Salvo contadas excepciones, la policía es más parte del problema de seguridad pública que uno de los factores de su solución. Sin duda, lo es por lo menos en la ciudad de México. En el mejor de los casos, la relación entre los agentes policíacos y la población es de fría distancia, de desconfianza mutua, cuando no de franca y recíproca agresividad.
En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) menudean las quejas sobre el comportamiento policíaco, muchas de ellas presentadas por miembros de las propias corporaciones. Del abordamiento de tales quejas y de las recomendaciones en que concluye buena parte de ellas, da cuenta periódica el presidente de la propia Comisión, Emilio Álvarez Icaza.
Lo hizo el 25 de marzo ante el pleno de la Asamblea legislativa del DF y lo hará pasado mañana ante el Jefe de Gobierno capitalino y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como de una representación de la Asamblea.
Aunque no desespera de atenderlas, la Comisión procura ir más allá de las quejas, pues encarar sin más los sucesos a que se refieren significa aguardar impasible la repetición multiplicada de los hechos, en una sucesión interminable y agravada día con día.
Con ese motivo, la CDHDF encargó a un experto, el doctor Antonio López Ugalde realizar un estudio sobre la violación de derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública del Distrito Federal. De sus conclusiones se desprendieron 24 propuestas en esa materia, la mayor parte referidas a la estructura y funcionamiento de los cuerpos policíacos capitalinos.
El estudio fue presentado el martes pasado, en un foro en que participó el secretario de seguridad pública del DF, Marcelo Ebrard. En el ambiente de mutuas recriminaciones que la mayor parte del tiempo ha dominado la relación entre los activistas de derechos humanos y la policía capitalina, fue un logro significativo el diálogo que podría encaminarse a la adopción de nuevas políticas en esta materia.
El estudio preparado por López Ugalde es sólo uno de los insumos para la elaboración de tales políticas, que corresponde a las autoridades, así la Asamblea legislativa como la jefatura de Gobierno y el Poder Judicial local. Es, asimismo, sólo uno de los enfoques de investigación posibles. Pero ofrece información de gran utilidad al trazar un panorama de la actuación policíaca en la ciudad de México.
Para conocer las características generales de la relación entre los capitalinos y los uniformados, así como las que se establecen dentro de los cuerpos policíacos, López Ugalde utilizó el método de muestreo. Escogió 222 quejas, del total de 1,005 presentadas por particulares y 109 por personal público, en lapsos que comprenden un trimestre de 2001, todo el año siguiente y el primer semestre de 2003. Aunque la muestra se formó con las quejas más a menudo presentadas ante la CDHDF, se otorgó especial importancia por su gravedad a los casos de tortura, discriminación, homicidio, intimidación y desaparición forzosa de personas, por lo que se incluyeron todas las presentadas entre el primero de enero y el 30 de junio del año pasado.
El propósito del análisis es hallar patrones de conducta, e indagar sobre las causas de ese comportamiento, a fin de proponer remedios. Es probablemente imposible evitar por completo el abuso policíaco, pero sí es dable reducirlo drásticamente, si se atina a dar con los orígenes objetivos de esas conductas y se determina cómo el marco normativo puede acotarlas y aun eliminarlas.
Las conclusiones del estudio dieron lugar a tres propuestas generales, diez relativas a la libertad personal, tres referidas al derecho a la integridad física y sicológica y otras tantas a los actos de molestia contra la población, así como cinco relacionadas con los derechos humanos dentro de la policía.
Las tres de carácter general dicen lo siguiente:
“1. Impulsar una reforma policial basada en la sustitución de los rasgos militaristas que todavía inspiran la institución, por un modelo conceptual democrático, en el que la actuación de la policía se sujete a controles internos y externos objetivos y al escrutinio ciudadano. Asimismo, revertir la actitud de hostilidad de la policía hacia la población originada en el imaginario de guerra que los propios mandos de la institución han generado entre los agentes.
2. Superar el discurso de la falta de capacitación de los agentes policiales y de sus precarias condiciones laborales como explicaciones genéricas de las detenciones arbitrarias, la violencia policial y las demás violaciones de los derechos humanos perpetradas por los agentes. En su lugar, las autoridades deben comprometerse decididamente con el desarrollo de mecanismos efectivos de control y de responsabilidad en los planos administrativo y judicial, además de fortalecer los canales de participación de la población en la planificación, la supervisión y la evaluación de la actuación policial.
3. Reforzar los aspectos éticos en la formación policial, así como el desarrollo de las cualidades sicológicas que favorezcan el respeto a la dignidad humana en la actuación de los agentes”.
Se engañará quien suponga que la actuación general de la CHDF, el estudio aquí mencionado y sus propuestas inhiben la eficacia policíaca, de que tanto requiere la sociedad, algunos de cuyos sectores propenden a la mano dura para su protección. Por lo contrario, el respeto policíaco a los derechos humanos libera recursos y energías que combatan la inseguridad.
