De 52 actas que ha levantado la Coordinación de Inspección Municipal, sólo 12 se han enviado al Ministerio Público para la correspondiente integración de la averiguación previa. Aunque es a través de esta dependencia municipal por la que se comienza la investigación, ésta no garantiza que haya alguna penalización para los presuntos responsables de venta ilícita de bebidas con contenido alcohólico.
Hace algunos días Ernesto Aguilar García, subsecretario jurídico del Ayuntamiento, explicó que había unos ocho asuntos ante el Ministerio Público que se han derivado del cierre de ventanas clandestinas, en las que en todas se han levantado actas administrativas.
Rubén Cárdenas Vázquez, coordinador de Inspección Municipal, indicó por su parte que se han cerrado 52 ventanas clandestinas, de las que se están entregando las respectivas actas ante el Juzgado Administrativo para el procedimiento correspondiente. La idea es coadyuvar con el Ministerio Público en cada uno de estos asuntos, para que no vuelvan a abrir.
Sergio Sánchez Carrasco, juez administrativo municipal, manifestó que actualmente sólo se han enviado 12 expedientes administrativos al Ministerio Público, para que esta autoridad realice las investigaciones correspondientes y pueda integrar la averiguación previa.
También agregó que dentro de la integración de los expedientes se espera el envío del producto decomisado para entregarlo también ante la fiscalía.
La razón por la que no se han entregado más expedientes ante la Dirección de Averiguaciones Previas es porque la Coordinación de Inspección Municipal tiene 15 días, según lo marca la normativa, para entregar las actas levantadas ante el juez administrativo.
La segunda es porque posteriormente en el Juzgado Administrativo se recurre a otro periodo de tiempo para que la autoridad pueda determinar la sanción.
Sergio Sánchez comentó que la multa que se impone a una persona que ha contravenido las disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Durango varía entre los 80 y los 800 salarios mínimos, situación que se valora según la gravedad de la falta.
El entrevistado comentó que una vez que el expediente se pone a disposición del Ministerio Público es responsabilidad de la autoridad estatal establecer los procedimientos penales correspondientes, en la que el juez administrativo ya no tiene nada qué ver.
El Código Penal del Estado de Durango establece de uno a cuatro años de prisión y trescientos días de multa a quien venda bebidas de contenido alcohólico a menores de 18 años de edad, también a quienes vendan el producto y opere sin haber obtenido la licencia correspondiente a la que se refiere la Ley para Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango y también a quienes vendan estos productos fuera de los horarios que marca la legislación correspondiente.
Dentro de este documento se establece que también cometen el delito de venta indebida de bebidas de contenido alcohólico los servidores públicos que favorezcan, alienten o distribuyan estos productos, así como quienes realicen estas actividades en forma reiterada.
