Ciertamente se excedió el presidente Fidel Castro al descalificar a varios Gobiernos con los que el suyo mantiene relaciones diplomáticas, por su voto en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Dijo de los países europeos que estuvieron en ese caso, que forman una mafia. Censuró también a Perú. Y a México, en términos análogos a los que el canciller Felipe Pérez Roque expresó apenas concluida aquella votación. Los europeos, acaso concentrados en celebrar la ampliación de su patria común, ocurrida el mismo día del discurso de Castro, no concedieron importancia al asunto. O al menos no sintieron necesidad de reaccionar con premura. No lo habían hecho cuarenta y ocho horas después de expresado el agravio en su contra. Lima no quiso dejar para el lunes lo que pudiera hacer el domingo, y ordenó el retiro de su embajador en La Habana. México hizo lo mismo. Pero hizo más, mucho más. Pero la diferencia en el grado de la reacción se explica no porque el Gobierno de México tenga mayor sentido de la dignidad nacional que los otros ofendidos, sino porque el discurso del Primero de mayo es, sí, la gota que derramó el caso, pero también el pretexto para congelar la relación con Cuba no por diferencias o descortesías, sino en función del quemante asunto encarnado en Carlos Ahumada.
La deportación del empresario ahora preso en el Reclusorio Norte (cuya suerte jurídica se decide hoy) y el mensaje adjunto forman la verdadera causa de la actual tensión, rompimiento virtual, entre los Gobiernos de Cuba y México. De allí que no sólo se haya ordenado a la embajadora Roberta Lajous volver cuanto antes, sino que se haya expulsado al embajador Jorge Bolaños (no otra cosa significa pedir que salga en un lapso perentorio, de sólo 48 horas, que también se cumplen hoy) y se haya declarado persona non grata al consejero político Osvaldo Silva, echado de México de modo fulminante.
La causa de ese desconsiderado despido o es banal o es peligrosísima. La falta atribuida a Silva fue poner en comunicación a dos dirigentes del Partido Comunista Cubano con mexicanos con quienes trataron, “fuera del marco institucional y de los procedimientos que se establecen en los acuerdos y tratados vigentes entre ambos estados, asuntos que, en todo caso, deben desahogarse por la vía diplomática con las instancias competentes”.
Así describió el secretario de Gobernación la conducta de esos dirigentes, al explicar la causa de la expulsión del consejero político. No entró en pormenores, pues la dependencia a su cargo “se reserva en términos de ley, la información detallada de lo sucedido”. Es de suponerse que la Ley aludida es la de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que considera reservada la relativa a la seguridad nacional.
Los dirigentes cubanos se entrevistaron con el líder del PRD, Leonel Godoy. Ni aquellos son funcionarios del Gobierno de Cuba (por más que lo sean del partido del Estado) ni lo es del mexicano el presidente del Partido de la Revolución Democrática. No hay, por consecuencia, ningún marco institucional que rija sus encuentros. Y si Gobernación sabe que los asuntos que abordaron “deben desahogarse por la vía diplomática con las instancias competentes” es porque ha sometido a visitantes extranjeros amparados por la Ley, y a dirigentes políticos mexicanos a una vigilancia ilegal que era actividad corriente en el régimen autoritario pero que no debía serlo en un Gobierno que ofreció y recontraofreció conducirse en esa materia por pautas exactamente contrarias a las practicadas durante el priismo.
Los cubanos estuvieron seis días en México, hace un mes, del tres al nueve de abril, y uno de ellos volvió para una estancia más breve, del 20 al 22 del mismo mes. Tan largo tiempo transcurrió desde el término de su primer viaje, y aun del segundo respecto del momento en que Gobernación dio a conocer esas fechas, que ambas estadías parecen haber carecido de importancia, a menos que la lentitud del Centro de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (Cisen) las haya procesado con demora y sólo semanas después se haya reparado en los riesgos que la seguridad nacional corrió por las conversaciones entre los visitantes cubanos (responsables del área de América y de México en el comité central del PCC) y el dirigente perredista.
Godoy preside un partido que no actúa en la clandestinidad ni mucho menos. Participa normalmente en elecciones y dispone de amplia representación parlamentaria (más de un centenar de legisladores en el Congreso federal), al mismo tiempo que candidatos postulados por su partido gobiernan media docena de entidades, entre ellas el Distrito Federal. Hacerlo víctima de un seguimiento de espionaje y pretender que actúa en contra de la seguridad nacional por haber sostenido entrevistas que no fueron ocultas, como se desprende del texto de Bucareli (que no lo nombra pero lo alude) es incurrir en grosero y riesgoso faccionalismo.
La razón de esa conducta se llama Ahumada. Los cubanos y Godoy probablemente hablaron de lo dicho por el entonces recluso en La Habana, a parte de lo cual se refirió el comunicado del ministerio de relaciones exteriores al mismo tiempo que explicó la deportación del ahora preso en el Reclusorio Norte. Al poner en jaque la relación con Cuba parece que el Gobierno mexicano se previene de lo que el de la isla pueda dar a conocer. La Habana se expone ahora, si va adelante en el caso Ahumada, a que rompa con Cuba el único país que nunca lo ha hecho.
