Una de las solicitudes será que se permitan inspecciones regulares a todos los lugares de detención en Irak.
04 de junio 2004.
Ginebra, Suiza (EFE).- La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abogó hoy por la designación de un "ombudsman" internacional en Irak mientras dure la presencia de tropas extranjeras y pidió a las autoridades de la Coalición que permitan visitas regulares a los centros de detención de ese país.
En su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Irak, señala que las fuerzas de la Coalición "no cumplieron con su responsabilidad de proteger" a la población civil, pese a que así lo manda el derecho internacional.
Asimismo, denuncia que hubo soldados de las fuerzas ocupantes en Irak que cometieron "algunas violaciones de los derechos humanos".
Poco antes de la publicación del informe, un portavoz del Alto Comisionado negó que la primera versión del mismo hubiera sido suavizada por presiones de los Gobiernos de Washington y Londres.
"Evidentemente hay que tener en cuenta lo que dicen Estados Unidos y el Reino Unido, pero eso no significa que lo hayamos cambiado (el documento)", dijo el portavoz José Díaz.
Preparado en un mes por un equipo de expertos de la Alta Comisaria, el documento afirma que "nadie puede imputar a los gobiernos de la Coalición intención alguna de violar los derechos humanos de los iraquíes comunes y corrientes", pero que "deben reconocerse los graves problemas" que hubo en ese sentido.
Más allá de las torturas, malos tratos y humillaciones a los detenidos en la prisión de Abu Ghraib puestos al descubierto, se denuncia que gran parte de las personas fueron encarceladas "sin que se sepa cuántas eran, por qué razones, dónde estaban detenidas, en qué condiciones ni cómo eran tratadas".
Entre las recomendaciones que se plantean está la creación de "sistemas preventivos y de protección de los derechos humanos" para evitar que las "graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario" ocurridos en el país árabe "vuelvan a repetirse".
Así, se pide a la autoridades de la Coalición -liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña- que permitan inspecciones regulares a todos los lugares de detención en Irak y nombren un "ombudsman" o comisionado que vele por el respeto de los derechos humanos en ese país y presente informes periódicos sobre su labor.
El informe solicita igualmente al Gobierno interino de Irak el establecimiento tanto de una Comisión Nacional de Derechos Humanos encargada de promover el respeto de los derechos fundamentales de la población, como de una Comisión de la Verdad y de una tercera que formule un programa de indemnizaciones.
El informe, que empezó a elaborarse tras conocerse las sevicias perpetradas en la cárcel de Abu Ghraib, insta a los países de la Coalición a "llevar ante la justicia a aquellos miembros de sus fuerzas militares responsables de graves violaciones de los derechos humanos".
En ese sentido, les solicita que "informen al secretario general de la ONU sobre los procesos iniciados y los resultados de los juicios" entablados contra los presuntos responsables.
Los autores del documento recogieron información tanto de los países de la Coalición, organizaciones no gubernamentales y agencias humanitarias, como de testigos iraquíes a los que entrevistaron en Jordania, pues, a causa de la inseguridad no visitaron Irak.
"Todos esos testigos dijeron que las detenciones arbitrarias han sido un fenómeno continuo desde abril de 2003" y que los arrestos se realizaban "sin que mediara mandato alguno".
En algunos casos, contaron también que los soldados se apropiaron en sus incursiones a viviendas de dinero y joyas que nunca devolvieron y que en otros casos humillaron a la población, sacando a las mujeres de sus casas en camisón de noche o arrojando con desprecio el Corán o rompiendo sus páginas.
Estados Unidos argumentó en su descargo que todos los prisioneros iraquíes fueron tratados según las Convenciones de Ginebra y que los soldados norteamericanos acusados de abusar de los presos en Abu Ghraib están siendo sometidos a juicios de tribunales militares y que "responderán ante la ley de EU".
