Ha comenzado en comisiones senatoriales la discusión formal de un predictamen sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Fuera del Congreso el debate respectivo se ha desarrollado durante mucho tiempo, con estériles resultados. El tema se convirtió a lo largo de los años en un banco de prueba en que han contendido los intereses particulares de un reducido número de concesionarios de esos medios y los más amplios de sectores de la sociedad que no se sienten bien servidos con la actual legislación.
Nadie ha propuesto modificar y menos lesionar la estructura de propiedad vigente. ni los derechos adquiridos de los concesionarios, no obstante lo cual sus representantes más activos han erigido un valladar que impide desde hace décadas una legislación que atienda, simultáneamente a los propósitos de fomento económico con que se elaboró la Ley de 1960, a la nueva realidad del país, requerida de imprimir sentido social a la comunicación electrónica y de reflejar las nuevas tecnologías.
Después del decreto de octubre de 2002, una contrarreforma resultado del engaño que el secretario de Gobernación asestó a grupos de la sociedad civil que creyeron durante meses estar trabajando por la reforma, esas agrupaciones ciudadanas elaboraron un anteproyecto que algunos senadores hicieron suyo en diciembre de aquel año. El análisis del documento, a cargo de una subcomisión especial, fue diluyéndose en la nada como resultado de la fortaleza política del sector que, una vez más, impedía la modernización legal de la radio y la televisión.
El principal promotor del estudio del proyecto, Javier Corral, se ausentó de su cámara los meses que le requirió su campaña electoral en pos de la gubernatura de Chihuahua, con lo que los trabajos de dictaminación perdieron impulso.
Poco después de su reincorporación al Senado, en septiembre de este año, un acontecimiento mostró el interés que el tema, no obstante su declinación legislativa, despertaba en círculos académicos, políticos y de la prensa: La Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM convocaron a audiencias públicas sobre la materia. No fue casual que cerca de la mitad de los ponentes —43 de 120— incluyeron referencias centrales a los medios y un número significativo propuso reformar su régimen legal. Tal muestra de conciencia colectiva sobre la trascendencia del tema alentó el reavivamiento de la subcomisión senatorial, encabezada por el panista Felipe de J. Vicencio Álvarez, cuyas labores han concitado la participación del priísta Manuel Bartlett y el perredista Raymundo Cárdenas, que han manifestado sin ambages su apoyo a una reforma de la Ley. Bartlett, que se ufana de haber creado a su paso por Gobernación un instituto de la radio y uno de la televisión (el segundo de los cuales fue privatizado por Carlos Salinas en beneficio de Ricardo Salinas, que al efecto recibió apoyo financiero de Raúl Salinas), ha encontrado en este asunto un nuevo territorio para su reciclamiento político y su influencia en Xicoténcatl puede hacer realidad que el dictamen por lo menos sea discutido en el presente periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.
En general la reforma y algunas de sus particularidades, generan resistencias en el Senado. El de la televisión, uno de los poderes fácticos más rotundos y eficaces, inhibe el ejercicio legislativo, pues los miembros del Congreso, aun los que no mantienen intereses concretos de diversa índole en la materia, prefieren no menealle, no rozar siquiera a los grandes concesionarios, o a las de sus localidades.
Les interesa más privilegiar una relación cordial con esos negocios que impulsar el interés social. Temen que sus carreras sean afectadas si se malquistan con los proveedores más poderosos de imagen en cuya trampa han caído, pues trampa es mostrar la necesidad de reformar la Ley de Radio y Televisión como ataque a las libertades de empresa y de expresión.
Algunos senadores tienen intereses concretos que defender. Emilio Gamboa, como secretario de Comunicaciones y Transportes bajo Carlos Salinas expidió concesiones cuyos titulares tienen todavía en él un adalid. Otros miembros de esa cámara son concesionarios: la campechana Aracely Escalante opera en Ciudad del Carmen la estación XEBCC; y el zacatecano José Bonilla (candidato a gobernador en la contienda ganada por Amalia García) maneja en Fresnillo el grupo B-15, con las emisoras XEMA, XEQS y XHFRE y presidió la delegación estatal de la Cámara Nacional de Radio y Televisión. No son los únicos legisladores en esa condición, remanente de una vieja práctica que permitió a integrantes de la radiotelevisión contar con representación permanente en las Cámaras legislativas. Como dirigente del sindicato nacional del ramo, el recién fallecido senador Nezahualcóyotl de la Vega prolongó ese papel antes asignado a su mentor Rafael Camacho Guzmán.
El próximo lunes resumiré los términos en que el predictamen establece la necesidad de una reforma que, sin lesionar intereses particulares, auspicie a otros propiciando la convivencia de la explotación comercial de los medios, adecuadamente regulada, con los que no persiguen esos fines, desde la sociedad o desde el Estado. Los senadores, especialmente los líderes de las bancadas seguramente tienen conciencia del riesgo político que implica la reforma en el sentido apuntado. Sepan que también lo hay si se mantienen en el inmovilismo.
