En previsión de que, como finalmente ocurrió, el PRD se negara a presentar a la senadora María del Carmen Ramírez como su candidata al Gobierno de Tlaxcala, en su pretensión de suceder a su propio marido, un grupo de sus allegados publicó un desplegado en defensa de esa candidatura. El comunicado resume la forma de actuar de la pareja tlaxcalteca. Lo firman 20 personas, lista breve en que es posible apreciar a simple vista el engaño. Dos personas aparecen con nombres ligeramente diferentes, como si fueran cuatro: Edibelrto Alberto Jaramillo y Edilberto Jaramillo y Dánzale Tehozol Pérez y Danzel Tehozol Pérez. Con su nombre verdadero aparece sí, la muy competente diputada federal Minerva Hernández Ramos, que fue secretaria de Finanzas del Gobierno de Alfonso Sánchez Anaya.
El abuso y el error de la pareja tlaxcalteca se incubaron hace mucho tiempo, desde comienzos de 2000, pero nadie le concedió importancia entonces. En aquellos días, recién afiliados al PRD —lo hicieron ambos en 1999—, los miembros del dúo Sánchez-Ramírez consiguieron parte de su propósito, pero al mismo tiempo mostraron sus limitaciones. Él, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, había renunciado al PRI el 27 de abril de 1998 y poco después se convirtió en candidato a gobernador de Tlaxcala sostenido por una coalición formada por el PRD, el PT y el PVEM. Ganó las elecciones contra Joaquín Cisneros, hijo de un ex gobernador del mismo nombre. Un año después de haber asumido su cargo se afilió al PRD, al mismo tiempo que su esposa, María del Carmen Ramírez García. Meses después, al influjo de su marido, ella fue elegida primera integrante de la fórmula perredista al Senado. Pasó el escollo interno, pero no el proceso constitucional: la fórmula priista, compuesta por Mariano González Zarur y el derrotado Cisneros se impuso en la elección senatorial, con casi veinte mil votos de diferencia.
A causa de esa derrota, la esposa del gobernador entró al Senado como representante de la primera minoría. Sin embargo, recientemente Sánchez Anaya, para inventarle méritos, aseguró que había resultado victoriosa en su postulación senatorial. “El obstáculo en el Senado —dijo a la revista Líderes mexicanos, para su número de agosto— es que yo llegué con la etiqueta de ser la esposa del Gobernador y eso hizo que muchos hombres y mujeres, de entrada me descalificaran, pues pensaban que no era capaz de tomar decisiones por mí misma. Tuve que trabajar doble, triple, cuádruple, para quitarme esa etiqueta”. Por lo visto, no lo consiguió. Su trabajo parlamentario, como el de su esposo cuando fue diputado del PRI en la Legislatura 56, apenas se ha hecho notar. Es secretaria de dos comisiones, la obligada de equidad de género y la de comercio y fomento industrial.
Fue autora de dos iniciativas que no prosperaron y nunca fue a la tribuna a manifestarse de modo singular en un debate de alto relieve. No puede deberse, por lo tanto, su notoriedad en Tlaxcala, a su desempeño legislativo, ni a su trabajo político anterior (prácticamente inexistente) sino a su condición de esposa del Gobernador y a su condición de presidenta del DIF. Hablando de su marido, “soy su colaboradora más cercana”, confesó a Líderes, con lo que reconoció el defecto principal de su candidatura, el mismo que se atribuyó siempre a Marta Sahagún, hasta su retiro de la presunta postulación presidencial a que aspiraba. Cuando en el PRD percibió el proyecto del Gobernador y su esposa, que era similar en su ámbito al del Presidente y su señora, tan justa y consistentemente denunciado por ese partido, se buscó cerrar el paso a la maniobra, visto que la prudencia y la sensatez de los involucrados, que deberían impedirse dar el paso, brillaban por su ausencia.
En el estatuto reformado por el congreso perredista reciente se estableció la prohibición de que la esposa, o esposo, concubina o concubino, o parientes de primer grado de un funcionario perredista elegido participara en la sucesión de dicho funcionario. Cuando el consejo general del IFE, como marca la Ley, revisó para su aprobación ese documento, halló lesión a los derechos políticos de las personas en esa prohibición, como si en general los requisitos de elegibilidad no acotaran el terreno de las garantías de las personas.
El PRD se inconformó con la decisión del IFE ante el Tribunal electoral, que ya tardó en resolver el caso y lo hará de un momento a otro. Esa demora permitió que la senadora Ramírez caminara en su proyecto y ganara las elecciones internas del PRD, no sin impugnaciones de sus oponentes, que de tiempo atrás advirtieron contra la iniquidad que los afectaba por contender con la esposa del Gobernador. a cuya disposición estaban recursos políticos y financieros propios del poder. Esas impugnaciones estaban en curso ante el órgano interno de su partido cuando el comité nacional decidió cancelar el resultado de la elección y dejar a la senadora sin la candidatura que consideraba tener asegurada.
Ella, sin embargo, no se da por vencida y acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el supuesto de que su posición saliera avante, no contará con su partido para hacer campaña y el PRD no tendrá de nuevo el Gobierno de Tlaxcala. Tal vez no lo tuvo antes. Sólo así se entiende que los intereses personales del matrimonio Sánchez-Ramírez se hayan puesto por encima de los del partido. La única buena noticia de todo este lamentable episodio es que Sánchez Anaya no encabezará el PRD.
