Duró poco en el cargo, apenas cinco meses —de comienzos de febrero al inicio de agosto—, pero lo suficiente para hacerse notar de varios modos irregulares. El licenciado Juan Soriano Rosas, abogado general de Pemex —por lo menos el tercero en la presente administración— hasta hace quince días, es socio-director del despacho Desarrollos Jurídicos Integrados (DJI), que prestaba servicios a una filial de la empresa petrolera nacional, y siguió haciéndolo cuando él asumió aquella responsabilidad.
Su última tarea antes de ser removido consistió en depositar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el convenio, en cuya negociación participó como representante de Pemex, que obliga a ese organismo paraestatal a entregar al sindicato cerca de ocho mil millones de pesos, por diversas prestaciones durante los próximos dos años. El monto mayor de lo pactado, 4,200 millones de pesos, servirá presuntamente para adquirir terrenos en donde se levanten viviendas para trabajadores petroleros, pero se destinan también 220 millones de pesos para los gastos en que incurre el sindicato durante la negociación de su contrato colectivo, y alrededor de 140 millones de pesos ¡para la celebración del 18 de marzo y el 1o. de mayo!.
También se incluyen más de dos mil millones de pesos para “servicios médicos”, que quién sabe cuáles sean, toda vez que la administración de Pemex sufraga con su propio presupuesto el funcionamiento de los hospitales de la empresa, como el que con magníficos servicios opera en el sur de la ciudad de México, en las faldas del Ajusco.
Aunque el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, quiso atenuar el efecto de la información proporcionada por Reforma el 11 de agosto, diciendo que el pacto no tiene vida hasta que se detalle su funcionamiento —aunque su depósito ante la autoridad laboral le da plena fuerza—, ese convenio es una nueva muestra de la manga ancha con que maneja los fondos de esa paraestatal su director, tan exigente en demandar un tratamiento fiscal que deje más recursos al organismo petrolero nacional. Si fueran para ofrecerlos o compartirlos con el comité sindical, habría que negarlos, teniendo en cuenta la amarga experiencia de entregar dinero a ese barril sin fondo que es la dirección del sindicato petrolero.
Con los recursos del convenio firmado el 26 de julio el sindicato aliviará el problema de no recibir completas las cuotas que la empresa retiene en su nombre. Cada mes se le descuentan casi 16 millones de pesos (15.833,333.33 es la cifra exacta) de la suma que normalmente le es entregada por ese concepto. De ese modo está presumiblemente resarciendo a Pemex la cantidad de 1,580 millones de pesos (más intereses) que terminará de cubrir el 1o. de mayo de 2016.
Después de negar sistemáticamente que aquella cantidad hubiera sido sustraída ilegalmente, los jefes del sindicato admitieron que indebidamente la recibieron. Y, para obtener el perdón judicial (o una variante del mismo) restituirán lo recibido en un solo año, en cómodas mensualidades durante 14 años. “Declaración de reconocimiento de adeudo por pago de lo indebido que hace el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana a favor de Petróleos Mexicanos; y pago del mismo” se titula el documento fraguado por un antecesor del depuesto abogado general Soriano.
Éste último, por cierto, se fue de vacaciones tras su despido en la paraestatal o prefirió ocultarse de la curiosidad pública después del nuevo manjar servido al sindicato cuyo tesorero goza de ese peculiar rigor legal en que insiste el Presidente Fox y que para el senador Ricardo Aldana significa no ser desaforado, no obstante que la petición para hacerlo se presentó dos años antes que la dirigida contra Andrés Manuel López Obrador).
Esa declaración busca exonerar a los dirigentes petroleros Carlos Antonio Romero Deschamps, Jesús Olvera Méndez, Manuel Limón Hernández, Fernando Pacheco Martínez, Pablo Pavón Vinales, Leocadio Mendoza Olivares, Ramón Hernández Toledo y al propio Aldana, quienes afirman de sí mismos (y en nombre de “cualquier otro trabajador petrolero”) no haber “cometido delito alguno y por eso se niegan todos los que se les imputan”.
Declaran, en cambio, que apenas se han enterado de que “ex servidores públicos de Pemex incumplieron con la normatividad que les obligaba al suscribir los convenios” que después se mencionan. E igualmente, dicen los candorosos dirigentes, hoy “sabemos que las cantidades erogadas fueron un pago indebido; así el sindicato, mediante sus representantes solicitó y recibió todos los dineros, sin el conocimiento ni consecuente consentimiento previo de aquel hecho”.
El ocho de mayo de 2000, el sindicato recibió de Pemex 350 millones de pesos; el cinco de junio, 640 millones; el 11 de septiembre, mil cien millones, de los que se dice fueron descontados los 640 millones de la entrega anterior, con lo que en ese momento el total quedó en 800 millones, a los que se agregó el importe de varios convenios presumiblemente no cubiertos con anterioridad, por un total de poco más de 130 millones.
En los hechos no se efectuó aquel descuento de 640 millones, por lo que “el sindicato reconoce el adeudo por la cantidad de $1,580.354,414.00 (mil quinientos ochenta millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 MN) más sus adeudos financieros, conforme a la tabla anexa, la cual forma parte integrante de la presente declaración”. O sea: robe ahora, pague después.
