Recordó que tiene derecho a réplica y mencionó que después de que el Ministerio Público de a conocer sus puntos de vista, él hará lo propio.
07 de junio 2004.
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, informó que el jueves presentará por escrito la respuesta a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados en torno a que recibió la notificación por el proceso de desafuero, que solicitó la Procuraduría General de la República (PGR) por no cumplir una orden judicial.
Explicó que, entre otras cosas, fundamentará el escrito en la información que ha dado a conocer durante el seminario-taller sobre El Encino, para demostrar que es un asunto político y no judicial.
Dijo estar preparado para subir a tribuna y enfrentar el proceso.
Recordó que tiene derecho a réplica y mencionó que después de que el Ministerio Público de a conocer sus puntos de vista, él hará lo propio.
Aseguró que responsabilizarlo por no detener las obras en el predio El Encino, es tanto como asumir que el presidente Vicente Fox, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, son culpables por irregularidades cometidas por otros funcionarios.
Consideró que el Estado es autoritario y castiga la disidencia utilizando las leyes.
Insistió en que no hay pruebas directas que lo acusen y aseguró que es absurdo y ambiguo el reporte de la inspección ocular.
Al reiterar que no hay escrito o informe que demuestre que desobedeció la orden judicial, explicó que al día el gobierno capitalino recibe unas 100 notificaciones por juicio de amparo a su nombre, -el presidente debe recibir unas 500- y si tuviese que revisarlas todas, no podría realizar ninguna función.
López Obrador señaló lo anterior durante la cuarta sesión de seminario-taller sobre la Manipulación de la Ley con Propósitos Políticos, en el caso El Encino, donde tocó el tema de la supuesta violación a la suspensión definitiva del juicio de amparo y la presunta responsabilidad del jefe de gobierno.
