A fines de este mes se otorgará el contrato para garantizar un seguro de gastos médicos a personal de alto nivel del Gobierno Federal que está ya amparado por el ISSSTE, al que cotizan los funcionarios mismos y el propio Gobierno. Mientras ese Instituto de seguridad social para los trabajadores del Estado se halla en graves dificultades financieras, la administración está dispuesta a gastar hasta un mil 125 millones de pesos en ese renglón. Un millar de servidores públicos contará con una suma asegurada de hasta 1.3 millones de pesos cada una.
No se trata de una prestación nueva, pero es la primera vez que se somete a licitación. Hasta ahora, el monto de esa redundante prestación volvía en cierto modo al Estado, porque se contrataba con Aseguradora Hidalgo, de propiedad pública. Pero como es pecado que existan empresas gubernamentales, ésa fue privatizada. La adquirió MetLife, que es la probable ganadora de la licitación a que convocó el Gobierno apenas el 27 de octubre, cuando otorgó un plazo de un mes para un concurso que no debe ser muy complicado porque es reducido el número de oferentes. Una de las condiciones para asignar el contrato es que la cobertura médica se haga en los mejores hospitales del país. Buena parte de ellos -por lo menos los más onerosos- es ahora propiedad del grupo Ángeles, cuya presencia dominante en ese campo sería ya materia de investigación por la Comisión de Competencia Económica. Resulta un contrasentido que si por disposición judicial se licita este contrato entre varias aseguradoras (lo que no implicaba de suyo privatizar a la Hidalgo) en el final de la cadena se beneficie ahora un consorcio con tendencia monopólica.
El derroche de los recursos públicos es uno de los peores defectos del sistema autoritario que no se ha desmantelado y del que la creación de una casta privilegiada es causa y efecto. No sólo se despilfarra dinero proveniente de los particulares, sino que se contribuye a la inequidad, la mayor lacra de nuestro país. Los altos salarios de los miembros de la administración, distantes años luz de las remuneraciones que con enorme esfuerzo obtiene el mexicano promedio, permitirían a los funcionarios sufragar su propio seguro de gastos médicos, si les resulta insatisfactorio el servicio de las instituciones de la seguridad social. Por eso es doblemente injusto que ese costo se cargue al erario.
El concepto mismo de tal seguro es ofensivo para el resto de la burocracia. Implica un sentido de superioridad que desdeña el trabajo del ISSSTE. Es impensable que los secretarios de Estado sean atendidos en el hospital Veinte de Noviembre. Se les coloca por encima de los trabajadores de base que, ellos sí, deben sufrir la lentitud y la insuficiencia de los servicios médicos de esa institución. Ya los separa la inmensa brecha salarial, reveladora de que para el criterio gubernamental un funcionario de primer nivel vale lo mismo que cientos de personas. Por añadidura se subraya la diferencia con la calidad de atención medica a que tienen derecho.
El dispendio en esa materia no es privativo de la administración. Lo practican los órganos de los dos poderes restantes. En el legislativo se ha documentado no sólo el alto costo de la atención médica en el extranjero, sino también abusos y aun delitos, porque dice el refrán que en arca abierta hasta el justo peca. No se derrocha sólo en los montos sino en los conceptos, pues se pagan servicios que no conciernen a la salud sino a la apariencia.
Tirar el dinero ajeno con irresponsabilidad no es práctica que se limite al servicio médico. El derroche comienza con los sueldos. El Presidente de la República, que aparte disfruta de casa, vestido y sustento recibe remuneraciones mayores que las cubiertas a los Mandatarios de casi todos los países, incluido el Presidente de los Estados Unidos, cuya economía y cuya sociedad se hallan en mejores condiciones que la nuestra. Lo mismo ocurre con el gabinete federal. Los Gobernadores no se quedan atrás, pues no se ha abolido la zalamería de las legislaturas locales, que retribuyen con creces los heroicos esfuerzos del Ejecutivo que rige cada entidad. Y ante ese ejemplo, cunde la pésima costumbre de que los Alcaldes ganen como si fueran futbolistas en el Real Madrid. Y no lo hacen sólo quienes encabezan ayuntamientos prósperos por corresponder a municipios grandes y pujantes, sino los de enclaves grises de miseria. El anterior alcalde de Ecatepec escandalizó aun a sus compañeros panistas por haberse establecido o aceptado, una paga mensual de más de cuatrocientos mil pesos.
En los años setenta, el Partido Mexicano de los Trabajadores acuñó un lema, un dístico ilustrativo de la irritación pública causada por los elevadísimos emolumentos de los funcionarios (que no servidores públicos, pues no sirven sino que se sirven): salario mínimo al Presidente, para que vea qué se siente. Nadie estaría dispuesto a recibir esa escuálida retribución el ejercer el Poder Ejecutivo, no obstante que todos sus titulares se llenan la boca con el alto honor que significa el desempeño de la primera magistratura.
Se pagan altos salarios (en un círculo perverso, pues los fijan quienes los reciben) por la calidad de la función y en las sociedades de mercado, para competir con el sector privado, que tiene en sueldos, salarios y honorarios un instrumento de productividad y de ganancia. Pero eso no rige en el sector público, donde a un desempeño pobre puede corresponder una paga onerosa.
