No queda claro si es Pemex o si es su director general Raúl Muñoz Leos quien se declara satisfecho porque a esa empresa petrolera le robaron 1,580 millones de pesos hace casi cuatro años.
Por lo pronto, la extraña actitud de esa paraestatal o de su responsable ha beneficiado al secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, destinatario de la lenidad gubernamental en perjuicio del orden legal y del erario. En 2000, Pemex fingió prestar aquella enorme cantidad de dinero a su contraparte sindical. Su dirección desvió ilegalmente recursos propios de la empresa, cuyo destino estaba previsto en partidas específicas.
Esa suma (y probablemente otras de monto análogo) sirvieron para la campaña electoral del PRI. Al menos 640 millones de pesos tuvieron ese destino, según determinaron diversas averiguaciones y según constó en una resolución del IFE avalada por el Tribunal Electoral Federal. (Por recibir ese caudal de recursos, el partido que en aquel año perdió la Presidencia de la República está dejando de obtener mil millones de pesos, pérdida que lo obliga a disminuir su eficacia como organización).
El resto del dinero, al parecer, se mantiene en cuentas sindicales en Estados Unidos, pues uno de lo móviles para obtener ese falso préstamo fue encarar obligaciones judiciales en que el sindicato habría incurrido. El propio director general de Pemex, varios de sus colaboradores y dirigentes sindicales fueron acusados formalmente por haber malversado aquellos recursos. Los líderes del sindicato, Romero Deschamps y el tesorero Ricardo Aldana en lo inmediato quedaron a salvo de la acción penal correspondiente debido a su pertenencia al Congreso.
Se intentó desaforarlos, inútilmente. En lo que evidenció un acuerdo en favor de la impunidad entre el Gobierno y el PRI, partido al que pertenecen los dirigentes, Acción Nacional fue determinante para evitar que el senador Aldana perdiera su inmunidad, al comenzar la temporada legislativa en septiembre pasado. Romero Deschamps, en cambio, se quedó sin fuero al finalizar agosto del año pasado, al concluir su larga permanencia en las Cámaras, ininterrumpida desde 1994 —diputado primero, senador después, nuevamente diputado—. Pero no ha resentido efecto adverso alguno de su nueva condición. Ha encontrado jueces federales comprensivos que le han hecho llevadera la batalla legal que de dientes para fuera ha librado con él la Procuraduría General de la República.
El colmo se produjo la semana pasada cuando a Romero Deschamps, que cuenta con una tan onerosa cuanto eficaz defensa jurídica, le fue otorgada la libertad provisional en el proceso por peculado, una de las acusaciones en su contra. Como saben los lectores, comete ese delito tanto quien mata la vaca como quien le ata la pata, es decir, no sólo el servidor público que desvía recursos públicos de su destino legal sino el recipiendario de tal desviación. Por eso, a la par que se intenta juzgar a Rogelio Montemayor se hace lo propio con Romero Deschamps. Tal libertad provisional suele ser garantizada por una fianza, que asegure la disponibilidad del procesado.
Pero en este caso, según explicó el juez, resultó innecesario exigir que garantizara el monto estimado de la reparación del daño causado a Petróleos Mexicanos porque el director de la empresa notificó que el daño fue ya reparado y se dio por satisfecho del pago del mismo. ¿Quiere eso decir que los 1,580 millones de pesos sustraídos en 2000, por los que se han iniciado los diversos procesos obran de nuevo en las cajas o los registros de la paraestatal?
No, por supuesto. No ha habido resarcimiento material ninguno. Lo que se produjo fue un pacto en pro de la impunidad. El sindicato ofreció reintegrar al patrimonio de la empresa la cantidad de marras, pero en cómodas anualidades que, además no signifiquen entrega de efectivo a Pemex, sino que los pagos de cada año resultarán de disminuciones de las jugosas cuotas sindicales. Para redondear la garantía de impunidad alcanzada por el ex diputado, la PGR se abstuvo de impugnar el auto del juez que reconoció el virtual perdón extendido por Pemex en favor de su líder sindical.
Es comprensible, aunque no justificable a todo costo, que el director general de Pemex busque un clima de entendimiento con el sindicato, no sólo en bien de las operaciones cotidianas de la empresa (para lo cual no ahorra en donaciones, préstamos y viáticos) sino en función de los diversos frentes, jurídicamente frágiles, que está abriendo la empresa, que se complicarían notablemente si el sindicato alegara respeto a su materia de trabajo.
Pero la comodidad administrativa de Muñoz Leos resulta excesivamente costosa para el país y para el Gobierno del que forma parte, pues se paga al sindicato con recursos públicos y soslayando la lesión a la legalidad que las malversaciones de 2000 significaron. El acuerdo entre Pemex y su sindicato para simular que las cosas están como antes de 2000 fue suscrito en la penumbra.
Desde aquí solicito de modo formal a la dirección de ese organismo público (cuyo nuevo vocero Sergio Uzeta es tan puntual para ofrecer información que presuntamente corrige inexactitudes) las condiciones y los fundamentos para darse por satisfecha ante la sustracción de 1,580 millones de pesos no devueltos a Pemex.
Y a la Secretaría de la Función Pública que deslizó la especie de que se opondría a tal acuerdo, que explique porqué lo autorizó o se hizo de la vista gorda.
