EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Ricardo Carrillo Lucero, supervisor de la Policía Ministerial de San Pedro de las Colonias, Coahuila, podría quedar fuera de la corporación en caso que se le encuentre alguna responsabilidad en el presunto caso de extorsión del que fuera objeto el conductor de un trailer que cuatro agentes detuvieran el pasado siete de abril en la carretera Torreón-San Pedro, dijo el titular de la Delegación Laguna II, José Luis Cuéllar Robledo.
Lo anterior, luego que se recaben datos suficientes con los que se pueda dar vista a la Dirección General de Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Jaime Martínez Cepeda, aseguró.
Primero, explicó el funcionario, se realizará una investigación interna para saber sobre los hechos que se dieron a conocer en la edición de ayer de El Siglo de Torreón, donde se señaló que cuatro agentes ministeriales exigieron dinero al chofer de un trailer cargado con pacas de ropa, a fin de dejarlo seguir su camino.
La información mencionaba que Ricardo Carrillo Lucero, quien recientemente fuera reubicado en San Pedro, luego de estar como comandante en Torreón, durante el tiempo que se descubrió la red de corrupción al interior de dicha corporación y que protegía a los ?puchadores? a las órdenes de ?El Danny? en la colonia La Fe, se quedó con parte de los 120 mil pesos, producto de la extorsión realizada.
Tan pronto se cuente con los datos necesarios al respecto, en cuanto a los turnos y horarios que se manejaron durante la fecha citada que corresponde a la pasada Semana Santa, se podrá determinar si existe o no alguna irregularidad y entonces se le dará vista a Contraloría para que tome cartas en el asunto, afirmó Cuéllar Robledo.
De igual forma dijo que ?no se solapará ni protegerá a nadie, por lo que si Carrillo Lucero tiene responsabilidad, una vez concluido el posible procedimiento administrativo, podría quedar fuera de la corporación de manera definitiva?.
Lo que dijo
Jaime Martínez Cepeda, responsable de la Dirección General de Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en su momento dijo que ?cualquier señalamiento que se haga a través de los medios de comunicación contra un servidor público, será investigado de inmediato?.
De lo anterior sin embargo, no estaba enterado José Luis Cuéllar Robledo, delegado de la PGJE en San Pedro de las Colonias, Coahuila, pues aseguró que él seguía el procedimiento rutinario para este tipo de situaciones.
El contralor de la PGJE, entrevistado por El Siglo de Torreón, durante una de sus anteriores visitas en las que notifico de su baja a 12 agentes ministeriales por su presunta relación con el ?narcomenudeo? de esta ciudad, afirmó que no se requería una denuncia formal para abrir un procedimiento administrativo a cualquier servidor público al que se le involucre con alguna irregularidad.
