros del Poder Legislativo.
1) El primero es el de Carlos A. Madrazo, iniciado en diciembre de 1944, en el que no hubo desafuero y sí notorias violaciones a la Ley, posibles porque se trataba de un golpe político asestado desde el poder. Madrazo, diputado entonces, fue acusado (junto a sus compañeros Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas) de falsificar tarjetas de braceros y traficar con ellas. Sin reparar en su fuero, apenas la Secretaría del Trabajo presentó la denuncia, la Procuraduría General de la República consignó a los diputados ante un juez penal, que también debió ser venal, pues el 15 de enero de 1945 ordenó la aprehensión de los legisladores y sólo al día siguiente solicitó a la Comisión Permanente el desafuero de los congresistas, no obstante que era un requisito previo que el ministerio público, no el juez, debía satisfacer.
Madrazo demandó amparo contra esos hechos, pero el juez demoró su resolución al punto de que el primero de febrero la Cámara se reunió en sesión extraordinaria para privar de su inmunidad a los acusados, pues así lo determinó el dictamen de la Sección Instructora, elaborado premiosamente. Pero antes de que el pleno votara, Madrazo solicitó licencia, que le fue concedida, para presentarse voluntariamente ante el juez. Así lo hizo y el siete de febrero entró en reclusión preventiva. Cuando le fue dictado el auto de formal prisión, quiso poner fin a su licencia, pero la Cámara no lo autorizó a volver.
El 16 de abril el moroso juez de amparo se lo concedió, sobre la base de que la licencia no priva del fuero. La Suprema Corte confirmó en última instancia ese parecer, el 28 de febrero de 1946 y Madrazo quedó en libertad, pues se le había aprehendido sin fundamento. Luego de años de ostracismo político, fue Gobernador de Tabasco y presidente y disidente del PRI. Murió en 1969 en un accidente aéreo no esclarecido.
2) Manuel Muñoz Rocha no era un diputado del montón en la LV legislatura, la segunda del sexenio salinista. El tamaulipeco presidía la comisión de recursos hidráulicos, que en el sistema presidencialista vigente entonces era una de las interlocutoras de la SARH, cuyo titular era el poderoso Carlos Hank González. Adicionalmente, Muñoz Rocha había llegado a esa posición por su cercana amistad con el hermano mayor del presidente Salinas, Raúl. Poco después del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre de 1994, los autores materiales del crimen declararon que los había concertado ese legislador, que desapareció para no ser detenido.
A efecto de solicitar orden de aprehensión en su contra, era preciso desaforarlo. Pero no se quiso montar un espectáculo político que agregara sus peripecias al estremecimiento que afectaba a la sociedad, a causa de dos asesinatos políticos en un semestre.
Y como en ningún extremo la Ley importaba nada, se optó por la licencia. El problema era que Muñoz Rocha no aparecía y por lo tanto no podía dar ese paso. Como si fuera Gonzalo N. Santos quien hablara: no hay dificultad insuperable para un hombre de carácter, se creó la solución, es decir se hizo aparecer una presunta solicitud firmada por el diputado tamaulipeco. La extraña petición fue aprobada el cinco de octubre, con el voto en contra de panistas y perredistas, que luego de sufragar en tal sentido abandonaron la sesión para subrayar su asco por la maniobra. La fracción priista sostuvo que la sola licencia suprimía el fuero.
La verdad es que daba lo mismo si Muñoz Rocha podía o no ser aprehendido, pues materialmente no hubo nunca la posibilidad de capturarlo. Diez años después del suceso sigue desaparecido. O algo más definitivo.
3) Jorge Díaz Serrano no pudo, como quiso su amigo José López Portillo, ser candidato a sucederlo. Ambos se contentaron con la senaduría que le otorgaba inmunidad ante la eventual revancha de Miguel de la Madrid desde la Presidencia. Habían tenido discordancias y desencuentros cuando aquel dirigía Pemex y éste seducía a López Portillo desde Programación y Presupuesto. Y cuando fue políticamente conveniente y hubo tela de dónde cortar, el fuero no sirvió para nada.
Según lo refiere De la Madrid en sus memorias, el 29 de junio de 1983 “la Procuraduría General de la República, con base en la denuncia presentada por la Contraloría General de la Federación solicitó a la Comisión Permanente... el desafuero del senador Jorge Díaz Serrano. El legislador fue acusado de defraudar a Pemex por cinco mil millones de pesos en la compra de dos buques-tanque gaseros.
Con más cuidado de las formas que en los casos anteriores, la Cámara celebró dos sesiones extraordinarias, una para instalar la Sección Instructora y otra, el 30 de julio, para votar el dictamen que produjo. Aunque De la Madrid incurre en la inexactitud de decir que por unanimidad el pleno resolvió privar del fuero a Díaz Serrano “y solicitar” a la PGR su consignación, la verdad es que se autorizó a la Procuraduría a realizar esa consignación. Concedida como de rayo la orden de aprehensión, horas después Díaz Serrano se presentó voluntariamente ante su juez, en el Reclusorio Sur. No obstante que eso mostró, dice De la Madrid la “serenidad y sangre fría” del ex director de Pemex, dice también que “en todo momento temimos que se fugara del país”.
Con un proceso adicional, pasó cinco años preso.
