Muy satisfactorio para Luis Echeverría fue el mes de julio apenas concluido: aunque no de modo definitivo, el 24 de ese mes fue exonerado del delito de genocidio y cinco días antes, el 19, el secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond firmó una resolución muy favorable a los intereses del ex Presidente, aunque lesiva para una porción importante de la sociedad, los lectores de diarios que acaso tengan que pagar precios superiores a los actuales por efecto de inesperados aranceles a la importación de papel periódico.
El 24 de julio de 2003 la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel solicitó a Economía una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional: la importación a precios discriminados (dumping) de la principal materia prima de la industria periodística. La Cámara actuaba en representación de tres empresas productoras de papel periódico y una comercializadora, propiedad del Grupo Durango, que las adquirió al ser privatizada Pipsa. La solicitud recibió trato normal durante cuatro meses, es decir se movió lentamente. Pero el 14 de noviembre la Organización Editorial Mexicana compró a Grupo Durango esas empresas: Pipsamex y sus subsidiarias: Fábrica Mexicana de Papel (Mexpapel), Productora Nacional de Papel (Pronal) y Fábrica de Papel Tuxtepec. Y como por encanto, el asunto adquirió velocidad: el 24 de noviembre se publicó en el Diario Oficial la resolución que acepta la solicitud y se inició la investigación antidumping sobre importaciones de papel prensa, que versó sobre las realizadas durante el año 2002.
El lunes pasado apareció en el Diario Oficial el resultado de esa indagación: aunque “continúa el procedimiento administrativo de investigación” y las partes interesadas disponen de 30 días para presentar argumentaciones y pruebas complementarias, la SE impuso cuotas compensatorias provisionales a las importaciones de papel prensa, realizadas por las empresas que editan El Norte, en Monterrey y Reforma, en la ciudad de México; El Imparcial, de Hermosillo, La Crónica de Baja California y Frontera, de Mexicali y Tijuana; El Diario, de Ciudad Juárez y Chihuahua, el Diario de Yucatán, de Mérida. El arancel va de 5.51 a 18.18 por ciento.
La medida beneficia al monopolio de la producción nacional, enteramente en manos de la Organización Editorial Mexicana. Aunque las importaciones son necesarias, pues se producen en México dos tercios del consumo nacional, tenderán a disminuir mientras estén vigentes los nuevos impuestos, incomprensibles en la era de la libertad de comercio, en el marco de la relación trilateral (los proveedores son empresas de Estados Unidos y Canadá). Ese efecto favorecerá a las empresas de la OEM, no sólo porque suplirá las compras que por el arancel dejen de hacerse al exterior, sino porque en su condición monopólica podrá imponer condiciones, precios y calidad.
La medida tendrá efectos también en la competencia periodística, estrechamente ligada a las libertades de información, de expresión y de comercio. Cuando en 1989 se anunció la eliminación de los aranceles que hacían de la empresa gubernamental Pipsa el único importador de papel periódico, Alejandro Junco, ahora cabeza del grupo Reforma tuvo una expresión premonitoria según vemos ahora: “Sería lamentable liberarnos de una dependencia estatal para someternos a un yugo industrial”. La empresa gubernamental había sido creada en 1935 ante las presiones que sobre su clientela ejercía la papelera San Rafael. La situación puede repetirse ahora, con la de que el grupo dominante del mercado papelero es poseedor de una vasta red periodística: 23 compañías que editan 63 diarios en toda la república.
La OEM nació en circunstancias peculiares durante el echeverriato. De modo sorpresivo adquirió a precio de ganga los bienes que habían sido de la cadena García Valseca, crecida a su vez al amparo de la protección gubernamental hasta que le fueron pedidas cuentas por el Gobierno de Echeverría. Primero fue intervenida mediante la constitución de un fideicomiso público, el 28 de marzo de 1972. Al año siguiente, el 24 de octubre de 1973, fue adquirida por el Gobierno Federal, a un precio de 125 millones de pesos. Un mes después, el 16 de noviembre el secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña formuló en nombre del presidente Echeverría la declaración solemne de que ninguna empresa pública, grande o pequeña, sería vendida.
Y sin embargo se hizo una excepción con la cadena García Valseca. Sin licitación, contrariando aquel anuncio, el 26 de abril de 1976 fue comprada por la OEM. Apareció como su propietario, tenedor del 75 por ciento de las acciones, el señor Mario Vázquez Raña, director del Instituto Nacional del Deporte y copropietario del conocido negocio mueblero que lleva su apellido. Dada su condición de funcionario y su estrecha amistad con Echeverría, así como las características de la operación, se tuvo por cierto que el adquiriente en realidad era el Presidente a quien faltaban sólo unos meses para concluir su mandato. El director de la revista empresarial Negocios y bancos, Alfredo Farrugia Red, le dio la bienvenida al sector privado como “hombre de empresa al frente de un negocio periodístico” en una carta personal y pública que LEA no respondió ni desmintió. Miembros relevantes de su gabinete, como Mario Moya Palencia y Fausto Zapata fueron en la OEM de Vázquez Raña director aquél, influyente consejero éste.
