Dentro de poco, un acto de justicia electoral será, al mismo, tiempo, de justicia poética: eso ocurrirá cuando el candidato derrotado en la contienda por la alcaldía de Mérida, Víctor Cervera Pacheco acuda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que desacató de modo contumaz en los meses finales de su gubernatura, hace tres años.
Perdedor en su intento de retornar a un cargo, el ex gobernador Cervera Pacheco anunció que recurriría a los tribunales para impedir la consumación de la victoria en las urnas de su antagonista Manuel Fuentes Alcocer. En un acto de irreflexión o de soberbia, Cervera Pacheco, que ya fue alcalde de Mérida y dos veces gobernador de Yucatán creyó tarea sencilla vencer a un candidato panista de tenue presencia. Pero los votantes que lo eligieron (o eso se decía entonces) cinco veces: como diputado local, presidente municipal, diputado federal, senador y gobernador, esta vez le volvieron la espalda. O mostraron que antes no había ocurrido lo que se dio como resultado.
Al entrar en la ruta de la justicia electoral, Cervera Pacheco padeció una segunda derrota. El sábado cinco el Tribunal Electoral del Estado confirmó la victoria panista, frente a la impugnación presentada por el PRI. Pero el ex gobernador tiene abierta una segunda instancia en el ámbito local, en un terreno que le es particularmente propicio. Merced a una reforma conseguida cuando su partido dominaba avasalladoramente la legislatura, funciona otro Tribunal Electoral, cuyas características son favorables a la causa de Cervera Pacheco.
Antes de que en 1996 se creara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunas entidades establecieron órganos de segunda instancia en la justicia electoral, todos los cuales desaparecieron al crearse la sala superior del Trife. No fue así en Yucatán, donde la supervivencia de aquella instancia otorga facultades electorales al Tribunal Superior de Justicia. Conforme a ese resabio legal, ese órgano designó la semana pasada a dos magistradas y un juez para integrar el Tribunal Superior Electoral del Estado ( TSEE), que ya comenzó a actuar.
Sus tareas suscitan polémica, no sólo por las decisiones en sí, sino por la personalidad de quienes las toman. El TSEE anuló la elección en dos municipios (Dzan y Kinchil) donde había ganado el PAN y aunque también en dos (Akil y Opichén) una resolución del TSE produjo el mismo resultado, el panismo reaccionó de modo diferente: admitió de modo sereno las anulaciones de la primera instancia pero criticó severamente la actuación de las magistradas. Y es que las juzgadoras, Mercedes Pérez Fernández y Migdalia Rodríguez Arcovedo forman parte del grupo de magistrados del Tribunal Superior sometidos a juicio político por la legislatura. Los miembros del tribunal, designados en la época de la dominación priista (una de ellas, Ligia Aurora Cortés Ortega fue candidata de ese partido a una diputación local) no tuvieron siquiera la elegancia de designar magistrado electoral a Jorge Luis Rodríguez, el único miembro del tribunal no incluido en la acusación de juicio político, lo que hubiera dado alguna credibilidad a ese órgano.
La identificación de las magistradas electorales con el PRI y por ende con Cervera Pacheco, hace temer al PAN que en vez de confirmar el fallo del TSE, el TSEE lo revoque y anule el triunfo de Fuentes Alcocer. Si bien hasta el miércoles no se había presentado el recurso del ex gobernador, parece improbable que se abstuviera de hacerlo. Además de su propio alegato, aprovechará sin duda el hecho de que el fallo sabatino fue adoptado por mayoría de tres votos contra dos.
Cualquiera que sea la resolución del TSEE, no concluirá allí la ventilación judicial de la elección meridana. El siguiente y último paso debe darse ante el Tribunal Federal. Aunque Cervera Pacheco no lo hará personalmente, será de verse el talante con que el PRI acuda ante ese órgano, juzgado execrable por el gobernador hace tres años y al que pretendió negar la autoridad que en este caso buscará se ejerza en su favor.
En agosto y octubre de 2000, el Congreso yucateco, controlado por el gobernador, integró un consejo electoral a modo, para organizar los comicios de mayo siguiente. En diversas sentencias, el Tribunal Federal rehizo la legalidad atropellada por aquellos dos poderes y tuvo que integrar directamente un consejo conforme a la Ley (que es el que reguló los comicios del 16 de mayo pasado). El seis de febrero el Tribunal requirió a Cervera Pacheco para que “proveyera lo necesario” a fin de que ese consejo legal funcionara. El gobernador desacató la decisión del tribunal, que así lo declaró formalmente el 12 de febrero. Todavía la legislatura intentó trampear constituyendo un tercer consejo, que al igual que el primero no fue admitido por el Tribunal.
Fue precisa la intervención de la Suprema Corte, que validó todas las decisiones del
Tribunal y requirió al tercer consejo, a la legislatura y al gobernador a cumplir su fallo en un plazo perentorio. Sólo en ese momento Cervera Pacheco admitió finalmente la autoridad de la justicia federal, por lo que el nueve de mayo de 2001, muy próxima la fecha para los comicios (28 de mayo) el Trife tuvo por “sustancialmente cumplida” su sentencia de noviembre del año anterior, la que dio origen a todas esas peripecias judiciales.
Ese tribunal, que con firme decisión hizo acatar la Ley hace tres años, también esta vez hará justicia electoral (y poética).
