EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- La Subprocuraduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), podría iniciar averiguación previa a algunos de los agentes ministeriales dados de baja, por el delito de cohecho, informó Jaime Martínez Cepeda.
Entrevistado por El Siglo de Torreón durante su estancia en la Delegación Laguna I, el director de la Contraloría Interna de la PGJE, dijo que lo anterior es competencia de otra área dentro de la dependencia, luego que concluyeran los procedimientos administrativos correspondientes.
En todo caso es Alfonso García Salinas, titular de la Subprocuraduría Ministerial, quien determinará si procede o no abrir averiguación previa penal contra los elementos que se vieron involucrados en el presunto caso de “narcosoborno” de la colonia La Fe, que ya costó la baja de ocho ministeriales, mientras que en Seguridad Pública fueron 11 preventivos.
Al respecto manifestó que sería en los próximos días cuando el citado funcionario estatal daría a conocer si efectivamente iniciaría una averiguación o no, “esto ya no está en mí decirlo”, subrayó.
Declaración
Referente a los últimos cuatro efectivos de la Policía Ministerial a los que se les abrió procedimiento administrativo y por lo cual se encuentran actualmente suspendidos, ayer mismo rindieron sus declaraciones acompañados de su abogado defensor.
De igual modo, agregó, el jueves pasado hizo lo propio Ricardo Carrillo Lucero, comandante de la citada corporación, a quien se investiga sobre el supuesto uso ilícito de recursos humanos y materiales de la Procuraduría en la construcción de una quinta de su propiedad ubicada en el ejido El Dólar, municipio de Matamoros, Coahuila.
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Que intervenga el procurador
Para manifestar que durante el procedimiento administrativo al que se les tuvo sujetos no se tomaron en cuenta las pruebas que presentaron a su favor, Anastasio Guerrero Rodríguez acudió a El Siglo de Torreón, donde presentó documentos oficiales que le sirven de descargo.
Afirmó que el comandante, Ricardo Carrillo Lucero, así como su jefe de grupo, Emilio García Félix y el ministerio público de Vehículos Recuperados, Joel Vázquez Barrios, tenían conocimiento que en la investigación que realizaba con su compañero César de la Cruz Pizaña, acudieron a la colonia La Fe donde una persona les proporcionó datos para la ubicación de varias unidades automotrices.
Pese a que en su momento mostró tanto el oficio de investigación como el parte rendido a sus superiores, el titular de la Contraloría Interna, Jaime Martínez Cepeda, no los tomó en cuenta y en forma tajante determino el cese para ambos, dijo.
“Sin ninguna justificación, no aceptaron como prueba a favor de mi compañero y yo, los documentos que mostré, por lo que es necesaria la intervención del procurador, para que salga a la luz la verdad en este caso”, aseguró Anastasio Guerrero.
