Se integró ya la Sección Instructora de la LIX legislatura, que en un plazo de sesenta días debe presentar al pleno de la Cámara de Diputados un dictamen sobre el desafuero del diputado federal Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde; del diputado local perredista René Bejarano y, si se disipa la bruma que envuelve el caso, del senador Ricardo Aldana.
Son miembros de la Instructora el perredista Horacio Duarte Olivares, que la preside; la priista Rebeca Godínez, secretaria y vocales el priista Francisco Frías Castro y el panista Álvaro Elías Loredo. No debe extrañar que haya dos priistas y presida un diputado del PRD. Algo simétrico ocurrió en la Sección Instructora de la anterior legislatura: del PAN eran dos miembros y también presidió un perredista. En ambos casos se trató de conservar los equilibrios, pero la fórmula plantea el riesgo del empantanamiento. Puesto que dos de los sujetos del procedimiento de instrucción son legisladores del PRI (aunque uno, Espino Arévalo esté como si dijéramos comisionado en el Verde) y teniendo presente la experiencia reciente, en que la fracción tricolor adoptó tácticas obstruccionistas, sus compañeros de partido pueden frenar con sus dos votos las tareas de la comisión.
El año antepasado, al integrarse la Instructora de la LVIII legislatura el PAN y el PRD se aseguraron la mayoría, posición que no pudieron alcanzar ahora. En aquel entonces impidieron que el Verde quedara representado en la sección, porque su alianza con el PRI garantizaba a ese partido la ventaja de que dispone ahora directamente. El PRI, que fingió indignación por la actitud antidemocrática practicada en 2002 al marginar al Verde, incurrió en la misma conducta y también lo dejó fuera ahora sin ningún rubor. Ello es así por una de dos razones, o ambas combinadas: o sin ambages el PRI asume como suyo a Espino y por eso no hace falta que su actual partido, el Verde, tenga un lugar en la Instructora; o en la Cámara entró en crisis la alianza tetracolor, entre verdes y tricolores, como resultado de la partida de Elba Ester Gordillo, a quien eran próximos los diputados verdes.
Como quiera que sea, la integración de la Instructora fue objetada por el PAN y Convergencia. Acción Nacional pretendía presidir ese grupo de trabajo tan delicado, con un buen argumento, el de que entre los juicios de procedencia pendientes no hay ninguno que afecte a un panista. Y aunque el coordinador adjunto de la bancada blanquiazul rehusó “acusar antes de la víspera”, uno de sus compañeros lo hizo en la tribuna: atribuyó la asignación de la presidencia al PRD a un acuerdo de este partido con el PRI, en que el compromiso sería dejar al margen del procedimiento el caso de Aldana. No hay razón objetiva alguna para dar crédito a esa sospecha, pero si correspondiera a la verdad, significaría un descomunal error perredista. Si en la anterior legislatura se mostró firmemente decidido a combatir en este frente contra la corrupción personificada en Aldana, en la actual esa decisión debería ser más clara, activa y eficaz porque uno de los sujetos al juicio de procedencia fue miembro de su partido y no debe ni por asomo permitir que, como hizo el PRI en el pasado, aparezca como protector de la corrupción.
Al contrario, debería allanar el camino para que Bejarano sea desaforado y llevado a juicio penal, pues debe tenerse presente una vez más que el juicio de procedencia no se refiere al fondo de la acusación, sino sólo a si hay elementos para procesar penalmente al afectado. En la calle y en el llano, indignada, la gente se pregunta por qué Bejarano, a quien todo el mundo vio agarrar (en el sentido preciso de la expresión) dinero que le ofreció Carlos Ahumada y lo vio admitir haberlo recibido, sigue tan campante en libertad, aunque haya perdido su puesto en el PRD y sus posiciones en la Asamblea Legislativa. Es que la acción penal, que lleve a su aprehensión y proceso, sólo será posible cuando lo acuerde la Cámara de Diputados. En eso radica el valor de la integración de la Instructora, en que es el primer paso para que los indiciados sean llevados a juicio.
Como hicieron en septiembre pasado, los priistas pueden parapetarse en formalidades para al menos demorar el desafuero de Aldana, aunque para ese efecto ya no contarán con Miguel Ángel Yunes, que hace siete meses generó un embrollo que todavía puede causar efectos. La anterior Sección Instructora elaboró el dictamen que proponía el desafuero de Aldana y lo entregó al presidente de la Cámara. Tan claro fue que ese documento significó el fin de la tarea de la Instructora, que el diputado presidente pidió a la Comisión Permanente, durante el receso del verano pasado, convocar a sesión extraordinaria que conociera el caso. El PRI impidió el llamamiento y cuando el presidente de la nueva legislatura citó para desahogar el dictamen, la bancada priista alegó que ese documento no valía, pues el tránsito de una legislatura a otra lo convertía en mero proyecto, susceptible de nueva discusión y elaboración.
Como su función hace aconsejable, los cuatro miembros de la Instructora son abogados: la diputada Godínez se graduó en la Escuela Libre de Derecho y es notaria en Naucalpan. Duarte Olivares estudió en la UNAM y fue alcalde de Texcoco y diputado local. Frías Castro se doctoró en la Universidad Nacional y fue secretario de Gobierno en Sinaloa. Y Elías Loredo obtuvo su grado en la Universidad de San Luis Potosí, donde fue diputado local y dos veces federal.
