Anteayer se saludaron en la ciudad de México el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y el presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Juan Ignacio García Zalvidea. Aunque aquél rehúsa reconocer que éste es el alcalde (para la Suprema Corte lo es sin lugar a dudas), se reunieron para favorecer un mecanismo, no precisado todavía, que permita al Gobierno municipal enfrentar compromisos inaplazables, como el pago de salarios a la policía.
El encuentro entre el gobernador y el alcalde, enfrentados gravemente al punto de que Hendricks hizo encarcelar a García y tuvo que ponerlo en libertad ante una fulminante orden de la Corte, ocurrió poco después que el tribunal constitucional declaró infundados sendos recursos de reclamación presentados por el Poder Legislativo de Quintana Roo y su Auditoría Superior en torno a una controversia constitucional iniciada por el ayuntamiento de Cancún ante el juicio político a que se buscaba someter al alcalde.
Se trata sólo de resoluciones procesales que no conciernen al fondo del asunto y ni siquiera a su porción hoy más grave y evidente que fue la destitución del presidente municipal y la integración de un concejo ciudadano (encabezado por una diputada). La Corte dio a las autoridades responsables quince días hábiles (que terminan la próxima semana) para explicar porqué no acatan decisiones del propio tribunal, de que se desprende la desaparición del concejo con que se pretendió reemplazar a García Zalvidea. Judicialmente es mejor la posición de éste que la de Hendricks y el resto de los antagonistas activos del alcalde. Por eso el gobernador tuvo que dar su brazo a torcer y reconoció en los hechos, aunque explícitamente lo negara, la autoridad del funcionario al que quiso deponer.
La querella quintanarroense ha despertado inquinas y enconos. Es normal que suceda así en un tema poliédrico, que se simplifica para fines de exposición de sus principales rasgos, pero que no es una contienda de buenos y malos. Se acusa a García Zalvidea de haber protagonizado una gestión dispendiosa y hasta fraudulenta, por lo que escandaliza el que se promueva su defensa, actitud que se atribuye a mero desconocimiento de la circunstancia real.
Pero en ese punto se llega a exageraciones como la contenida en una carta dirigida a la ministra Olga Sánchez Cordero por una abogada que dice tres despropósitos: informa, primero que ella y un grupo de cancunenses se dirigieron en queja contra el alcalde al presidente Fox, que en este caso hubiera podido decir, ahora con razón, ¿y yo por qué?, pues desde ningún punto de vista le conciernen las inconformidades expresadas por la firmante.
En segundo lugar, la firmante sostiene que ella y sus conciudadanos dejaron de reconocer como su representante a García Zalvidea, lo que es una respetable posición ética pero carece de efectos prácticos, pues el alcalde fue elegido conforme a la Ley. Lo peor es la causa de tal desconocimiento: refiere la abogada “que se rumoran muchas cosas del señor Zalvidea”, duda “mucho que alguien pueda comprobar todo lo que se rumora... pero por el simple rumor de tantas irregularidades, el señor no merece que lo reconozcamos como nuestra autoridad”.
Se le asemeja el recado del maestro Tulio Arroyo Marroquín, un activista civil hidalguense radicado en aquella costa caribeña, que nos dice, como presidente de una asociación civil denominada Ombligo Verde: “El mensaje mediático electrónico del malo contra el bueno, donde se supone que el bueno es el presidente municipal de Cancún, parece destinado al consumo nacional. La ciudadanía cancunense (ajena al poder) sobre todo aquella que está harta de ser robada con total impunidad, quiere respuesta del uso y destino del presupuesto municipal de Cancún, ante las evidentes megacorrupciones e ilegalidades del presidente municipal. Desde luego que también queremos saber lo mismo del presupuesto estatal y nacional. Pero no queremos esperar hasta después de la transparencia nacional y estatal a que rinda cuentas el Gobierno municipal, que el buen juez por su casa empieza. “Nosotros, en cuanto cancunenses afectados por la corrupción del presidente municipal bueno, llevamos dos años y cuarto luchando contra el mayor depredador ambiental que haya tenido el municipio de Benito Juárez, precisamente el ecologista Juan García, mejor conocido como El Chacho. Nosotros, por ejemplo, después de dos años y cuatro meses de litigio le hemos ganado tres amparos y estamos con el cuarto (juicio de amparo 1123/2004, juzgado tercero de distrito) porque el susodicho evade cumplir una sentencia federal en contra de una licencia de construcción anómala para una catedral sobre el Ombligo Verde (un pulmón en el centro geográfico de Cancún), en violación a la Ley. Los beneficiarios y aliados de este abuso son los Legionarios de Cristo, también famosos por su bondad. El tráfico con terrenos de propiedad municipal y con usos de suelo ha sido una marca distintiva de la forma de hacer Gobierno de Juan García Zalvidea”.
Los once regidores que renunciaron en el acto de que se valió la Diputación Permanente de Quintana Roo para designar un concejo municipal formularon señalamientos y acusaciones semejantes, que también han proliferado desde otras fuentes. Lo malo es que para corregirlas se escogieron caminos errados, contrarios a la Ley que se dice infringida por el alcalde. Eso es lo que, en este lugar al menos, nos conduce a mantener como válida su posición.
