Sacudido por su propio caso y el que se construye en torno de su colaborador Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno de la ciudad de México dijo el viernes que ni en las peores épocas del PRI se cometían excesos tan vergonzosos como los que perpetra ahora la Procuraduría General de la República, a la que se usa políticamente como ariete contra opositores al partido en el poder.
Sin menoscabo de la gravedad que hoy reviste la utilización indebida del ministerio público, no puede asegurarse que el sistema autoritario priista evitara que la PGR sirviera como ilegal instrumento de represión política.
No tuvo necesidad el régimen del partido dominante casi único de servirse de la procuración de justicia como instrumento represivo de modo constante, porque contaba con una variedad de mecanismos para hacerlo.
Más a menudo acudía a la acción directa o a la represión policiaca. Confiaba más en las macanas y en las balas que en los expedientes ministeriales y los procesos judiciales, a pesar de que tenía la certidumbre de contar con juicios y sentencias a la medida. Pero a lo largo de los años del sistema autoritario no fueron excepcionales las ocasiones en que se usó a la PGR para reprimir opositores.
Cuando estaba por decidirse la sucesión del general Manuel Ávila Camacho, por instancias del secretario de Gobernación Miguel Alemán el presidente accedió a que la Procuraduría General de la República iniciara el proceso de desafuero contra tres diputados federales de su propio partido, el de la Revolución Mexicana. Pedro Téllez Vargas, Sacramento Joffre y, principalmente, Carlos Madrazo, eran partidarios del jefe del Departamento Central, Javier Rojo Gómez, en la contienda interna por la candidatura del PRM y su desafuero, proceso y prisión sirvieron para allanar obstáculos a la postulación de Alemán.
Cuando éste asumió el Ejecutivo, se propuso afianzar el poderío presidencial en varios terrenos. Uno de ellos fue el sindical, donde se reprimieron todos los intentos de autonomía de las agrupaciones obreras.
Los dirigentes petroleros o ferrocarrileros o mineros que pretendieron movilizarse en defensa de los derechos de sus representados no sólo sufrieron suerte adversa en el ámbito laboral mismo, sino que fueron perseguidos penalmente, a través de la PGR, como poderoso factor de disuasión. Luis Gómez Z. se convirtió en ejemplo de la eficacia de ese procedimiento. Luego de ser acusado por la Procuraduría, prefirió avenirse con el Gobierno alemanista y tras fundar la CROC, para servir de contrapeso a la CTM, desarrolló una carrera sindical conveniente a los intereses gubernamentales hasta concluir su trayecto público como gerente de los Ferrocarriles en que había sido líder obrero auténtico. En la política represiva del presidente López Mateos la PGR a cargo de Fernando López Arias tuvo un elemento indispensable. Aunque el procurador fue enviado en 1962 a gobernar a Veracruz, en los cuatro años en que ejerció su oficio al frente del ministerio público, usó políticamente su oficina. De esa manera organizó acusaciones penales contra dirigentes sindicales como Demetrio Vallejo y Valentín Campa y contra disidentes políticos como Filomeno Mata y David Alfaro Siqueiros.
Fue todavía más claro y feroz el uso político de la PGR en los procesos de 68. Las víctimas de la represión policiaca y militar en ese año fueron, por añadidura, sometidos a juicio. El presidente Díaz Ordaz había designado procurador general de la república a Antonio Rocha, un político de talante conservador pero observante de una notable pulcritud política. Es difícil que se hubiera avenido a acatar las instrucciones de Díaz Ordaz para castigar al margen de la Ley o francamente contra ella a los participantes en la movilización del verano y el otoño de aquel año aciago.
Para su fortuna, el calendario político lo favoreció y en 1967 fue enviado al Gobierno de San Luis Potosí, donde alivió las tensiones políticas que había provocado el ascenso de su antecesor Manuel López Dávila.
Pero eso no eximió a la PGR del papel de organizar procesos sin base, para fabricar culpables y atribuir responsabilidades penales a quienes ni siquiera estuvieron presentes en el lugar de los hechos imputados.
Es probable que nunca en la historia se haya pasado con tal insolencia sobre los ordenamientos legales como en ese momento, a través de la PGR. En un kafkiano enrevesamiento de la formalidad jurídica, cientos de personas, en vez de ver a sus captores y victimarios sometidos a juicio y prisión, los sufrieron durante varios años.
Durante el sexenio de Echeverría, el uso político de la PGR adquirió una nueva modalidad, el de servir de parapeto a la represión abiertamente ejercida por mecanismos estatales. El presidente ofreció que la matanza del Diez de Junio de 1971 sería objeto de una investigación para castigar a los responsables de perpetrarla. Pero como cumplir su palabra hubiera sido suicida, la PGR bajo Julio Sánchez Vargas y Pedro Ojeda Paullada se abstuvo de realizar la averiguación obligada y prometida. No sólo había omisiones en esa época y no sólo mediante procesos amañados se hacía sentir la acción política de la PGR.
Miembros de la Policía Judicial Federal participaron en la Brigada Blanca o por su cuenta, arrestando a militantes de la oposición a los que dejaban libres después, no sin antes apalearlos o someterlos a tormento.
No por nada se compuso entonces el triste juego de palabras que denominó a esa dependencia Torturaduría General de la República.
