En la ciudad de Oaxaca, miles de manifestantes protestaron el domingo por el fraude electoral que los convocantes a la masiva reunión esperan probar ante los tribunales de la materia. En el Distrito Federal (y una porción del estado de México), una cantidad aun mayor de personas enlazaron sus manos, en una cadena que (con algunos huecos) cubrió toda la avenida de los Insurgentes (y parte de la carretera federal hasta Ecatepec). El propósito era manifestar apoyo al Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador ante el riesgo de su desafuero, que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados.
Gabino Cué, elegido alcalde oaxaqueño hace tres años, y candidato al Gobierno de esa entidad en el proceso que culminó el primero de agosto, anunció ante la muchedumbre que lo acompañó en la Alameda de la vieja Antequera, la creación de un frente de resistencia civil contra las tropelías cometidas por miembros del Gobierno y el partido que encabeza José Murat, y en las que se basó el triunfo de Ulises Ruiz, principal colaborador de Roberto Madrazo en los dos lances internos en que el ahora líder priista participó en 1999 y 2002: la elección de candidato presidencial y la de cabeza del comité ejecutivo nacional.
Simultáneamente con la movilización política de cuya amplitud se tuvo muestra anteayer, ha comenzado la batalla jurídica por probar la ilegalidad que afectó al proceso entero o por lo menos a vastas porciones del mismo.
Aparte una denuncia general por coacción y compra del voto, la coalición Todos somos Oaxaca, que sostuvo a Cué y está integrada por Acción Nacional, Convergencia y el PRD, impugna la elección en casi novecientas casillas, poco menos de la quinta parte del total de las que funcionaron el primero de agosto. En muchas de ellas aparecieron, como resabio de una época en que esa práctica era norma general, más votos que los depositados por quienes figuraban en el padrón, o que las boletas recibidas por el personal de casilla.
En otros muchos casos mesas electorales se instalaron en lugar distinto del debido, o las atendieron personas que no fueron nombradas por la autoridad electoral. Como símbolo crudo de la violación a la libertad del voto, ante una casilla principal en Etla se hallaba una ambulancia nueva, como señal de cumplimiento de una promesa formulada por Ruiz, que la ofreció al ayuntamiento. En ese mismo lugar será impugnada la elección de diputado, porque al aparecer a destiempo cinco casillas que se habían extraviado se revirtió el resultado que favorecía al candidato opositor.
Si bien en materia electoral es importante, necesaria —e inevitable— la movilización política, la existencia de normas e instituciones de justicia electoral ha convertido la solución de los conflictos en esa materia en asunto jurídico, formal, en que no cabe la expresión de fuerza política sino la demostración de los argumentos y la prueba de las irregularidades. En cambio, la declaratoria de procedencia (nombre técnico de lo que llamamos comúnmente juicio de desafuero) es un fenómeno al mismo tiempo jurídico y político, con preeminencia de este último factor, por lo que se requiere acción política para enfrentarlo, sin desdeñar los aspectos formales, atendidos con las pruebas de descargo presentadas el jueves.
Como se sabe, la sección instructora (compuesta en este caso por dos diputados priistas, uno de Acción Nacional y uno del PRD, que la preside) prepara el dictamen que someterá al pleno de la Cámara de Diputados. Esa asamblea, por mayoría simple aprobará o rechazará el dictamen. La naturaleza de la decisión es en último término política, y podría darse el caso, aberrante pero inimpugnable, de que no obstante la demostración fechaciente de que no se violó la suspensión provisional dictada por un juez federal en un juicio de amparo (de que se acusa a López Obrador), la mayoría lo desaforara. Y a la inversa: aun probada de modo indudable esa infracción legal, la Cámara podría negar el desafuero.
En manos de los diputados priistas, reunidos desde ayer y hasta mañana en Guadalajara, en preparación del período de sesiones que comienza el primero de septiembre, está el destino político de López Obrador. Pueden decidirlo, si actúan irresponsablemente, simplemente a la luz de sus intereses electorales, pues si lo desafueran eliminan casi automáticamente a quien representa, al menos a la luz de las encuestas de preferencias electorales su mayor escollo para volver a Los Pinos.
Una reciente, levantada por la experta María de las Heras mostró al Jefe de Gobierno capitalino con 54 por ciento de tales preferencias, contra 29 por ciento que se adjudican a Roberto Madrazo, quien aparece en segundo lugar, y 26 por ciento (menos de la mitad de aquel porcentaje puntero) a Santiago Creel, ridículamente pugnaz ante su antiguo amigo López Obrador.
Dada la naturaleza política de la decisión parlamentaria en los procesos de desafuero, los legisladores no podrán ignorar a la opinión pública, y si la ignoran enfrentarán en algún momento el peso de ese desacato. Una encuesta realizada por Reforma del 24 al 26 de julio en la ciudad de México arrojó estos resultados: 65 por ciento de los interrogados está en desacuerdo con el proceso de desafuero; y 63 por ciento lo considera injusto. Más importante es, aún, el dato de que 73 por ciento aprueba su desempeño y que 77 por ciento preferiría su permanencia en el cargo si en la fecha de la encuesta se votara por mantenerlo allí, o despedirlo.
