Será este mes cuando la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) terminará el proceso que abrió para identificar cuáles de sus representados participarán en el proyecto de combate a la oferta extrahotelera de habitaciones en los destinos turísticos.
Después del convenio que firmaron Miguel Torruco, presidente del organismo, y el titular del Sistema de Administración tributaria (SAT) José María Zubiría, por lo menos ya existe una mecánica para implementar esta propuesta que promete ampliar la base tributaría.
Según los cálculos de los empresarios, hay unas 100,000 habitaciones en el país que son puestas en renta por sus propietarios, que originalmente adquirieron para su uso personal.
Se trata de casas, villas y departamentos que se han convertido ahora en una fuente de ingresos para ellos y que habitualmente se comercializan a través de Internet.
Los dueños son mexicanos y extranjeros y el problema radica en que no expiden recibos fiscales a quienes los arriendan, por tanto no pagan impuestos pero, además, tampoco tienen que hacer frente a las tarifas empresariales del agua y de la luz, que son superiores a las residenciales.
Además, tampoco asumen los compromisos derivados de la seguridad social con sus empleados pues no pagan cuotas al Seguro Social o al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
El mecanismo acordado para identificar a quienes rentan sus propiedades en los destinos turísticos sin pagar impuestos es relativamente simple, aunque el proceso no está exento de problemas.
Primero, la AMHM invitó a que sus socios decidan voluntariamente si participan o no en identificar a quienes incurren en esta falta.
Se espera que por lo menos en donde el problema es más importante, como Acapulco, Cancún o Los Cabos, haya una respuesta positiva.
Después cada asociado local deberá de contratar a una persona para que haga una búsqueda en Internet, a través de una serie de sitios que ya están identificados, y que impriman los anuncios como evidencia.
Toda esta información se digitalizará y se le entregará al SAT, que procederá a enviar sendas cartas a los inmuebles identificados, exigiéndoles que se pongan al corriente.
Aquellos que lo hagan se verán beneficiados por una amnistía fiscal y sólo tendrán que dar comienzo al pago de sus impuestos.
Quienes decidan no hacerlo o busquen el auxilio de contadores y abogados, podrían ser objeto de auditorías y entrar a un terreno más complejo.
Todo el proceso, obviamente, requerirá de un gran esfuerzo sin pasar por alto las limitaciones de personal que ya tiene el SAT.
Los incentivos son, por un lado, aumentar la base tributaria y por el lado de las asociaciones de hoteles, que los dueños de los inmuebles registrados comiencen a hacer también sus aportaciones del dos por ciento del impuesto al hospedaje.
A su vez, pueden ser captados por las propias asociaciones a cambio de servicios específicos.
Una propuesta que habrá que seguir ya que, sin duda, permitirá ingresar a la formalidad a quienes ya están haciendo de ese esquema, un negocio relevante.
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