Para que el Senado elija al ministro que reemplace a Humberto Román Palacios, muerto el 16 de junio pasado, el presidente Fox envió el 28 de septiembre una terna compuesta por Felipe Borrego, Bernardo Sepúlveda y Sergio Valls. Es deseable que en Xicoténcatl se remedie la demora de la propuesta con una pronta designación (no exenta por supuesto de reflexión prudente) que complete la oncena de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la falta de uno solo de sus integrantes puede provocar —ya lo hizo— problemas a la hora de votar en la sala donde hay esa vacante y en el pleno.
Aunque de distinta naturaleza, los tres miembros de la terna tienen experiencia como jueces. Citados de nuevo en orden alfabético, Borrego presidió el tribunal superior de Zacatecas, Sepúlveda fue juez ad-hoc de la Corte Internacional de La Haya y Valls fue magistrado del tribunal superior del Distrito Federal. Es también integrante del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación. Dada la creciente presencia del derecho internacional en la vida mexicana, la aportación que a la Corte podría hacer Sepúlveda sería de enorme utilidad.
Durante años, la magistratura mexicana fue reluctante a tener en consideración el orden jurídico internacional. Pero la Corte misma ha determinado que los instrumentos del derecho de gentes signados por los órganos competentes de nuestro país forman parte del sistema legal mexicano en un rango apenas inferior al de la propia Constitución federal. Diríase que también, por otra parte, una globalización jurídica está en curso y se precisa que el tribunal constitucional cuente en su seno con criterios que le permitan insertarse, por supuesto que sin perjuicio de la eminencia del derecho nacional, al que ha ido surgiendo entre las naciones.
Sepúlveda es hoy en México uno de los mayores conocedores y practicantes del derecho internacional. En esa rama precisamente cursó su maestría en la Universidad de Cambridge, hace cuarenta años.
En ese mismo ámbito se desempeñó en la secretaría de Hacienda, donde fue director general de asuntos hacendarios internacionales.
Durante su única incursión en la política partidaria, actuó como secretario de asuntos internacionales del comité nacional del PRI, durante la campaña de Miguel de la Madrid (de quien había sido asesor en esa materia durante su estancia en la Secretaría de Programación y Presupuesto). Aun antes de que De la Madrid asumiera la Presidencia y en un claro anticipo de su Gobierno, Sepúlveda fue embajador en Washington inmediatamente antes de ser designado secretario de Relaciones Exteriores. Desde que Antonio Carrillo Flores cubrió completo el sexenio 1964-70, sólo Sepúlveda ha podido desempeñar la cancillería por un período presidencial completo, de 1982 a 1988 (pues Echeverría tuvo dos secretarios de Relaciones Exteriores, como López Portillo, Zedillo y Fox y Salinas nombró a tres). Su gestión en Tlatelolco fue fructífera, especialmente en lo tocante a la pacificación de Centroamérica, a través del grupo Contadora y su posterior ampliación a lo que es hoy el Grupo de Río, el más completo espacio de colaboración política de los países latinoamericanos.
Luego de su desempeño en la cancillería, Sepúlveda Amor fue embajador en Londres y a fines del año pasado el Gobierno de México lo nombró juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ante este tribunal, la máxima instancia judicial internacional, nuestro país había llevado el caso de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos sin haber contado con el debido proceso legal.
En una clara infracción a la convención de Viena sobre la materia, se les había negado comunicación con las autoridades consulares mexicanas, de donde derivó que quedaran en estado de indefensión (en muchos casos sin entender el desarrollo de su enjuiciamiento, por su ignorancia de la lengua en que se les procesaba). La Corte se compone de 15 juristas de renombre internacional, uno de los cuales cede su lugar al juez ad hoc cuando éste es necesario. La circunstancia ocurre cuando una de las partes en un litigio, Estados Unidos en este caso, dispone de una silla en ese alto tribunal y no así la contraparte.
En tal situación el Gobierno litigante dispone del derecho de nombrar un juez especial, ad hoc, no que representa al Gobierno sino que, como integrante del pleno, en igualdad de circunstancias que el resto de los miembros de la Corte, emite su parecer y vota para componer la sentencia. Ésta, como se recuerda, condenó a fines de marzo al Gobierno de Washington a acatar la convención infringida. Aunque el sistema norteamericano es renuente a acatar disposiciones de derecho internacional que afectan sus intereses, mal que bien ha ido respondiendo a la resolución de la Corte. El primer efecto de esa sentencia fue, en mayo siguiente, la conmutación de la pena de muerte de Osvaldo Torres.
Como buena parte de los actuales ministros, Sepúlveda ha dedicado porciones importantes de su vida a la docencia, tanto en las facultades de derecho y de ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional como en el Colegio de México. Es autor de varios libros, como lo son también varios miembros de la Corte. Éste fue integrada en 1995 (y renovados dos de sus cargos) con el criterio de combinar experiencia judicial con la adquirida en otras áreas del derecho. Sepúlveda reúne, insólitamente, ambas características.
