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Podrían inculpar a más servidores en caso Tláhuac

Cuestiona Bátiz que el Gobierno Federal utiliza instituciones de investigación, como la Procuraduría General de la República (PGR), con fines políticos.

MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- "¿Quién sigue?", es la pregunta que hizo el procurador Bernardo Bátiz Vázquez al Gobierno Federal, al darse a conocer los nombres de más servidores públicos capitalinos inculpados en el caso Tláhuac.

Este 2004, según un balance realizado por Bátiz Vázquez, termina con la amenaza latente para cualquiera de los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal de que les puede llegar una averiguación previa abierta en su contra.

"Nos tienen a todos con esa amenaza", dijo al ser entrevistado en la escalinata del antiguo edificio del Ayuntamiento, al término de la reunión de Gabinete de Seguridad Pública.

En ese sentido, dijo que el Gobierno Federal utiliza instituciones de investigación, como la Procuraduría General de la República (PGR), con fines políticos.

"Buscan, le rascan para encontrar culpabilidad en quienes no la tienen", dijo.

Una vez más, explicó que deben ser considerada la psicología de masas, que indica que si la policía hubiera entrado violentamente, se hubieran causado más daños.

Es por ello que consideró que Marcelo Ebrard, ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, no tuvo que ser indiciado y responsabilizado por el homicidio de los dos policías federales linchados. "Llegar al extremo de ponerlo (a Ebrard) entre los indiciados, fue demasiado", aseguró.

Al respecto, el procurador capitalino dijo que su cargo lo embiste de un fuero que lo protegería en caso de que también se le quiera inculpar. "No tengo temor, porque como procurador tengo fuero, tendrían que desaforarme primero, pero me preocupa quién siga".

El utilizar a la PGR para una lucha política, es inadmisible, recalcó.

Por otra parte, informó que a más tardar mañana, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) enviará al Tribunal Superior de Justicia la averiguación previa abierta en contra de el ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

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