Parece una cacofonía o un simple juego de palabras, pero el gobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal logró una suspensión para evitar que lo suspenda la legislatura local. El Ejecutivo morelense en entredicho acudió a la Suprema Corte de Justicia en controversia constitucional por la decisión del Congreso local de llevarlo a juicio político. Ese máximo tribunal admitió tal recurso de control constitucional y satisfizo también el pedido del gobernador para evitar que la Cámara de Diputados de Morelos lo suspenda en sus funciones, como podría ser antes de concluir el juicio político, que puede desembocar en destitución.
Como en los juicios de amparo, al ser admitida una controversia constitucional puede decretarse la suspensión del acto que la suscita, a fin de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, o impedir que se produzcan actos que la dejen sin materia. La legislatura de Morelos no se verá atada en la tramitación del juicio político, pero se abstendrá de suspender en sus funciones al gobernador y ponerlo a disposición del tribunal superior de justicia. Sólo hasta que se resuelva de fondo la controversia podría hacerlo, si la sentencia desfavorece al gobernador. Y quedará impedida para tomar esa decisión si la Corte otorga la razón a Estrada Cajigal.
Demasiado tarde afloró y fue aceptada por el Gobierno morelense la peligrosa infiltración practicada en varias áreas de la administración por la delincuencia organizada. Descubrirlo y admitirlo condujo al apresamiento del director de la policía ministerial y a un reajuste en el Gobierno local, que incluyó las renuncias del secretario de Gobierno Eduardo Becerra y del procurador de justicia Guillermo Tenorio.
Esas dimisiones no satisficieron a la oposición política, que encontró contradictoria la aceptación de las renuncias sin que les siguiera una investigación de carácter penal. Tampoco admitió que con esas remociones el gobernador quedara a salvo de responsabilidades en la comisión de delitos por algunos de sus subordinados y colaboradores. Fue claro que Estrada Cajigal no desconocía las objeciones que desde diversos orígenes buscaron impedir el nombramiento o la permanencia de Agustín Montiel como director de la policía ministerial. Por omisión al menos le caben responsabilidades en los delitos por lo cuales ese jefe policíaco está siendo procesado, razonaron los legisladores.
Cuando se condensó la inconformidad de los opositores en el Congreso local y se apuntó hacia la celebración de un juicio político, el gobernador echó mano de diversos aprestos para frustrar ese propósito. Organizó movilizaciones de sus adeptos y persuadió a legisladores del PRI y del PRD para evitar que se reuniera la mayoría necesaria para iniciar la acusación. Frustrado el uso de esos recursos políticos y cuando se inició el procedimiento para enjuiciarlo, acudió a los jurídicos. Y aunque un juez federal le negó la suspensión en el juicio de amparo que al efecto inició, tuvo mejor suerte con la Corte, a donde se presentó acaso alentado por una posición previa del tribunal constitucional, que suspendió el juicio político a que tiene sometidos a magistrados del tribunal superior de Yucatán la legislatura local. (Dado que ese, como casi todos los juicios políticos, en el orden federal o el local, se mueve con un notorio impulso partidario, pudo ser afectado por los comicios legislativos del 14 de mayo pasado. Pero, para infortunio de los jueces enjuiciados, el PAN dispondrá de una mayoría aun más clara que la actual y que permitió iniciar ese procedimiento. De suerte que cuando concluya la controversia ante la Corte, allí estarán diputados panistas listos para actuar).
No falta quién lamente la judicialización de la política. Pero coyunturas como las dos esbozadas en las líneas anteriores muestran la pertinencia de que la Corte arbitre conflictos que de otra suerte se desenvolverían hasta llegar eventualmente a la violencia. En cambio, la exposición de las razones de las partes ante un órgano imparcial, dotado de reglas conocidas por los participantes, si bien no exime del riesgo del error lo reduce al mínimo. Y las soluciones judiciales no atienden sólo la coyuntura sino que pueden favorecer también cambios estructurales.
Ese es el caso del Tribunal Superior Agrario, una instancia administrativa creada al mismo tiempo que se canceló el reparto de la tierra, hace doce años. El presidente Fox tiene la evidente intención de renovar enteramente ese órgano, que juzga teñido por un priismo que en este caso no admite (aunque lo haya promovido en cambio en áreas como la fiscal). Ha tenido por ello diferencias con el Senado, que debe elegir magistrados agrarios de ternas presentadas por el Presidente. Para enfrentarlas, éste inició dos controversias constitucionales. Una fue resuelta ya en favor de la posición presidencial y en sentido contrario a la de los senadores, cuya mayoría sostiene que deben ser ratificados los miembros del Tribunal que hayan cumplido seis años en su cargo (a menos que se les objete explícitamente) y no eliminarlos de las ternas respectivas. Con ese criterio el Senado eligió a una magistrada no incluida en la propuesta presidencial y la Corte anuló ese nombramiento.
Se aproxima a una solución semejante en el caso de quien presidía ese Tribunal, Ricardo García Villalobos. Prosperó la tesis de que el Senado ha de abstenerse de ratificarlo hasta que el tribunal constitucional resuelva en definitiva.
