El consejo nacional perredista bendijo anteayer la solución dinástica en Tlaxcala. Casi al cabo de una sucesión de errores, ha salido avante la decisión abusiva de la pareja tlaxcalteca de gobernar por lo menos doce años en nombre de un partido al que usan, no al que pertenecen. Ya antes, el avance de la ambición personal de los Sánchez Ramírez había reavivado la aspiración de la esposa del Presidente de la República de intentar sustituirlo, momento en que se dio el lujo de amadrinar otra pretensión semejante, la de la señora del gobernador de Nayarit. Esa aberrante alteración del espíritu republicano fue confirmada por el órgano nacional del PRD.
Ni siquiera se ha llegado al final de la cadena de abusos y errores en este caso. En una reacción pueril, semejante a la de quien inocuamente muestra la lengua en actitud insultante, el PRD demandó al gobernador Alfonso Sánchez Anaya que renuncie a su cargo en un plazo perentorio. De lo contrario, se hará acreedor a un procedimiento que conduciría a su expulsión. Ya antes el PRD había implorado a Sánchez Anaya dar ese paso y el gobernador rehusó, con el argumento de que renunciar significaría ceder el poder antes de tiempo.
Tras la serie de victorias jurídicas y políticas de su esposa, ¿qué persuadiría al gobernador de irse ahora y no el 14 de enero, cuando concluye su mandato? Cuando solicitó una licencia por noventa días y le fue negada, ¿acaso dimitió para corroborar su voluntad de no gobernar mientras se realiza la campaña electoral? ¿Acaso pidió licencia durante la ventilación interna en el PRD de la ambición familiar de continuar en el cargo? ¿y no su permanencia en la gubernatura fue un factor determinante de la victoria de su esposa en los comicios internos? ¿no lo fue la doble campaña permanente que, con ese propósito, realizó la senadora María del Carmen Ramírez García durante los años anteriores, como legisladora (de primera minoría) y como esposa del gobernador y presidenta del DIF estatal? Sería sorprendente que el gobernador Sánchez Anaya renuncie a su cargo.
Sólo posible si esa decisión fue negociada con él por las corrientes perredistas que rechazaron en el consejo nacional el acuerdo del comité de romper la alianza con Convergencia, último intento por frenar a la pareja. Carlos Navarrete, secretario general del partido y operador del acuerdo entre Nueva Izquierda, factor dominante en el PRD y el gobernador, aseguró rotundamente que en la toma de posesión de Ramírez García no estaría presente en la escena el marido de la nueva gobernadora, si fuera el caso. Implicaba que esta aparente presión que ahora formula el PRD había sido ya aceptada por Sánchez Anaya, que deberá explicar en su estado por qué accedió a “ceder el poder antes de tiempo”.
Lo más lógico, sin embargo, es que el gobernador resuelva permanecer en el cargo, desafiando el riesgo de la expulsión. Puede evitar esa sanción, porque sus poderosos aliados dentro del partido serán sus valedores también en esa circunstancia y porque la aplicación de los estatutos, hecha a la ligera y sin rigor legal, le permitirían una defensa exitosa como la que antes emprendió su esposa (si bien ahora hay un factor nuevo, que será la actuación de Fernando Vargas, un abogado muy competente, experto en derecho electoral y partidario, como integrante de la Comisión de Garantías y Vigilancia, el tribunal interno del PRD). Pero en el extremo remoto de que Sánchez Anaya fuera expulsado, ¿cuántos minutos calcula usted que necesitará su esposa para a su vez marcharse del partido, una vez concluido el proceso electoral, sobre todo si obtiene la victoria? Por eso es sofista el razonamiento de quienes el sábado apoyaron su candidatura, “para que el PRD no pierda espacios”. Los ha perdido ya en Tlaxcala, por cualquiera de las dos posibilidades que ofrece la elección, que puede ser la derrota de la coalición forzada o el triunfo de la senadora, que lo habría obtenido contra la voluntad manifiesta de su partido.
Es preciso recordar que no el consejo nacional, sino el congreso nacional, una instancia de mayor jerarquía, se había manifestado en su contra, cuando aprobó reformar el estatuto para impedir la opción dinástica. Personas con mayor sentido partidario que Sánchez y Ramírez hubieran sabido que insistir en sus pretensiones provocaría un problema al PRD y habrían desistido, sometiendo por razones éticas sus derechos a la conveniencia general. Pero no lo hicieron y ahora esa organización ha perdido congruencia para denunciar otras pretensiones dinásticas.
El PRD quedó en la peor situación imaginable. La victoria o la derrota serán lesivas para el partido. Si gana la senadora Ramírez García la gubernatura, reivindicará el triunfo como suyo. Si pierde, el PRD perderá los votos y minará aún más su prestigio. Esta es la posibilidad más inmediata, pues los ajetreos a que la pareja expuso al perredismo derivará en al menos alejamiento de los grupos que apoyaron a los cuatro precandidatos restantes, en particular el que se mueve en torno a Gelasio Montiel, efímero candidato a la gubernatura. También el PRI está fracturado y del tamaño de esa fisura y no de su propio empuje, depende la suerte de la candidatura impuesta y avalada por las corrientes dominantes en el consejo nacional perredista.
El PAN presenta a un ex priista, Héctor Ortiz, que puede hacer disminuir la votación en favor de Mariano González Zarur, el abanderado del PRI, que hace cuatro años ganó por mayoría la elección senatorial.
