La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por unanimidad obligó al Gobierno presidido por Vicente Fox, a establecer un programa de austeridad y racionalidad del gasto público. Dentro de las medidas generales planteadas por los diputados en esas sesiones maratónicas de los últimos días de diciembre a que nos tienen acostumbrados nuestros “diligentes y ejemplares” legisladores, que para variar dejan todo a lo último, hay algunas que deben ser aplaudidas con entusiasmo, puesto que no es lógico que un país con las limitaciones tan agudas que golpean a la mayoría de su población, le den los lujos, dispendios e ineficiencias que gozan muchos, por el sólo hecho de ser “funcionarios públicos”.
Muchas veces en estas mismas páginas hemos criticado el hecho de que en estas largas décadas de crisis que van desde el sexenio de Luis Echeverría, los mexicanos tuviésemos que ajustarnos a veces más, a veces un poquito menos, nuestro ya de por sí desgastado cinturón, al tiempo que no se constataba ningún tipo de signo de austeridad de parte de la gran mayoría de nuestros gobernantes.
Por ello sean bienvenidas las disposiciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de los distintos Estados que promuevan un gasto corriente, más racional y austero del Gobierno. La pregunta maliciosa sin embargo sería la siguiente: ¿por qué hasta ahora muchos de los que anteriormente disfrutaron de prebendas sin límite a costa del erario público, y que migraron del Ejecutivo al Legislativo por haber perdido las elecciones hace tres años, son los que ante un Gobierno de la por ellos considerada oposición, establecen dichas limitantes?
De otra parte vemos también que existen otras medidas que al establecerse tajantemente, a toda prisa y sin consideraciones específicas respecto de su conveniencia, sino que se proponen como criterio general, bien pudieran acabar acarreando más problemas que los que pretenden resolver. Por ejemplo está el caso de ajustar todas las Secretarías de Estado a tres subsecretarías exclusivamente y a tres direcciones generales adjuntas por unidad o coordinación.
Habrá secretarías que requieran más de tres subsecretarios por la cantidad de áreas administrativas que tienen que cubrir en base a atribuciones que en tiempos pasados se han venido haciendo al modo de organizarse el Poder Ejecutivo. De ahí que no es inteligente que en discusiones legislativas de los últimos días de diciembre y simplemente para hacer valer un criterio de control del Legislativo respecto del Ejecutivo, se altere la funcionalidad propia del sistema encargado de la Administración Pública Federal.
La austeridad del sector público es reclamo nacional. Ahora bien esa austeridad también debiera ser válida para un Poder Legislativo que en los últimos años ha crecido no sólo en protagonismo político y de control respecto de los otros poderes, sino también en personal y recursos económicos sin poder demostrar eficacia, antes al contrario.
Todos los mexicanos y no sólo los diputados y senadores debemos exigir una reducción del gasto público en aquellos rubros que sólo están beneficiando particularmente a funcionarios y partidos políticos o están fomentando nepotismos, compadrazgos y lo que es peor, ineficiencias laborales de maquinarias humanas burocratizadas de infinidad de personas que reciben quincenalmente un dinero producto de las recaudaciones públicas pero que es devengado sin que medie auténtica productividad.
