Con grave irresponsabilidad, el gobernador Sergio Estrada Cajigal denunció que se había encontrado en las inmediaciones de Tlalnepantla, Morelos un campo de entrenamiento guerrillero y un cierto número de armas. Un comandante de policía que el miércoles pasado recuperó la casa de Gobierno municipal, Valentín Barrera Medina, negó lo dicho por Estrada Cajigal. Y el mismísimo secretario de Seguridad Pública del estado, Sebastián Yzunsa Gutiérrez, insistió en el desmentido a su jefe.
Con aquel nuevo rasgo de la frivolidad que lo caracteriza, el Gobernador morelense quiso probablemente eludir la responsabilidad de su Gobierno en la represión a pobladores de Tlalnepantla que se habían apoderado hace varias semanas de ese local público. En la gresca producida por la intervención de la policía estatal murió Gregorio Sánchez Mercado, al que hirió de muerte una bala cuyo origen no se estableció de inmediato, pero que Estrada Cajigal atribuye a los pobladores mismos pues no corresponde, dijo, a los calibres del armamento utilizado por la seguridad pública.
Después de la violencia del miércoles —que dejó también varias personas heridas— se ha establecido el pasmo en esa comunidad rural, sacudida desde mediados del año pasado por desavenencias políticas suscitadas por el choque entre usos y costumbres que fueron acatados durante largo tiempo y la formalidad electoral que reserva a los partidos la presentación de candidaturas.
Tlalnepantla es una comunidad rural dedicada sobre todo a la producción de nopal, que se realiza a través de varios modos de tenencia de la tierra y mecanismos de comercialización. Miembro de una de las cooperativas dedicadas al nopal, el licenciado Álvaro Urreta —eficaz servidor público en Gobiernos estatales y el federal, en materia agropecuaria y de desarrollo social— afincado en Tlalnepantla hace treinta años, me ha informado que los 1,200 productores de ese municipio cultivan 2,600 hectáreas, de donde obtienen 148 mil toneladas anuales de nopal, que se exportan en parte a Estados Unidos y en parte a la ciudad de México cuyo mercado es cubierto casi en su totalidad por esta producción y la de Milpa Alta. El producto es apreciado por su inocuidad, pues los nopaleros de Tlalnepantla rehúsan utilizar pesticidas.
La comunidad ha solido elegir a sus autoridades municipales mediante una asamblea en que se vota a mano alzada y se nombra a uno de los vecinos. El uso difiere obviamente del mecanismo establecido en la ley electoral, que requiere candidaturas partidarias y la celebración de comicios con urnas y voto secreto. Los extremos se conciliaron durante décadas, como en otros muchos lugares del país, con la formalización de la designación popular directa a través de la candidatura del PRI, partido único en municipios como el de Tlalnepantla. Pero el establecimiento de la pluralidad partidaria, especialmente visible en Morelos introdujo elementos que no fueron advertidos oportunamente por el Gobierno estatal, la legislatura, los partidos ni por la comunidad misma.
Ajenos a la formalidad, 1,300 miembros de la comunidad tlalnepantleca eligieron alcalde al profesor Conrado Pacheco. Esperaron que el nombramiento fuera formalizado, como se había hecho siempre. Pero los partidos pasaron por alto el acto comunitario y, en el proceso que culminó el seis de julio pasado, presentaron sus propios candidatos. Acudió a las urnas menos gente de la que había votado ya por Pacheco. Elías Osorio, del PRI, obtuvo 405 votos, apenas tres más que el candidato panista y un centenar por arriba del aspirante del Partido Verde. Juntos todos los votos apenas sobrepasaron el millar.
La mayoría tradicional solicitó la anulación de los comicios y la aceptación de su voluntad, en la persona de Pacheco. Cuando se corrieron los trámites del proceso electoral formal sin atender ese pedido, los pobladores realizaron un plebiscito que mostrara de nuevo su voluntad. Y Pacheco fue elegido otra vez, ahora con la presencia de 1,400 personas. Quedaron así elegidos dos alcaldes, uno bendecido por la ley y el otro por la población. Ésta se movilizó, bloqueó a fines de noviembre una carretera —acción directa empleada a menudo por movimientos de protesta—, la policía los desalojó y detuvo a más de cincuenta personas. El episodio empeoró las cosas. Los protestantes resolvieron impedir a Osorio el acceso a la sede del Gobierno municipal, e insistir en el reconocimiento de Pacheco y la conclusión de los procesos de sus compañeros detenidos en noviembre. Varios intentos de diálogo para acercar las posiciones fueron infructuosos. Y el domingo 11 de enero la asamblea resolvió establecer un consejo municipal autónomo en la casa de Gobierno, resguardado por decenas de voluntarios.
Ante esa medida, el Alcalde elegido en las urnas solicitó al Gobierno estatal el auxilio de la fuerza pública para desalojar el inmueble. A primeras horas del miércoles se realizó la operación policíaca para ese efecto y en medio de una gran confusión se produjeron la muerte de una persona y las lesiones a varias más. Osorio está ya en posesión de la oficina que legalmente debe ocupar. Pero es difícil que pueda ejercer su responsabilidad, distante como se ha mostrado que está, de la voluntad de la mayoría, distancia que sin duda creció tras su apelación a la fuerza.
Si la legislatura local es sensible a esa circunstancia, tal vez remueva legalmente al ayuntamiento elegido por 400 personas y nombre un consejo provisional.
