Cancún no ofrece peligro al turismo que, en buena hora, repleta sus hoteles, tiendas y restaurantes. Es verdad que los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá repararon en la inestabilidad que conmueve al municipio de Benito Juárez y alertaron a sus nacionales para que se muevan con cuidado en la ciudad, y para “evitar multitudes” o “reuniones masivas”, según rezan sus llamados a la cautela. Pero esos gobiernos no pidieron a sus turistas que se alejen de Cancún o dejen de viajar a ese balneario del Caribe mexicano. En consecuencia, en este verano la zona turística está funcionando a plena capacidad.
Los peligros que se ciernen sobre Cancún son de otra índole. Se trata de la ruptura del orden legal perpetrada por el gobernador Joaquín Hendricks y el senador Jorge Emilio González Martínez. Con suficiente hablidad, y cartera bien provista para afinar en la mayor parte de los casos las voluntades de otros protagonistas, consiguieron crear una crisis a la que ahora agregan el desacato a una suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como consecuencia de pasar por alto ese mandamiento judicial, el alcalde Juan Ignacio García Zalvidea ha sido detenido y se pretende someterlo a proceso.
El 15 de julio, once de los quince regidores del ayuntamiento de Benito Juárez renunciaron a sus cargos. Lo hicieron ante la Diputación permanente de la legislatura de Quinta Roo, que en vez de llamar a los suplentes, como lo ordena el artículo 115 de la Constitución, integró un Concejo municipal, órgano que sólo puede designarse cuando, según reza el propio artículo, “conforme a la Ley no procede que entren en funciones los suplentes”.
Los diputados enseñaron la oreja al designar a una de los suyos como presidenta de ese concejo municipal. La filiación política de Marisol Ávila Lagos completó la confesión de parte: además de su función legislativa, ella es cabeza estatal del Partido Verde Ecologista Mexicano. Por ese partido llegó García Zalvidea a la presidencia municipal, pero sus desacuerdos con la dirección nacional del PVEM lo pusieron en la mira. Por eso renunciaron los cinco regidores verdes, incluido Julio Rodríguez Herrera, que en el célebre episodio en que el Niño Verde Jorge Emilio González Martínez negoció un soborno por dos o tres millones de dólares, iba a ser el encargado de conseguir la autorización que fue de ese modo tasada.
Los renunciantes acusaron al alcalde de malos manejos pecuniarios y de haberlos marginado en la toma de decisiones. Sin embargo, después de que se formó el concejo municipal no solicitaron iniciar acciones penales contra el presidente municipal, lo que probablemente indica que su propósito consistió solamente en destituirlo y no en restaurar el orden legal en el municipio. En cambio, el alcalde presuntamente depuesto presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional, impugnando la acción de la legislatura. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano dio entrada a la demanda el 23 de julio y acordó favorablemente la suspensión solicitada por García Zalvidea. Por efecto de esa decisión judicial, vigente hasta que se resuelva el fondo del asunto (o el recurso de reclamación que la legislatura presente para privar de efectos a la suspensión), García Zalvidea continúa al frente del ayuntamiento. El ministro Aguirre Anguiano suspendió los efectos del decreto que designó al concejo, por lo que éste debería dejar de funcionar pues carece de fundamento legal. La resolución no tuvo que restituir al alcalde presumiblemente depuesto en su cargo, porque al perder eficacia así sea provisionalmente el decreto que lo despidió, García Zalvidea no dejó de ser presidente municipal. Aguirre Anguiano ordenó al Congreso local y al gobernador abstenerse de cualquier acto que afecte la integración del ayuntamiento.
Eso no obstante, el concejo asumió funciones y se estableció en el palacio municipal. El miércoles por la noche, García Zalvidea se puso al frente de sus partidarios y, según aseguran algunos reportes de prensa instó a sus seguidores a tomar las oficinas gubernamentales. Él niega haberlo hecho, no obstante lo cual, al cabo de una batahola en que la policía municipal se puso a disposición de la autoridad espuria y no de la legítima, y disparó bombas lacrimógenas contra el alcalde y la gente que lo acompañaba, detuvo a García Zalvidea. Tras unas horas en un hospital, en que fue atendido de una súbita hipertensión, el alcalde estaba detenido el viernes 30, a disposición del ministerio público. Se trata de una clara violación a su inmunidad. Como alcalde, tendría que ser desaforado para que se le aprehenda y se le inicie proceso, pues de la decisión judicial se desprende que no ha perdido el cargo para el que fue elegido.
Si son ciertos los cargos que se enderezan contra García Zalvidea, sus adversarios tomaron una ruta equivocada para corregirlos. Han violentado la Ley de varios modos, y dejan creer que el alegato político del alcalde corresponde a la verdad. Diputado por el PAN hace cuatro años, alcalde por el PVEM hace dos, García Zalvidea se ha granjeado el apoyo del PRD porque podría ser su carta de triunfo en la elección de gobernador de febrero próximo. Gastón Alegre, que fue candidato por este partido hace seis años, figura entre los once regidores que hicieron el hueco a García Zalvidea. Esa actitud suya muestra que si en efecto el PRD lo postulara la decisión generará disturbios y aun divisiones internas.
