AGENCIAS
Bagdad, Irak.- El primer ministro iraquí Iyad Allawi gozará de prerrogativas excepcionales que le permitirán imponer el toque de queda, emitir órdenes de arresto, disolver asociaciones, restringir desplazamientos y solicitar escuchas telefónicas, según un decreto difundido ayer.
El Gobierno iraquí anunció finalmente ayer la Ley de Seguridad Nacional, con la que espera poder combatir más eficazmente el terrorismo. Se trata de un instrumento legal que permite al Primer Ministro declarar el estado de excepción en las zonas en las que la violencia política ponga en peligro la autoridad del Estado. Consciente de la sensibilidad de los iraquíes al respecto, el primer ministro iraquí, Ayad Allawi, pidió a sus ministros de Justicia y Derechos Humanos que presentaran conjuntamente la Ley.
“Vamos a vigilar muy de cerca su aplicación para asegurarnos que respeta los derechos humanos y las libertades públicas”, aseguró el ministro de Derechos Humanos, Baktiar Amín. La medida preocupa a los observadores. “Las vidas de los iraquíes están en peligro; las ponen en peligro las fuerzas del mal, las bandas de terroristas”, justificó Amín, durante su comparecencia ante la prensa. En su opinión, la Ley resulta necesaria para combatir a los insurgentes que están “impidiendo que los funcionarios acudan a sus trabajos, que los trabajadores extranjeros vengan a ayudar a reconstruir Irak y en general, intentando hacer descarrilar el proceso democrático y la convocatoria de elecciones generales”.
“Somos conscientes de que esta Ley puede restringir algunas libertades, por eso hemos incluido una serie de garantías que preserven los derechos de la gente”, admitió por su parte el responsable de Justicia, Malik Dohan al Hasan. “Hemos tratado de salvaguardar la justicia y también los derechos humanos”, subrayó antes de mostrar una lista con “29 nombres de combatientes extranjeros que han llevado a cabo ataques terroristas en Irak”. Al Hasan, que la utilizó como prueba de la necesidad de la Ley, no facilitó sus identidades aunque dijo que “lamentablemente son todos árabes”. Una lectura atenta de la Ley permite destacar las siguientes garantías:
El Gobierno tiene que explicar las razones para declarar el estado de excepción y especificar la zona donde va aplicarse, así como hacer público su inicio y su duración.
El período máximo por el que se puede decretar el estado de excepción es de 60 días, o antes si desaparece la causa que lo motiva. Su declaración debe revisarse a los 30 días. El Gobierno puede imponer toques de queda en las zonas golpeadas por la violencia, pero sólo en áreas limitadas.
Tanto las detenciones como las intervenciones de bienes deberán presentarse ante el juez en el plazo máximo de 24 horas.
En el caso del Kurdistán iraquí, las medidas extraordinarias sólo podrán ser aplicadas en coordinación con el Gobierno local.
