“Con el fuero y sin el fuero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la Ley.”
Versión de “El Rey” cantada a Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Obrador ha decidido asumir una defensa política para lo que es fundamentalmente un problema legal. Y su estrategia está rindiendo frutos... por lo menos en lo político. La marcha de ayer en la ciudad de México en apoyo a su persona es un ejemplo, pero también su recuperación en las encuestas de opinión después de la baja de los meses anteriores generada por el escándalo de los videos de Carlos Ahumada. El problema jurídico, sin embargo, no va a desaparecer simplemente porque López Obrador organice marchas o eleve su popularidad.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, el más fuerte aspirante a la Presidencia en 2006, es ya penalmente responsable de desacato a la orden de un juez, lo cual amerita pena corporal. Y la Constitución señala en su artículo 38 que un ciudadano perderá sus derechos políticos “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión” y “durante la extinción de una pena corporal”.
Andrés Manuel ha tenido un éxito político indudable al responsabilizar al presidente Vicente Fox y al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, del fallo judicial en su contra. Sus declaraciones en los medios informativos y las manifestaciones que ha organizado revelan la convicción de que el problema legal se puede resolver con presiones políticas. Para él, Fox puede ordenarle al Poder Judicial que simplemente olvide una sentencia firme. Y muchos mexicanos están seguros de que los jueces en el país siguen haciendo lo que les ordena el Presidente. Pocos se han percatado de la independencia que ha alcanzado en los últimos años el Poder Judicial federal y de la enorme cantidad de casos en que los tribunales están fallando en contra del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, aun cuando logre convencer al 100 por ciento de los mexicanos que la sentencia por desacato es injusta y que él es víctima de un complot orquestado desde la Presidencia con apoyo de Carlos Salinas de Gortari, López Obrador sufrirá legalmente la suspensión de los derechos ciudadanos que contempla el artículo 38 de la Constitución mientras no encuentre una solución jurídica a su situación. Cualquier partido de oposición podrá impugnar su registro como candidato a la Presidencia en 2006, y el IFE y el Tribunal Electoral no tendrían más opción que negar ese registro. Son pocas en realidad las salidas jurídicas que tiene Andrés Manuel en el caso de desacato. El Jefe de Gobierno perdió ya las dos instancias del juicio de amparo que resultó en la sentencia. La Ley no considera ninguna instancia adicional ante la que pueda recurrir. Quizá la única solución jurídica posible a ese predicamento es la sugerida por esa Secretaría de Gobernación que tanto cuestiona el Jefe de Gobierno de la ciudad México por considerarla cómplice en un complot en su contra.
Gobernación, efectivamente, le ha señalado a los gobernadores del PRD que su partido puede recurrir a una táctica legalista para evitar la inhabilitación de López Obrador. Según los abogados de esa dependencia se podría solicitar la nulidad de la notificación del desacato a López Obrador porque ésta se presentó de manera extemporánea.
En un principio los perredistas rechazaron esta salida, ya que no exoneraría de manera explícita a López Obrador del delito de desacato. Pero el propio Jefe de Gobierno ha señalado que su equipo legal sí la estudiará. Sería paradójico, no obstante, que Santiago Creel hubiese dado la salida legal a la posible inhabilitación política de su potencial rival en las elecciones de 2006. ¿Puede ser ésta la solución jurídica definitiva al problema legal de López Obrador? Es difícil saberlo. Los propios tribunales tendrían que ratificar que hubo esa extemporaneidad en la notificación del desacato y que esta falta es suficiente para anular la sentencia.
Y los criterios de los jueces pueden variar. Lo realmente inquietante, sin embargo, es que hasta ahora López Obrador ha insistido en ver este caso como un tema político y no legal. Y si realmente logra modificar una sentencia firme de los tribunales con marchas y presiones, habremos dado el primer paso para renunciar a un Estado de Derecho y crear un régimen fascista.
Transgénicos
El secretario de Salud, Julio Frenk, rechazó este viernes que se vayan a abrir las puertas de México a los productos transgénicos. Esto es, desafortunadamente, una rendición incondicional ante las presiones de la transnacional Greenpeace. Los transgénicos, después de todo, son la llave para dar a los mexicanos una mejor alimentación a un menor precio.
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