Por acumulación, por imitación, por conveniencias coyunturales, por inercias, por accidente, se ha integrado en México un conjunto de medios electrónicos —más radio que televisión— operados por organismos gubernamentales, federales y locales, que están requeridos de una legislación y una política no que los uniforme —pues al contrario en su diversidad radica una de sus riquezas— sino que a partir de definiciones sobre su papel en la sociedad mexicana permitan que ésta alcance mayor provecho de su funcionamiento.
Algunos de esos medios, las más de las veces por afortunadas circunstancias fortuitas, han trazado con su operación un esbozo de lo que sería un sistema de medios públicos que, complementario con la radiodifusión comercial, atienda necesidades y ofrezca contenidos ausentes en la actividad comunicacional privada o requeridos de énfasis y acentos que no dependan de la medición mercantil de la penetración en el público.
Hace diez años tales emisoras no privadas integraron la Red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, AC, que agrupa a los sistemas estatales de radio y televisión, emisoras universitarias y a organismos federales como el Instituto Mexicano de la Radio y los manejan los canales once y veintidós. También forma parte de la Red Radio Educación que, si bien no permaneció todo ese tiempo en el aire, fue pionera en ese género de emisiones, pues fue fundada hace ochenta años. Igualmente pertenece a la Red TV UNAM, la oficina de producción universitaria, llamada a ser el núcleo de la televisora de la Universidad Nacional, autorizada ya y en busca de los lineamientos que nutran su operación.
Con el auspicio de la Unesco y de la Fundación Konrad Adenauer (vinculada a la democracia cristiana alemana), la Red de radiodifusoras educativas y culturales organizó el primer congreso internacional con el tema Democracia y medios públicos, que comienza hoy y concluirá el próximo jueves. Fundan la pertinencia de esta reunión consideraciones precisas como las siguientes: “La edificación de la democracia requiere de los medios de comunicación como instrumentos fundamentales para materializar el derecho ciudadano a estar informado.
En este contexto se insertan también los medios de radiodifusión de servicio público cuyas características y propósitos legales en México difieren, en forma notable, de los parámetros democráticos internacionales. “Es por ello que este Congreso internacional tiene como línea temática central la discusión sobre el perfil de los medios de servicio público en el marco de la transición democrática en México.
Hoy en día el país cuenta con medios permisionados donde no existen mecanismos legales que garanticen la participación de otros sectores del espacio de lo público, ni menos aun de las expresiones de la sociedad civil en la confección y diseño de programas, tendencias y propósitos. Eso no sucede donde existen sociedades democráticas”.
A pesar de las tendencias privatizadoras, la radiodifusión pública sigue siendo central en los países europeos, donde durante mucho tiempo no había lugar para la radiodifusión practicada por particulares. Ahora que ambos mecanismos coinciden se ha puesto en relieve la condición imprescindible de los órganos públicos (no gubernamentales y mucho menos partidarios) en el ámbito de la comunicación electrónica.
Todavía sigue siendo paradigmática la operación de la BBC, cuyo servicio a la democracia británica es incuestionable, a partir de un comportamiento ético que la conduce a la autocrítica y la corrección de orientaciones y prácticas. En Estados Unidos la radio pública apareció con posterioridad al auge de las comunicaciones privadas, justamente como respuesta a los reclamos ciudadanos de emisiones menos regidas por criterios meramente mercantiles.
Aun antes de que el congreso internacional permita conocer experiencias y propuestas, queda claro que es preciso definir y ordenar la esfera de las emisoras públicas. La mayor parte de ellas opera con permisos, una forma de autorización distinta de la concesión, que no permite la contratación de publicidad, modo de financiamiento de la radiodifusión comercial. Pero, eludiendo la Ley, algunas emisoras permisionadas son usadas para fines mercantiles.
El notable inventario de los medios electrónicos levantado por Jenaro Villamil, acucioso analista de la comunicación que ha transitado de La Jornada a Proceso, nos permite saber que “en Veracruz, XHGVS canal 35 está registrado como un permiso al Gobierno del estado, pero es operado comercialmente como una repetidora de Televisa. Algo similar sucede con XHCGA canal 6 de Aguascalientes, que es un permiso del Gobierno del estado y que, con las mismas siglas, se publicita como canal 10, de TV Azteca” (Proceso, 19 de septiembre)
Según el mensuario especializado etcétera, la organización de este congreso fue objetada por el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, quien habría dicho al secretario de Gobernación que “los concesionarios no aceptaban la realización del encuentro porque iba en contra de la industria y obstaculizaba los trabajos preparatorios de la tradicional semana anual de la CIRT”, que ocurre en octubre. Jorge Mendoza, presidente saliente de la cámara y vicepresidente de TV Azteca habría demandado “cancelar el congreso y sancionar a su principal impulsor, Julio Di Bella”, director de Canal once y presidente de la Red.
Por esta vez, Bucareli no cedió a esas presiones privadas.
